A dos años de la 4T, los derechos de los pueblos siguen postergados

En su mensaje por los dos años de gobierno, el presidente López Obrador resaltó un conjunto de avances sociales para las capas más vulnerables de la población, como las y los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y jóvenes de familias de bajos recursos, lo cuales se han venido asegurando incluso durante la pandemia. En buena medida ello se ha asegurado, según el mandatario, con los cuantiosos recursos obtenidos por el combate a la corrupción y la política de austeridad, posibilitando que los programas y apoyos lleguen de forma directa al 70 por ciento de las familias mexicanas, beneficiadas con al menos uno de ellos. Es esta política, aunado al carisma presidencial, el dominio de la agenda pública y su conexión cercana con los sectores populares, la que favorece que su aprobación ronde como promedio el 65 por ciento en la mayoría de las encuestas, a pesar de una crisis sanitaria y económica sin precedente. En los temas vinculados con pueblos indígenas, si bien mencionó de forma explícita solo el Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, varias de las cuestiones expuestas impactan en este ámbito por lo que merece la pena hacer un balance en este primer tramo de su gestión.

Políticas del campo

En primer lugar, destacó los programas de apoyo al campo para pescadores y pequeños agricultores donde se ofrecen precios de garantía, subsidios para fertilizantes, formación a más de un millón de jóvenes aprendices y se vienen sembrando miles de hectáreas de árboles maderables y frutales; a estos se suma la ampliación de servicios financieros y de internet en zonas rurales. Desde luego, estos programas son significativos para apoyar a la pequeña agricultura campesina que proporciona más de la mitad de la canasta básica a las familias mexicanas, y para seguir construyendo una soberanía alimentaria que evite el desabasto en tiempos de crisis.

Aunque es necesario descifrar con dato duro qué impactos ha tenido para comunidades indígenas, si se les ha involucrado en su diseño e implementación, si se han considerado sus propias formas de vida y desarrollo como, por ejemplo, para el fomento de la milpa, el cultivo del maíz o la apicultura que se desarrollan en diversas regiones indígenas. Por otra parte, no se aprecian aún barreras fuertes en contra de la deforestación y la agroindustria transgénica. El decreto para su prohibición sigue sin concretarse, siendo uno de los temas que llevaron a la salida del extitular de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo.  Al decir de la defensora maya Leydi Pech, recientemente galardonada con el “Nobel” de Medio Ambiente 2020, “¿Qué estrategia va a seguir el gobierno con los grandes productores? ¿Qué va a pasar con nuestras abejas, que son fundamentales para la polinización de nuestros alimentos? ¿Qué va a pasar con los incendios de nuestros bosques? Debemos ser incorporadas las comunidades y las mujeres no ejidatarias y nuestros conocimientos tradicionales a programas como Sembrando Vida”.  Asimismo, siguen sin materializarse políticas efectivas para atender las condiciones precarias en las que se encuentran las personas jornaleras, de las cuales un 94 por ciento no cuenta con un contrato formal de trabajo como da cuenta la campaña Campo Justo.

Políticas extractivistas

Otra vertiente del discurso de López Obrador aludió a la política de no entregar más concesiones para minería; sin embargo, desde el periodo neoliberal se entregó, según cifras de Fundar, un tercio del territorio mexicano a la actividad minera, llegando a ser 1531 los proyectos mineros registrados en 2018, de los cuales una buena parte afectan territorios indígenas. Por lo que no solo se trata de no entregar más concesiones, sino de revisar las existentes y cancelar el sinnúmero de la entregadas que han violado derechos humanos de las comunidades. Asimismo, el marco legal minero sigue intacto, preservándose el carácter preferente de esta actividad e imponiendo privilegios a las empresas que favorecen el despojo en los territorios y el saqueo de bienes comunes como el agua. En este último caso, también se ha pretendido dar un madruguete al movimiento social que venía avanzando por años la elaboración de una iniciativa ciudadana con enfoque de derechos, donde se reconoce y fomenta la autogestión comunitaria del agua.

