60 días para justificar la militarización

Desde el 9 de octubre empezó a correr el plazo de 60 días para que el Estado mexicano responda a expertos y expertas de la ONU en torno a las medidas que adoptará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para garantizar que el Acuerdo por el que se dispone a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública respete y cumpla con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

En un pronunciamiento emitido por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, la Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, el Relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como por el Relator sobre la tortura, las y los expertas/os de la ONU manifestaron su preocupación por el potencial impacto de dicho Acuerdo sobre la protección de los derechos humanos en México.

Ante la falta de información, clara y medible, sobre el avance o los resultados de la asistencia técnica que brindaría la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Gobierno de México para la formación de la Guardia Nacional, expertas y expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron al Estado proporcionar información sobre las medidas tomadas por el Gobierno de México para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de los derechos humanos.

En un contexto de creciente militarización y ante el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad de carácter civil, las expertas y expertos de la ONU advierten sobre la posible exacerbación de la violencia como consecuencia de la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

“Nos alarma que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.

Los y las expertas de la ONU, aseguran que el Acuerdo carece de mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

De igual forma, la comunicación afirma que las investigaciones carecen de imparcialidad e independencia cuando los órganos implicados en la comisión del crimen dirigen esas investigaciones, por ello, los y las expertas afirman:

“reiteramos hoy nuestra grave preocupación ante el Acuerdo que perpetuaría un esquema de seguridad pública militarizado, mismo que hemos cuestionado de manera reiterada en el pasado”.

Ante tan contundente pronunciamiento de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que, dicho sea de paso, México fue reelecto para ocupar -inmoralmente- un asiento, hago cábalas del tipo de respuestas que necesitamos.

Me gustaría pensar que el Estado efectivamente responderá presentando una ruta de salida que materialice el retiro gradual y verificable de las Fuerzas Armadas de tareas que no le son propias; que establecerá una ruta para la reforma aún pendiente de la jurisdicción militar; que dejará de fortalecer a las fuerzas castrenses en detrimento de las civiles; que se anunciará, con una ruta verificable, que la fallida guerra contra las drogas ha terminado.

Pero como diría Jorge Volpi, la realidad supera la ficción en México y, hoy, el estamento militar, aún pese a la detención del extitular de la SEDENA, está cada vez más fortalecido. Tiempos aciagos para la democracia y el Estado de derecho en México.

Conjeturo que la respuesta del Estado a las y los expertos de la ONU, será la de siempre, algo así:

* Olga Guzmán Vergara es Directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos