Redacción Animal Político · 9 de marzo de 2026
Por: Julia Anguiano Rosas*.
Usualmente señalamos al machismo estructural, a la impunidad o la complicidad institucional como las causas principales que hoy sostienen la violencia contra las mujeres. Hemos construido un diagnóstico agudo y certero sobre los mecanismos patriarcales que vulneran nuestros derechos. Pero los efectos de la violencia armada que acompañan las estrategias de seguridad –como la guerra contra las drogas, y el modelo prohibicionista que le sucedió– rara vez ocupan un lugar en estas denuncias, a pesar de que tocan de formas atroces la vida cotidiana de muchas mujeres. Estas políticas son parte de la maquinaria que sistemáticamente alimenta la violencia que enfrentamos y denunciamos cada 8 de marzo.
En México, la violencia contra las mujeres ocurre dentro de un contexto de crisis de seguridad que la guerra contra las drogas construyó y aún no ha sido resuelto. Las calles se llenan de consignas que exigen justicia, igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres. Entre las necesidades visibilizadas destacan las demandas de justicia por los feminicidios, la eliminación de la violencia y el derecho a transitar el espacio público. Aunque no parezca tan relacionado, inminentemente también marchamos por las consecuencias que conllevan las políticas prohibicionistas de drogas.
El planteamiento, desde el gobierno federal, fue que más guardias nacionales, más militares y más cárceles serían sinónimo de más seguridad para las mujeres. El punitivismo y el prohibicionismo se colaron en nuestra visión sobre el significado de la seguridad y el cuidado, porque las estrategias de “mano dura” se vestían de protección ciudadana. Así que ante el miedo a ser víctimas de la violencia, fue fácil mirar con buenos ojos el endurecimiento penal de ciertos delitos, pero este modelo encontró su lugar de operación entre la violencia y la corrupción.
Eventualmente, las estrategias de seguridad militarizaron los territorios más vulnerables y abandonados –por las propias decisiones de administración del Estado–, facilitando la llegada de armas de fuego y dejando su control en manos del Ejército, a pesar de ser la institución que menos transparencia y rendición de cuentas ofrecía a los gobiernos. Así que la crisis de violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado se integró en la estructura misma sobre la que muchas otras violencias se ejecutaban.
La guerra contra las drogas cambió los problemas de vida de muchas. Empezamos a hablar de mujeres que ven a sus hijos, hermanos y amigos varones ser reclutados por el crimen organizado ante la falta de oportunidades. Como respuesta a las desapariciones forzadas surgieron grupos de madres buscadoras organizadas para suplir las investigaciones del sistema de justicia y encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Ante los incumplimientos del Estado, las mujeres pasaron a sostener el sistema penitenciario mexicano por medio del cuidado, asumiendo la manutención de sus familiares encarcelados, la crianza de sus nietos y nietas, y el pago de cuotas informales de corrupción que se exigen para que tu familiar no sea golpeado, tenga una cama o simplemente pueda recibir visitas. México llegó a ser el sexto país con más armas en circulación en el mundo en 2021 y en 2019 llegó a registrar una tendencia de incremento sostenido en los asesinatos a mujeres cometidos con armas de fuego del 57.1%.
Los feminicidios ya no sólo suceden en contextos de violencia doméstica, sino con mujeres que fueron víctimas colaterales o directas de las disputas territoriales, como escarmiento público, o botín de guerra en la lucha por las plazas. La violencia desatada por el combate a grupos delictivos ocasionó ejecuciones de mujeres que no tenían participación directa en actividades criminales, incluso con muertes más atroces en comparación con las de los hombres. También se volvió común que las estrategias de combate frontal del Estado terminen por ejercer violencia sobre parte de la población civil que debía proteger.
Los efectos de las políticas de persecución y mano dura llevan décadas acumulándose, pero no ocasionan que el crimen organizado desaparezca, sino que se transforme. Éste diversificó sus actividades –optando por delitos como la extorsión, el secuestro y el asalto–, amplió su territorio y generó un clima de violencia desproporcionada que obligó a familias enteras, en su mayoría compuestas por mujeres, a abandonar sus hogares; ellas representan cerca del 80% de la población desplazada internamente, y al huir de la violencia pierden sus redes de apoyo, quedando expuestas a mayores riesgos de violencia sexual y explotación.
