Redacción Animal Político · 16 de noviembre de 2022
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús se une a las exigencias de justicia de las familias de las víctimas y de la comunidad de la Universidad Centroamericana (UCA), a 33 años de la masacre de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, mártires por la vocación de vivir entre los pobres, así como de la colaboradora Elba Ramos y su hija de 16 años, Celina, sucedido en la UCA, a manos de las fuerzas armadas de El Salvador.
Hoy, a 33 años de esa masacre, el camino para lograr plena justicia ante estas ejecuciones extrajudiciales continúa siendo intrincado, a pesar de haber sido calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, cometido en el contexto del conflicto armado salvadoreño, que dejó más de 75 mil muertos y 7 mil personas desaparecidas.
Apenas en enero de 2022 el caso fue reabierto por la Sala Constitucional, lo que fue recibido con agrado por la UCA, pero tres meses después, en marzo de 2022, el actual rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, denunció que existe un “fuerte interés” de las autoridades salvadoreñas de “apartar” a la universidad del proceso penal. También se denunció que el actual gobierno en El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, podría estar usando políticamente el caso.
Esta semana, uno de los perpetradores materiales, el coronel Guillermo Benavides Moreno, quien encabezó la operación criminal, por la que fue condenado a 30 años de prisión, obtuvo libertad condicional anticipada, bajo el argumento de que es adulto mayor y cumplió un tercio de la pena, lo cual ha generado indignación en el pueblo salvadoreño.
Este aniversario también constituye un recordatorio histórico para América Latina sobre el deterioro de la democracia y el aumento de violencia cuando se militarizan los países.
El CONTEXTO
La madrugada del jueves 16 de noviembre de 1989, cuatro mandos militares del Ejército salvadoreño y 36 soldados del batallón Atlácatl allanaron la casa del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, penetraron en las habitaciones en donde dormían también los sacerdotes Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, los despertaron, les ordenaron salir, tumbarse boca abajo en el suelo y los asesinaron a tiros con armas AK-47 y M16. Para no dejar testigos de su crimen, ejecutaron también a la colaboradora Elba Ramos, y a su hija Celina.
Tras la masacre, los asesinos simularon que sus víctimas habían muerto en una confrontación entre guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), bajo la falsedad de que el padre Ellacuría “era uno de los cabecillas de la guerrilla”, “el cerebro del FMLN”.
El gobierno salvadoreño hizo esfuerzos por encubrir la verdad, imputando el hecho a su adversario, pero al día siguiente el FMLN aclaró que los responsables habían sido miembros de la Fuerzas Armadas, lo que fue corroborado con numerosas evidencias, que ayudaron a reconstruir los hechos e identificar los presuntos autores intelectuales y se comprobó así la cadena de mando en la planificación de la ejecución.
El gobierno salvadoreño, encabezado entonces por Alfredo Cristiani, fue señalado como uno de los autores intelectual de la masacre y la CIDH consideró que el Estado violó los derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana. También fueron señalados como presuntos autores intelectuales los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años de prisión.
La indignación y la presión a nivel internacional provocó que el Congreso de Estados Unidos retirara el financiamiento al ejército salvadoreño; se buscó una solución negociada al conflicto armado, que culminó en 1990 con la firma de los acuerdos de paz y la conformación de la Comisión para la Verdad, lo que obligó a que pasaran a retiro los altos oficiales que participaron en la guerra, incluidos los autores intelectuales del caso de la UCA, y la disolución del batallón Atlácatl.
Aunque se reconocen los avances que abonan para la búsqueda de verdad y en la dignificación de los mártires, no se ha logrado plena justicia, no solo para nuestros hermanos jesuitas, sino para las miles de personas asesinadas y desaparecidas. Que los mártires sean ejemplo para que El Salvador no siga retrocediendo en materia de derechos humanos.
Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece.