blogeditor · 3 de octubre de 2022
México a lo largo de su historia ha atravesado una serie de represiones policiales y militares como medio de control y represión sobre diversos movimientos sociales y territorios. El uso de estos métodos coercitivos por parte del gobierno federal ha sido muestra transexenal de su incapacidad para responder a las demandas del país producidas por los cambios sociales, políticos, culturales y económicos.
Si bien estas represiones han sido concurrentes en la vida política y social de México, tales como ocurrió con el Movimiento Rubén Jaramillo (1942), Huelga del IPN (1956), Movimiento Magisterial (1958) y Huelga Ferrocarrilera (1959), entre otros, fue principalmente en los años 60 con la influencia de activismos en el mundo e ideologías de cambio en la sociedad lo que llevó al progresivo endurecimiento de estos mecanismos. El común denominador de las opresiones hacia movilizaciones sociales estuvieron caracterizadas por agresiones físicas y desalojos por parte de elementos de seguridad federal, tanto policial como militar, pero también fueron determinadas por las víctimas de homicidios, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas existentes.
En particular, 1968 se caracterizó por diferentes movimientos estudiantiles que exigían cambios en la vida social y política, cambios que no solo concernían a estudiantes sino también a toda una sociedad en la búsqueda del respeto de sus derechos civiles y políticos. Ante estas exigencias el estado reaccionó a la antigua y predecible usanza: a través de su brazo armado repelió y sofocó las diversas marchas estudiantiles como muestra inminente de lo que el gobierno era capaz con tal de proteger “la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”, tal como lo mencionó el expresidente Gustavo Díaz Ordaz en su IV Informe de Gobierno, encontrando su cúspide el día 2 de octubre.
Han pasado ya 54 años de aquel 1968 y nuestro contexto actual da cuenta de que este tipo de hechos siguen estando presentes: toma de Ciudad Universitaria (2000), normalistas de Saucillo en Chihuahua (2002); protesta de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas (Sicartsa, 2006), los 38 trabajadores de la refinería Cadereyta de Pemex (2007), los 43 normalistas de Ayotzinapa (2014) y otros (Comité Cerezo México, 2019), con graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas, policiales y la recientemente creada Guardia Nacional. Tal como lo indican las recomendaciones de la CNDH, el número de desapariciones forzadas, agresiones físicas y detenciones arbitrarias a manos de estas instituciones de seguridad siguen siendo recurrentes.
A pesar de lo expresado por el presidente López Obrador en “la mañanera” del pasado 23 de septiembre, cuando en referencia al personal de la SEDENA aseguró que el ejército surgió para enfrentar el autoritarismo, la historia ha demostrado que:
1) Las fuerzas armadas y de seguridad han estado al servicio del autoritarismo
El autoritarismo mexicano surgió por un gobierno que buscaba homologar las necesidades sociales que pudieran mantener el orden constitucional en una época inestable como la posrevolucionaria. Es así como el ejército mexicano se perfiló como una figura que institucionalizó el monopolio de la violencia legítima a manos del Estado y, posteriormente, la imagen del presidente como el mando supremo.
El presidente como autoridad máxima puede disponer de la fuerzas armadas, por lo que han sido utilizadas para oprimir las movilizaciones sociales que representaban una amenaza al status quo, tal como en el año de 1968, donde los diversos movimientos estudiantiles buscaban garantizar derechos escritos en la constitución: derecho de asociarse, derecho de manifestación, derecho de difusión de ideas, derecho de petición, entre otros, aspectos contrarios al del régimen autoritario.
Con el limitado pluralismo en el que se encuentra la vida política mexicana, en donde regresamos a un partido con mayoría relativa en el poder legislativo, mayoría de gubernaturas estatales y con miembros de oposición repentinamente acordes, el reforzamiento y el actuar de las fuerzas armadas y de seguridad tienen camino libre, supuestamente “justificado” y “legitimado”.