Aunque por décadas se construyó un relato simplista para explicar las dinámicas de los mercados ilegales, dividiendo a sus participantes entre “buenos” –las fuerzas del Estado– y “malos” –quienes se relacionan con las economías delictivas–, la realidad se complejiza más allá del bien y el mal cuando la desigualdad empuja la toma de decisiones. La precariedad social influye directamente en los procesos de delincuencia organizada y la violencia estatal no termina por alcanzar sólo a quienes se involucraron en las economías ilegales.
La persecución estatal también se centró en las mujeres empobrecidas como población objetivo para el arresto por delincuencia organizada, llegando a ser la causa más común de encarcelamiento femenino en el fuero federal. Entre 2017 y 2021, el número de mujeres encarceladas por este delito se duplicó, mientras que el de hombres se redujo casi el triple. Aunque estos números no reflejan un mayor protagonismo de las mujeres dentro del crimen organizado sino su posición dentro de él: en su mayoría, realizando las labores más desprotegidas, desempeñándose como vigilantes o transportando sustancias por necesidad económica, por engaño, convencimiento de su pareja e incluso bajo coerción.
El delito de “delincuencia organizada” llegó a sustituir las investigaciones de las mujeres, facilitando su detención sin un proceso formal previo y empleando la prisión preventiva como una medida cautelar sin justificación. Sin seguir un proceso formal, y mucho menos con perspectiva de género, el sistema de justicia las declaró perpetradoras del delito con la misma severidad que a quienes dirigen las estructuras criminales. Omitió que muchas de ellas eran, al mismo tiempo, víctimas de la desigualdad, pobreza y violencia que las empujaron a participar en el crimen, aún si se trataba de madres autónomas o la principal fuente de ingreso de sus hogares.
Exigir mejores políticas de drogas es, ante todo, exigir justicia. No para llenar cárceles ni colgarse medallas por las cifras de detenciones, sino para mirar y comprender la precariedad, la violencia y el abandono estatal que existían de por medio. No habrá justicia mientras las políticas de drogas sigan castigando a las mujeres por ser pobres, madres autónomas, o vulnerables; y mucho menos justicia de género mientras sigamos llamando “combate al crimen” a lo que en realidad ha sido una guerra contra las mujeres más desprotegidas del país.
Las políticas de drogas también mantienen una deuda sanitaria con las mujeres. Uno de los problemas de fondo tiene que ver con las pocas investigaciones clínicas centradas en el uso de sustancias en cuerpos feminizados. En parte, porque la ilegalidad de muchas de estas sustancias impide que se investigue su uso y sus efectos. Cuando éstas existen, el género suele figurar como una variable comparativa más, que toma las diferencias sexuales desde una perspectiva puramente biológica y reduce su análisis a un ejercicio comparativo de datos, desvinculados de su contexto social.
Esta falta de investigación tiene consecuencias directas. Sabemos que las mujeres tienden a desarrollar consumos problemáticos antes que los hombres. Pero rara vez se profundiza en los factores que inciden en los consumos o se cuestionan las experiencias diferenciadas de socialización del uso de sustancias.
Suele omitirse que la intersección de pobreza y uso de drogas sobreexpone a las mujeres a vivir experiencias de violencia de todo tipo, desde la violencia sexual hasta la separación de sus hijos e hijas; no se considera que debido a los roles de género que desempeñan, las mujeres suelen contar con más responsabilidades del cuidado de terceros, menos actividades sociales o de recreación, y muestran una menor capacidad de negociación ante el ofrecimiento de alguna sustancia en comparación con sus pares hombres.
Poco se conoce sobre sintomatologías diferenciadas, respuestas específicas a tratamientos o particularidades que el consumo adquiere en contextos atravesados por la violencia, la precariedad o la falta de autonomía. Sin embargo, estas dimensiones sociales del consumo permanecen invisibles para la investigación y los protocolos de atención médica. Y el resultado son modelos de atención diseñados para consumidores masculinos, que simplemente incorporan a las mujeres.
