A cinco años de la Ley en materia de desaparición forzada

El pasado 16 de enero se conmemoraron los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (en adelante Ley General). En su momento, enero de 2018, esta Ley significó un hito en la lucha de las familias de personas desaparecidas en México, tanto por el proceso legislativo que llevó a su aprobación, como por su potencial transformador de un modelo de búsqueda de personas que había demostrado su total ineficacia. A cinco años de distancia hablamos de una Ley que ya no es nueva; sin embargo, su implementación sigue siendo incipiente y algunas de sus apuestas principales han quedado en letra muerta; en particular, las relativas a contar con herramientas que permitan la consulta automatizada de información que facilite la localización de personas, y la consolidación de un nuevo paradigma híbrido de búsqueda que combinara las herramientas de la investigación penal con las herramientas de una investigación administrativa, ágil y desformalizada con fines de búsqueda.

La Ley General surgió como una respuesta tardía del Estado mexicano a la crisis de desapariciones en nuestros país; crisis que obligó a México a iniciar un proceso acelerado de incorporación de estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas a su sistema legal, con especial énfasis en la obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas, independientemente de la calificación jurídico-penal que se le diera al delito de que son víctimas las personas cuyo paradero se desconoce. Este proceso de incorporación se cristalizó en la adopción de la Ley General, ocurrida a finales de 2017. La aprobación de esta nueva legislación no fue una reacción espontánea, ni resultado de una actitud proactiva del gobierno mexicano, sino que -fue en gran medida- el resultado de la presión social generada por la acción política organizada del movimiento de familias de personas desaparecidas, quienes emergieron como actor político relevante ante la parálisis de las autoridades para buscar y esclarecer los casos de sus seres queridos.

Así, los contenidos de la Ley General en materia de desaparición de personas fueron influenciados, de manera muy significativa, por dos peculiaridades de contexto: primero, se trata de una legislación para responder a una situación extraordinaria, en el sentido de que su finalidad es hacer frente a una crisis “viva”, que se desarrolla en tiempo real, donde la Ley debe ofrecer herramientas para esclarecer las desapariciones acumuladas, así como contribuir a la prevención de casos futuros. Y segundo, se trata de una legislación permeada por la desconfianza ciudadana, ya que fue producto de la acción organizada de un movimiento de víctimas que quiere participar en todo el ciclo de política pública sobre desapariciones, en virtud de las fallas y errores reiterados por parte de las autoridades en el pasado, las cuales explican el estado de crisis actual.

Si tomamos estos dos elementos como indicadores para una evaluación preliminar de los impactos de la Ley en estos cinco años, por un lado el esclarecimiento de los casos pasados y prevención de casos futuros, y la recuperación de la confianza ciudadana, por el otro se debe reconocer, con pesar, que la Ley y su implementación aún están lejos de cumplir las expectativas mínimas de las víctimas. Desde la entrada en vigor de la Ley se han registrado más de 30 mil nuevos casos de desaparición y, en general, de los casos registrados, un número ínfimo se ha llevado ante la justicia y culminado en una sentencia: sólo 36 de más de 110 000 casos. En términos de reconstrucción de la confianza las cosas no van mejor, la persistencia de la impunidad y la falta de esclarecimiento de los casos recientes y de larga data han profundizado la indignación de las familias. Frente a esta indignación y sus manifestaciones, la respuesta estatal ha sido la del repliegue y no la del diálogo.

Cuando la Ley entró en vigor nadie esperaba que nuestro país superara la crisis de forma mágica, era claro que sería un proceso largo, pero la expectativa mínima era que, a partir de ese momento se dieran pasos contundentes para revertir el problema y que nunca más se repitiera la indolencia como actitud frente a las desapariciones. Y si bien ha habido avances, éstos se han quedado en el nivel formal, no en el operativo, y el diálogo activo con las familias se entiende más como un obstáculo y no como una de las claves para superar la crisis.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de Derechos Humanos en @FundarMexico.