Otros de los logros resaltados en el mensaje, posiblemente donde se ha dado el golpe más frontal al modelo neoliberal, es el rescate de PEMEX y de CFE, que fueron condenadas casi a su extinción con la Reforma Energética. Por una parte, este cambio se ha dado por la inyección multimillonaria de presupuesto público a las empresas –lo cual no deja de ser problemático en un contexto de pandemia y emergencia climática–, por otra se ha materializado por la cancelación de las rondas energéticas, las subastas eléctricas, y las nuevas políticas de la Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), esta última, en jaque judicial por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el sector privado y organizaciones ambientalistas. El paro de facto a la Reforma Energética de Peña, si bien no se ha materializado aún en una contrarreforma constitucional, en los hechos sí ha impedido que avancen nuevos megaproyectos energéticos que han afectado severamente derechos colectivos de las comunidades, como ha sucedido en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

Mención aparte merece el compromiso 75 del Presidente, de no emplear la técnica del fracking para extraer hidrocarburos; no obstante, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking se ha evidenciado cómo los presupuestos públicos de los dos últimos años le siguen asignando recursos y se continúan autorizando planes y proyectos para este tipo de yacimientos.

Tanto en el sector minero como energético es fundamental que la 4T avance, en lo que resta del sexenio, contrarreformas que quiebren de fondo no solo con el régimen neoliberal sino que sean respetuosas y garantes con los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, además de que trasciendan el modelo fósil y se encaminen a esquemas alternativos de transición energética anclados en fuentes renovables y de generación distribuida y comunitaria. Sobre lo último, el titular del Ejecutivo reconoció que este compromiso está pendiente, pero su apuesta está centrada en el rescate de las más de 100 hidroeléctricas existentes en el país, que en el terreno también han provocado enorme conflictividad social y ambiental.

Megaproyectos en curso

Probablemente, entre los temas más expuestos en la vitrina pública están los grandes proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, sobre los cuales la única alusión fue sobre el arranque de su puesta en marcha. En estos casos ha sido patente la denuncia de diversas organizaciones indígenas y ambientalistas por la violación a los derechos de comunidades mayas, zapotecas y huave que no fueron consultadas conforme a los estándares internacionales. A estos se suman otros, heredados por la 4T como el Proyecto Integral Morelos, que a pesar de la dura resistencia social y judicial que cobró la vida del defensor Samir Flores, aún sigue en marcha. A la fecha, la criminalización y agresión contra personas defensoras generada por megaproyectos sigue siendo una constante, como ilustra el más reciente informe de la OACNUDH sobre México.

Quizás el punto más “positivo”, por citar alguna nota positiva, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco que había generado el rechazo de movimientos por la defensa del territorio en esa región, pero que fue sustituido por la opción de Santa Lucía, la cual ha generado también la protesta de comunidades de Tecámac.

Estos megaproyectos junto a los muchos más acumulados del pasado neoliberal ofrecen un panorama donde la violencia, el despojo y la división comunitaria sigue condenando a los pueblos a una situación de vulneración sistemática. En este sentido, se debe poner un alto a esta lógica desarrollista y de imposición colonial que parece no cambiar aun con la izquierda en el poder.

La gran reforma pendiente

Si la 4T pretende cambiar la historia de ultrajes en contra de los pueblos indígenas, como fue palpable en la toma de posesión del Zócalo hace dos años con la entrega del bastón de mando, entregado por comunidades, en realidad debe rectificar su estrategia para construir en serio una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos en condiciones de igualdad y no discriminación, que les permita el ejercicio efectivo a la libre determinación y a la autonomía como piedra angular. En esta dirección parecía ir el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde el inicio del gobierno con una reforma constitucional de gran calado, pero que a la fecha sigue en la congeladora mientras los megaproyectos siguen avanzando aún con la pandemia. Por esta razón, diversas luchas articuladas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía han exigido, junto con relatores internacionales, retomar este proceso y hacer un cambio efectivo en las políticas que siguen condenando a los pueblos a una situación de discriminación histórica.

* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.