A nivel mundial (2022), solo una de cada 18 mujeres con consumo problemático de alguna sustancia psicoactiva logró atenderse en un servicio de salud, en comparación a uno de cada 7 hombres. En México, la tendencia de acceso es igualmente dispar: en 2025, las mujeres representaron apenas el 15.5% de la Demanda de Tratamiento por consumo de sustancias en la Red Nacional de Atención a las Adicciones.
Quienes no encuentran espacio en los centros de internamiento que cuentan con regulación estatal, suelen encontrar una alternativa en anexos o grupos de ayuda mutua. Pero estos espacios constantemente carecen de instalaciones adecuadas y modelos de atención especializados, llegando incluso a ser peligrosos. La violencia psicológica, física y sexual en los anexos suelen ser prácticas recurrentes sin mecanismos de supervisión que la prevengan o sancionen. Así que, el lugar al que muchas acuden a buscar ayuda se convierte en un riesgo.
A estas fallas, se suma el estigma. El prohibicionismo dejó una herencia de discriminación y rechazo dentro de las instituciones que empuja a las mujeres a ocultar su consumo antes que a atenderlo. Muchas no buscan atención por miedo, especialmente si se trata de consumidoras que son madres, mujeres embarazadas, o viven en situación de calle o de movilidad humana. Se trata de una brecha que las últimas reformas a la Ley General de Salud intentan cerrar.
En 2022 se aprobaron cambios sustanciales para cambiar este rumbo, y este 8 de marzo es también una oportunidad para nombrar esta deuda: que las mujeres que usan o han usado sustancias puedan acceder a servicios que les presten atención digna y científica. Porque la salud también es un derecho universal, y mientras el sistema sanitario siga siendo un espacio de estigma y exclusión para las usuarias, las políticas de drogas seguirán siendo políticas de castigo.
Las acciones que se necesitan son concretas. Vigilancia organizada para que los protocolos cambien y el estigma deje de operar como una norma no escrita dentro de los servicios de salud. Perspectiva de género transversalizada en todos los procesos de recuperación, que reconozca la violencia machista como desencadenante del consumo problemático y no ignore la maternidad como la realidad de muchas mujeres que usan sustancias. Sensibilización del personal de salud en reducción de daños y derechos humanos. Centros de tratamiento exclusivos para mujeres, con condiciones dignas y mecanismos reales de supervisión. E integrar la salud sexual y reproductiva en los servicios de atención, como una parte indisoluble del bienestar.
Las políticas de drogas deben encontrar, sin lugar a dudas, su debido lugar en esta conmemoración. De hecho, exigir un cambio de rumbo en las políticas de drogas en México debería ser una demanda feminista de primer orden. Estas políticas continúan evolucionando, transitando desde la criminalización y el aislamiento hacia modelos de reducción de daños, pero con importantes retos de implementación en el ámbito de los derechos humanos.
Aún necesitamos empujar modelos y protocolos de salud dignos, estrategias de seguridad que minimicen sus consecuencias sobre la población civil, e investigaciones que indaguen en lo que aún no sabemos sobre los cuerpos, las experiencias y los contextos de las mujeres que usan sustancias. Requerimos ampliar y superar el entendimiento del sistema de justicia, que se limita a catalogar a las personas como perpetradoras o víctimas, para observar cuántos delitos son motivados por la misma desigualdad que el Estado dice combatir. Demandamos un enfoque que reduzca la carga colocada sobre los hombros de las mujeres y que ponga las políticas al servicio de los derechos humanos, la salud pública y la justicia social. Este 8M no solo conmemoramos: exigimos políticas de drogas que reconozcan, reduzcan y reparen los daños que el prohibicionismo ha impuesto sobre las vidas de las mujeres.
* Julia Anguiano Rosas es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA. Lidera proyectos de investigación sobre usos de sustancias psicoactivas y políticas de drogas. Está interesada en impulsar políticas de drogas centradas en la salud pública y en la producción de información local sobre su consumo.