A cuatro años de la muerte de Bantú, el gorila que no conoció África

Hace unos días asesinaron a Rafiki, uno de los casi mil gorilas de montaña que quedan en libertad en la República Democrática del Congo. Las autoridades que protegen la vida silvestre en Uganda reconocen que los cuatro cazadores que lo mataron asestaron un golpe fuerte, pues no sólo arrebataron la vida a este primate de 25 años: también dejaron sumamente vulnerables a otros 17 gorilas que dependían de él como líder de manada, por lo que ahora corren el riesgo de dividirse o quedar sometidos a algún macho salvaje ajeno al grupo. En poco tiempo, los posibles perpetradores fueron detenidos y podrían enfrentar cadena perpetua o una multa de 4.3 millones de libras por matar al miembro de una especie en peligro de extinción. Mientras esto pasa en el Congo, a más de 13 mil kilómetros, en México, se cumplen cuatro años de la muerte del gorila Bantú, que estaba bajo el cuidado del Zoológico de Chapultepec, sin que nadie sea responsable por ello.

Este gorila de tierras bajas occidentales murió también a los 25 años. Sus padres llegaron de diferentes zoológicos de Estados Unidos, por lo que nació y murió en cautiverio, sin conocer las llanuras africanas. Su vida se redujo a un espacio de apenas unos metros cuadrados para ser exhibido al público sin poder deambular las cientos de hectáreas por las que se mueven en grupos los de su especie. Muchos animales en encierro —en zoológicos, por ejemplo— sufren estrés, frustración, depresión y otras formas de pobre bienestar, lo que favorece el desarrollo de comportamientos nocivos como autolesión, movimientos sin sentido y otras formas de deterioro en su salud; ¿qué se sentiría vivir todo ese tiempo aprisionados en esas condiciones cuando muchas personas pasamos por desesperación, estrés o tristeza en apenas unas semanas de estar confinadas debido a la pandemia por COVID-19?

El 6 de julio recordamos el cuarto aniversario luctuoso de Bantú bajo varias incógnitas. La mañana siguiente a su fallecimiento, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) informó que había muerto como consecuencia de una aparente complicación cardiorespiratoria durante el proceso de anestesia al que se lo sometió para trasladarlo al zoológico de Guadalajara, donde estaría en un programa de reproducción con dos ejemplares hembras de su misma especie. En este punto, cabe preguntar si es ético perpetuar la reproducción de estos individuos cuya vida estará condenada al cautiverio.

Lejos de hacer una investigación objetiva, imparcial e independiente, las autoridades simularon una investigación y archivaron el caso lo antes posible para que no interviniera nadie que no estuviera bajo la coordinación del Gobierno del entonces Distrito Federal. La primera reacción de los responsables de la vida de Bantú fue adelantarse a decir que, a pesar de que la preparación de su traslado se había hecho con 20 médicos veterinarios y técnicos, siguiendo los protocolos internacionales, éste había padecido un paro cardiorespiratorio durante su sedación, sin dar mayor explicación.

En apenas unas semanas el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), a través de la SEDEMA, hizo un micrositio web con los resultados de las pruebas que permitían concluir, según las propias autoridades, que Bantú no había fallecido de una sobredosis de anestésicos, como sugerían algunas opiniones; por el contrario, aseguraban que había sufrido una cardiomiopatía fibrosa, una enfermedad cardiaca crónica, común en gorilas machos mantenidos en cautiverio; negando cualquier relación entre el padecimiento y la posible sobredosis en la anestesia, el estrés que pudo sentir cuando lo despertaron en la noche con un dardo, o los problemas cardiacos que aparentemente padecía —según los resultados de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM—.

