A cuatro años del Casino Royale

El dueño de un establecimiento con acceso público, víctima de extorsión que no denuncia ¿es responsable de daños que sufran gentes que se encuentren en su lugar?

Si en adición esta persona se arma ilegalmente para repeler la agresión ¿no agrava su responsabilidad frente a clientes?

[contextly_sidebar id=”HGRHk5DTrmC8MZ9Adi3dUSVIv0SnGDJ5″]Ni la PGR ni la de Nuevo León tomaron esta línea de responsabilidad por el incendio del Casino Royale de Monterrey ¿por qué? Un caso más de falta de voluntad para castigar; el Poder genera impunidad. ¿Corruptos no van contra corruptos si no es que la sociedad lo exige?

La PGR estimó que el ataque no implicó al crimen organizado; convoy de asesinos perpetrando el asalto ¿qué mayor indicio de participación organizada? ¿Colusión gubernamental? ¿Argumentos para negarlo?

La semana pasada se estrenó en Monterrey un documental, dirigido por Adolfo Franco, con guión de M. Carbonell y producido por Renace, sobre la tragedia del Casino a cuatro años. Se trata de mantener vigente el reclamo de justicia, de no dejarlo morir como a sus víctimas. El caso no se ha cerrado y el Documental pretende que sea memoria viva de la historia.

El Casino es el resultado de una lista de ilegalidades: Permiso de Juego de la SEGOB viciado de nulidad, licencia de construcción en zona escolar, armas del Ejército en el sitio, puertas de emergencia cerradas, por mencionar las más groseras.

Lo trágico es que se hubieran podido corregir en su inicio bajo el principio “Tolerancia Cero”: detener al criminal por una infracción de tránsito, combatir el crimen desde abajo. No hubieran muerto cincuenta y dos personas, pensemos que todos eran padres, madres, hijos.

Se ha tornado catastrófico: lo que la Procuraduría de Nuevo León presenta son dos sentencias contra ejecutores materiales. ¿Los demás? En el documental se observa una docena de sicarios. ¿Qué con los que pagaron y qué con los dueños que se pertrecharon para hacerse justicia?

Las puertas de emergencia del Royale ilustra el efecto dominó de la mala actuación; en dos años, México tuvo más de cien muertos por qué no funcionaron en sitios como New’s Divine, Guardería ABC, Almacenes Coppel y Casino Royale; ninguna autoridad fincó responsabilidad a dueños, operadores o inspectores; que una sola lo hubiere hecho, esas muertes se hubieran evitado; igual vivió Nuevo León con conductores ebrios.

¿Cómo acabar con la impunidad? se pregunta el país entero, el Bronco a la cabeza.

Una respuesta es no seguir los pasos del Casino Royale, pero ¿no los volvió a tomar la autoridad en los casos Iguala, Michoacán y Casa Blanca, en los que hay debilidad en investigaciones y falta de voluntad de persecución? Lo mismo con la esposa de Joaquín López Doriga. ¿Cuándo va a aprovechar el gobierno un caso emblemático para poner un alto ejemplar a ilegalidades?

No todo es desánimo: con la trasparencia y publicidad de los juicios orales, los casos del tipo referido proporcionarán información que obligará a la autoridad a actuar verticalmente o exponerse al juicio sonoro de las redes sociales. ¿Sabrá la sociedad civil utilizar el asiento que tiene en la Justicia Penal para poner un dique a la impunidad? ¿Aquilatará el gobierno el beneficio político de hacerlo?

Mucho le cuesta al país tener fama mundial de corruptos y violentos, pero más nos cuesta el serlo. Dentro del cúmulo de injusticias en nuestro país dos me parecen mayores: que las autoridades no actúen contra un puñado de criminales que tienen de rehenes a millones de mexicanos y que tú y yo lo permitamos. Si las organizaciones civiles consiguieron la Reforma Penal ¿podrán contra la corrupción e impunidad?

 

* Ernesto Canales es Presidente de Renace A.B.P., organismo que trabaja por la mejora continua de la justicia penal en México, para garantizar el respeto a los derechos de víctimas y acusados.