blogeditor · 11 de mayo de 2020
“Son un puñado de violentos”. Nunca he olvidado la frase del entonces secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, en un desayuno convocado por El Universal a inicios del sexenio de Felipe Calderón, refiriéndose a la dimensión de la delincuencia organizada violenta en México. Y vuelvo a ella luego de leer que @CrisisGroup, mirando los llamados narco blogs, contó 463 organizaciones armadas en disputa por el control de territorios y mercados criminales entre 2009 y 2019.
Así el reporte sintetiza su interpretación del fenómeno: “Los datos sugieren que México está estancado: entre más éxito tiene el gobierno dando golpes militares a los carteles, más facciones emergen y más difícil es forjar algún tipo de paz”.
Vamos por partes. Cuando el Estado mexicano comenzó lo que llamó la guerra contra la delincuencia organizada, su operador principal nos dijo que lo que se enfrentaba era “un puñado de violentos”; poco más de una década después se presenta lo que, según el propio estudio, es “el primer intento de identificar a todos los grupos armados no estatales en México, la gran mayoría de los cuales están (sic) vinculados a delitos violentos”, y el fenómeno atraviesa el territorio nacional.
¿Son en efecto 463 organizaciones? El informe explica el método de conteo y sus límites; pero lo primero a lo que nos confronta el dato es su imposible contrastación con la información oficial, por el simple hecho de que no existe un conteo disponible similar emitido por el Estado mexicano. El estudio citado refiere la lista oficial de las 37 organizaciones de la delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico, identificadas por la Fiscalía General de la República en 2019. La diferencia entre uno y otro conteo equivale a 426, descomunal, cierto, si bien no podemos asumir que son comparables.
Hay algunos temas en las que he insistido durante toda mi trayectoria profesional; uno de ellos es que el Estado mexicano publique su diagnóstico de la delincuencia organizada y, en coherencia, una teoría de cambio convincente para enfrentarla. Cinco sexenios federales lo he dicho públicamente, encontrando la misma barrera de resistencia bajo la etiqueta de la “seguridad nacional”.
Cuando en 2005 se publicó la ley especializada en la materia, la expectativa era que, como lo ordena la ley, por vez primera en la historia habría de operar un aparato de seguridad nacional sujeto a controles democráticos y que rindiera cuentas, por ejemplo, a través del control legislativo -vale recordar a Adolfo Aguilar Zínser, el primero y último representante popular que construyó una agenda para intentar, sin lograrlo, someter a control civil, profesionalizar y democratizar la seguridad nacional-.
Hoy, como ayer, y seguramente como será mañana, el sistema político mexicano no produce incentivos para llevar la política y las instituciones de seguridad nacional a estándares de transparencia y acceso a la información, que permitan saber cuál es la versión oficial del fenómeno de la delincuencia organizada; así que cuando la Fiscalía General de la República informa que hay 37 grupos delictivos, no hay manera de saber el método detrás de tal conclusión. Si se quiere, todo se puede discutir respecto al método de conteo de @CrisisGroup porque es transparente; aunque se quiera, nada se puede discutir respecto al método de conteo del Estado mexicano, porque toda la narrativa oficial al respecto está envuelta en la opacidad.
Una de las respuestas que me ha zanjado distancia con múltiples reporteras y reporteros -que no periodistas- por muchos años, ha sido mi consistente negativa a especular sobre lo que hace tal o cual organización o supuesta organización de la delincuencia organizada, sin base empírica suficiente para hacer interpretación alguna. Me encantaría poder mostrarles las reacciones que he recibido por parte de quien quiere la declaración que reproduce el espectáculo mediático, independientemente de que no haya investigación alguna detrás.
Lo relevante es que esas reacciones son una representación simbólica de la bien aceitada cadena de producción narrativa que entroniza la versión oficial del momento; si el gobierno dice que una organización o un líder de una organización hace tal cosa, pues lo de menos, para la inmensa mayoría, es poder o no corroborarlo.
Además del estudio citado, @CrisisGroup publicó otro, sobre el estado de Guerrero, donde “Al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión”.
Sigue el texto: “El problema es la gran proliferación de organizaciones criminales: mientras que antes había menos de doce organizaciones criminales que controlaban la mayor parte del dinero y las armas, a medida que la “guerra contra las drogas” se expandió desde el 2006, éstos se han dividido en una infinidad de grupos más pequeños e inclusive más violentos… En Guerrero, esta fragmentación se remonta al asesinato del capo Arturo Beltrán Leyva en 2009 por parte de las fuerzas federales. Desde entonces, el crimen organizado en el estado se ha extendido geográficamente, ha ampliado su gama de acciones y se ha vuelto más peligroso para los locales, sobre todo para aquellos que son objeto de extorsiones o sospechosos de ayudar a los rivales”.
Nada nuevo hay en la crítica según la cual la acción del Estado viene agudizando las violencias; lo que evoluciona es la investigación académica y periodística, documentando cada vez mejor los efectos contraproducentes de la política de seguridad.
Estos reportes, como tantos otros, traen recomendaciones. No serán discutidas con los operadores oficiales. Por motivos de seguridad nacional, están apagados los mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas de la seguridad nacional. Eso implica que no hay manera de discutir lo que no está a discusión. Seguirán las investigaciones documentando la fractura del monopolio legítimo de la violencia. Las violencias seguirán evolucionando y destruyendo cada vez más porciones del territorio nacional.
Un puñado de violentos, nos dijeron.