Otros agravantes que se deben mencionar son que a Bantú nunca se le practicó un electrocardiograma, ni siquiera antes de planificar el traslado, pese a que los expertos internacionales consultados recomiendan hacerlo cada periodo de entre uno y tres años. De hecho, no se le hizo ninguna valoración previa sobre el grado de fertilidad cuando el propósito de trasladarlo era su reproducción, y el certificado de defunción oficial arrojó que tenía una “atrofia testicular”, lo que podría sugerir que no era apto para ese fin.

Días después de su muerte, Proyecto Gran Simio México, AC (PGSMX) denunció los hechos ante la entonces Procuraduría General de la República para apostar por la intervención de una institución más independiente. Han pasado varios años y cada uno ha sido una constante lucha para que no cierren la investigación, peleando contra los agentes ministeriales para que reconozcan el derecho de la organización a participar en las investigaciones y ofrecer pruebas objetivas e imparciales que permitan esclarecer lo que realmente sucedió con Bantú. Actualmente, el expediente sigue paralizado. Hace falta la práctica de pruebas contundentes que determinen si la causa de muerte califica o no como una negligencia. La actual Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de ser un brazo del sistema de justicia penal ambiental, sigue siendo un aparato insuficiente1 e ineficaz2 para investigar delitos contra la biodiversidad.

Frente a todo, cabe preguntarse si la muerte de Bantú pudo evitarse si hubieran existido protocolos que exigieran saber, antes de sedarlo, cuál era su estado de salud, o que apostaran por métodos para entrenarlo para ingresar por sí solo a la jaula donde sería trasladado. O quizá si hubiera existido un comité de Bioética animal autónomo, transdisciplinario y con participación ciudadana que hubiera cuestionado si valía la pena o no reproducirlo cuando probablemente sus crías tampoco conocerían las tierras africanas.

Las muertes de Rafiki y Bantú son nuestra responsabilidad, y aunque los contextos (animales en libertad o en cautiverio) y las causas (caza o negligencia médico-veterinaria) son distintos, la forma de prevenir y resolver los casos también lo son. Mientras en el Congo los probables responsables son procesados inmediatamente y podrían pagar una multa multimillonaria que serviría para la protección de la vida silvestre, en México no ha habido sanciones, sino que incluso se le pagó al Zoológico de Chapultepec más de un millón de pesos con la muerte del gorila, al haber estado asegurado; el destino claro de ese dinero nunca se hizo público.

Definitivamente a Bantú le fallaron en vida las instituciones zoológicas que debían protegerlo, pero post mortem le siguen fallando, como a nuestra sociedad, las autoridades encargadas de investigar delitos para conocer la verdad y que éstos no queden impunes. Hoy lo recordamos esperando que su memoria perdure para evitar el trato indigno de otros animales –que sienten y sufren como nosotros– en los zoológicos, pero sobre todo para que antes de arriesgar sus vidas se diseñen verdaderos planes, para que sean reintroducidos a sus lugares de origen y puedan repoblar sus tierras, mares y cielos; de lo contrario, el único propósito de su reproducción será traer a la vida a nuevos seres condenados a ser Bantú, repitiendo su historia una y otra, y otra vez.

* Federico Manuel Rodríguez Paniagua es licenciado en Derecho por la UNAM con preespecialidad en derecho penal, defensor y acompañante de víctimas de violaciones graves a derechos humanos, y coordinador del área de litigio de Proyecto Gran Simio México (@pgsmx).

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1 La FGR tiene solamente cinco profesionales que cuentan con especialidad en medicina veterinaria para poder realizar dictámenes en materia de daño en fauna silvestre en todo el país, pero ninguno tiene una especialidad en materia de etología. Fuente: FGR, solicitud de acceso a la información folio: 0001700523919. Fecha de respuesta: 10 de diciembre de 2019.

2 El caso está en un área especializada de la FGR que solamente ha logrado judicializar eficazmente el 0.07% de las investigaciones por delitos contra la biodiversidad, durante los últimos cinco años. Fuente: FGR, solicitud de acceso a la información folio: 0001700523319. Fecha de respuesta: 08 de enero de 2020.