5 razones para NO votar en la consulta

El último mes a diario -casi sin excepción-, la consulta popular impulsada por el gobierno federal se ha mantenido en la conversación pública. Las ideas giran en torno a cinco ejes: 1) disyuntiva entre un ejercicio democrático simulado o una democracia participativa efectiva; 2) finalidad de la consulta: política electoral vs política pública; 3) constitucionalidad o legalidad de la pregunta y/o la consulta; 4) participación: votar o no votar, y 5) costo y organización de la consulta. En las cinco reflexiones encontré incentivos políticos y técnicos para NO votar en la consulta popular del próximo domingo 1º de agosto.

1) Disyuntiva entre un ejercicio democrático simulado o una democracia participativa efectiva

Los mecanismos de participación ciudadana sirven para canalizar por vías institucionales la participación de la ciudadanía en procesos de decisión pública o de exigencia colectiva de nuestros derechos. Si los mecanismos sirven para otro fin, cualquiera que éste sea, deben revisarse o replantearse los instrumentos. En el caso de la consulta popular, la pregunta es ambigua y no garantiza ninguna acción concreta para la toma de decisiones públicas.

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La comunicación oficialista y de los simpatizantes del gobierno actual confunden a la ciudadanía con la idea de que la consulta permitiría llevar a juicio penal a expresidentes. No hay nada más falso que ello, ya que fue lo que argumentó como inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la razón por la que re-redactaron la pregunta para dar gusto al presidente con su consulta. Las “acciones pertinentes” quedan a consideración de quienes ya tienen hoy las atribuciones para ejercer acciones que garanticen la justicia y los derechos de posibles víctimas.

La democracia participativa efectiva permitiría diferenciar con completa claridad el sentido de su decisión. Ejemplos han pululado en las semanas previas: la pregunta de 2016 del Brexit (¿El Reino Unido debe permanecer o salir de la Unión Europea?) o el caso chileno reciente (¿Quiere usted una nueva Constitución?). Las respuestas son inequívocas. Las personas saben con claridad por qué votarán. En el caso de la consulta popular de este domingo no es más que un ejercicio democrático simulado.

2) Finalidad de la consulta: política electoral vs política pública

El presidente domina la comunicación política y los símbolos en torno a las grandes batallas que enfrenta el país, sobre todo los símbolos de combate a la corrupción, la inseguridad y la desigualdad. El imaginario y la narrativa oficialista coloca a los expresidentes como a los culpables de muchos de los males que hoy aún nos aquejan y que la actual administración “está resolviendo” (así, entrecomillas). La finalidad de la consulta es simbólica. Busca reafirmar el alcance de las narrativas del presidente y si éstas se traducen en apoyo en las urnas o no. Le sirve para medir sus propias fuerzas y, peor aún, su propio ego.

Los mecanismos de participación se crean a partir de las necesidades de la ciudadanía, de abajo hacia arriba y no al revés. A partir de las exigencias de la ciudadanía se abren espacios deliberativos, se constituyen parlamentos abiertos o se impulsan referéndums o plebiscitos sobre temas estratégicos que importan e involucran a la mayoría. Los mecanismos de participación institucionalizados fortalecen la relación ciudadanía – gobierno a través de esquemas de representación, de deliberación o consulta o de rendición de cuentas y atención ciudadana. Es en ese momento cuando la política pública subsana las intenciones políticas por vías institucionales. Hoy, la actual administración ya cuenta con los instrumentos para esclarecer decisiones políticas del pasado que afectaron a millones de personas e, incluso, a potenciales víctimas. La clásica: sólo falta voluntad. La ley se aplica, no se consulta.

3) Constitucionalidad o legalidad de la pregunta y/o la consulta

La pregunta de origen enviada por el presidente y aprobada por el Congreso mutó en la SCJN. Iba en contra del artículo 35 constitucional al someter a consulta la restricción de derechos humanos y las garantías para su protección. Restringía, entre otros, el acceso a la justicia y a la obtención de medidas de reparación para las víctimas, la presunción de inocencia y el debido proceso, el adecuado funcionamiento de la función constitucional de procuración de justicia y, el principio constitucional de igualdad. Pedro Salazar, Javier Martín, Issa Luna y varios autores más profundizan sobre la consulta en esta nota. Vale la pena analizar los argumentos jurídicos que comparten los autores y en el caos jurídico en el que se involucró la SCJN por dar gusto al presidente. Para mí, una razón más del despropósito del ejercicio.

4) Participación: votar o no votar

Otro dilema es si votar o no votar. La consulta requiere el 40% de la lista nominal para ser vinculante. El problema es que el resultado sería vinculatorio sin claridad sobre qué consecuencias tendrá un resultado positivo o negativo. Sin claridad sobre los efectos de la participación, la racionalidad de los electores no recae en las consecuencias de su participación en relación con la pregunta, sino en el apoyo o no a la ocurrencia presidencial.

Las personas que saldrán a participar justifican que es un ejercicio histórico, que es la primera consulta popular constitucional en la historia reciente y que permitiría afinar el ejercicio con expectativas surrealistas sobre posibles decisiones futuras que se pondrían proponer a consulta. En política, dirían los políticos de antaño, nada se paga por adelantado. Si este primer ejercicio nace maltrecho vale la pena señalarlo. Si se corrige en futuras ocasiones, en las siguientes consultas consideraremos votar. Por lo pronto, en esta ocasión, no.

5) Costo y organización de la consulta

El Instituto Nacional Electoral tiene un desgaste profundo con el conjunto de decisiones polémicas en las que se ha dado más atribuciones de las que les corresponden al Consejo General del INE. El Tribunal Electoral les ha enmendado la plana en varias ocasiones, a pesar de lo mucho que han dejado a desear sus magistrados. En este contexto atender al capricho presidencial costará más de 528 millones de pesos, recursos, que como bien diría el presidente, se pudieron ahorrar y concentrar en lo verdaderamente importante: atención al desabasto de medicamentos, garantizar un ingreso de emergencia para las personas que siguen sin recursos en la pandemia, entre muchas acciones más.

La logística y organización electoral del INE, más la cotidiana difusión del oficialismo, hacen creer que es un ejercicio democrático sin precedentes y que es en la participación donde la voluntad ciudadana se expresa y donde la democracia nace y se consolida. El INE pondrá una tercera parte de las casillas de una elección federal. La reforma de 2019 no concilió las fechas de la elección y de la consulta para evitar “politizar” el proceso electoral regular. Los costos y el esfuerzo impreso de miles de personas se perderán entre las falsas intenciones de la simulación de la consulta. La inversión ineficiente de recursos limitados es una razón más para no votar.

Estos son algunos incentivos y desincentivos políticos y técnicos para no votar. La democracia participativa requiere delegar mucha más confianza en los procesos de diálogo, deliberación y construcción colectiva, como el presupuesto participativo que acaba de eliminar Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México. La democracia participativa debe confiar en la ciudadanía para resolver verdaderos dilemas de construcción política como crear una nueva Constitución o ratificar la participación en tratados internacionales que firme el gobierno mexicano. Este domingo veremos operar un mecanismo de simulación política no un mecanismo de participación ciudadana.

@luisffernandez