2) El uso de elementos castrenses en la seguridad pública ha sido acompañado de impunidad y violaciones graves a derechos humanos
En este contexto se creó una policía militar (La Guardia Nacional), que utiliza armamento castrense y 80% de sus miembros provienen de alguna de las Fuerzas Armadas (Arana, D; 2022), además de que el adiestramiento de su personal se encuentra en manos de la SEDENA con el supuesto objetivo de resguardar la seguridad pública y un aumento de su presencia en las calles. Adicionalmente a ello se encuentra la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), que forma parte del marco jurídico de la Guardia Nacional:
Mientras que el artículo 27 de la LNUF prohíbe a la Guardia Nacional usar armas “contra quienes participen en manifestaciones o reuniones pacíficas con objeto lícito”, su artículo 28 le permite usar la fuerza cuando las manifestaciones o reuniones “se tornen violentas”. Este lenguaje vago y ambiguo faculta a la Guardia Nacional a usar la fuerza tras determinar arbitrariamente si una protesta es ilícita o violenta. En otras palabras, la LNUF le otorga a la autoridad un margen de discrecionalidad amplísimo para usar la fuerza, incluyendo la letal, contra manifestantes o protestas (CMDPDH, 2021).
No es necesario que existan hechos parecidos a la de décadas anteriores, para demostrar y recordar que la militarización es un esfuerzo innecesario para dar respuesta a problemáticas con raíces más profundas. Esta política intimidatoria parte de infundir “control” a través de una policía militar cada vez más militarizada, pero no forzosamente mejor capacitada, pareciera positiva cuando en una mirada general se observa a sus miembros cateando inmuebles, capturando presuntos delincuentes, asegurando armas de fuego y narcóticos, realizando operativos preventivos, etc.; sin embargo, la impunidad, la fabricación de culpables y la crueldad que existe detrás de estas acciones es extremadamente deplorable.
¿Qué personas están seguras bajo estas circunstancias? ¿Qué garantiza que no volverán a cometer atrocidades hacia estudiantes, médicos, maestros..? Su actuar no ha distado de los antecedentes de las fuerzas armadas, tal como lo señalan medios periodísticos (Díaz, G; 2022 et al.) y recomendaciones de la CNDH (CNDH,2022); el peligro es latente.
El 2 de octubre no se olvida: los fantasmas de la represión, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios y las agresiones físicas siguen aquí. La presencia en las calles de la milicia y su política de seguridad intimidatoria no garantiza mayor seguridad. El supuesto pueblo uniformado son los mismos que perpetraron crímenes atroces bajo la justificación de que la seguridad interna estaba amenazada.
Referencias:
Arana, D. (2022). La policialización del Ejército y la militarización de la Guardia Nacional. Nexos.
CNDH (2022). Indicadores por autoridad. Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.
Gobierno de México. (2022, 23 de septiembre). #ConferenciaPresidente | Viernes 23 de septiembre de 2022 (Video). YouTube.
CMDPDH. (2021). Defender sin miedo: militarización, uso de la fuerza y protesta social. Animal Político.
Gándara, S. (15 de julio de 2022). La GN vio cómo aplicaban las peores técnicas de tortura a reos, acusan familias. Sin embargo.mx.
Gloria Leticia Díaz. (14 de mayo de 2022). Guardia Nacional: “Patrón de comportamiento” en el uso de la fuerza letal. Proceso.
Pozas, R. (2018). Los años sesenta en México: la gestación del movimiento social de 1968. Revista Mexicana de Ciencias Políticas Y Sociales, 63(234).
Redacción AN/ES. (29 de abril de 2022). CNDH investiga presunto asesinato del estudiante Ángel Rangel por Guardia Nacional en Guanajuato. Aristegui Noticias.
Redacción. (25 de septiembre de 2021). Detienen agente de la Guardia Nacional acusado del delito de homicidio. Grupo Milenio.
Rodríguez, A. (11 de diciembre de 2017). Un recuento de la represión Ejército-PRI III. Comité Cerezo México.
H. Cámara de Diputados. (2006). Informes presidenciales. Gustavo Díaz Ordaz (págs. 263-264).