Redacción Animal Político · 6 de diciembre de 2022
Guerrero ha visto desaparecer a más de 3 mil 800 personas. El drama e incertidumbre que hoy viven sus familiares demanda agilizar los procesos de búsqueda. Si bien existen avances positivos para hacer frente al problema, aún quedan pendientes por resolver y uno de los más importantes es contar con una ley estatal —armonizada con la Ley General— que responda a las necesidades locales, reconozca y garantice los derechos de las personas desaparecidas y sus familias, y que ayude a prevenir nuevas desapariciones en el estado.
Contar con un marco normativo a nivel local es primordial para las personas desaparecidas y para quienes les buscan. Así lo cuenta Emma Mora Liberato, cuyo hijo desapareció el 20 de septiembre de 2011 y quien hoy es la presidenta del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos: “Necesitamos tener esa ley aprobada… sabemos que eso les va a dar voz a los que no están y a nosotros, que somos su voz, nos permitirá hacer incidencia pública… que protegerá a las víctimas directas e indirectas”.
Una ley que reclaman las familias como lo hace Gema Antúnez Flores, quien dirige el Colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera” de Chilpancingo: “Esta ley es un derecho que tenemos como mexicanos”. La aprobación de esta sería una franca contribución al cumplimiento de la responsabilidad y obligación de las autoridades de tomar las medidas necesarias para garantizar que estas familias reciban un trato digno frente a sus necesidades y puedan obtener la información que necesiten para continuar con sus búsquedas.
En 2018 entró en vigor la Ley General en materia de personas desaparecidas y, con ello, la obligación de las entidades federativas de adecuar sus marcos normativos a nivel estatal. En este sentido, 16 estados han creado una ley estatal de desaparición para la protección de los derechos de las víctimas de desaparición y sus familias, y han creado y fortalecido mecanismos de búsqueda e instrumentos locales que respondan a sus necesidades.
Contar con un instrumento jurídico estatal permitiría fortalecer la prevención de la desaparición, tener mecanismos efectivos de búsqueda y regresar la identidad de aquellas personas fallecidas no identificadas. Asimismo, apoyaría a continuar sentando las bases para la búsqueda inmediata—incluyendo un despliegue operativo—, esencial para encontrar a una persona con vida. La ley estatal abonaría a la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda, ya que establecer las obligaciones de los municipios en los procesos de búsqueda es esencial para buscar y localizar a las personas desaparecidas, y uno de los pilares más importantes de la ley.
Por ello, es indispensable continuar con los procesos de implementación de la Ley general en materia de desaparición en los diferentes niveles de gobierno, junto con las autoridades y los familiares de personas desaparecidas.
El proceso legislativo para construir una ley está activo en el Congreso del Estado y en este escenario Guerrero tiene la oportunidad de cumplir con esta obligación y convertirse en el siguiente estado que cuenta con una legislación local. “Con la experiencia que tenemos las familias buscamos que se construya esta ley. La idea es que sea funcional, se trabaje y contribuya a ofrecer certeza a las familias de poder encontrar a sus desaparecidos”, indica Sergio Ceballos, tesorero del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
Para el Estado de Guerrero se han propuesto temas relevantes tales como la creación del Sistema Estatal de Búsqueda, contemplar presupuesto para la optimizar a la Comisión de Búsqueda, así como un capítulo específico para la búsqueda especializada de mujeres, niñas, niños y adolescentes. También se ha planteado considerar una sección particular para regular los procesos de identificación humana.
En este sentido, aún es manifiesta la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
Desde 2015 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde la imparcialidad y neutralidad que caracteriza a la organización humanitaria de la que formamos parte, ha desplegado en el estado acciones para acompañar y asesorar a familias de personas desaparecidas y a las autoridades en distintos niveles. Nuestro trabajo de apoyo a las autoridades ha incluido asesoría técnica en el desarrollo de marcos normativos a nivel estatal, establecer y fortalecer mecanismo de búsqueda inmediatas y la implementación de los protocolos homologados de búsqueda e identificación.
Para nosotros las historias como las de Emma, Sergio y Gema son un constante recordatorio de que conocer el destino de las personas desaparecidas es primordialmente un acto humanitario. Independientemente de cuál sea el número, todas las personas desaparecidas deben ser buscadas, y en caso de ser halladas sin vida, identificadas y restituidas a sus familias.
* Miguel Ramírez y María Elizondo son jefe de operaciones nacional y asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, respectivamente.
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El CICR, fundado en 1863, es una organización internacional humanitaria, independiente, neutral e imparcial que brinda protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia. Cuenta con 20 000 colaboradores que trabajan en 100 países del mundo. Es parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más amplia y antigua del mundo y trabaja mano a mano con las sus socios nacionales de la Cruz Roja para ampliar su labor.
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