2º Informe: balance educativo

En materia educativa, los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto tuvieron como marco los cambios legales orientados a una profunda reforma política del sistema educativo. Esta reforma, en resumen, consistió en quitarle a la cúpula del sindicato el control sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos y reconocimientos de los docentes. Para conseguirlo, la reforma descansó en cuatro grandes ejes fundamentales:

Primero, creó un sistema de evaluación dirigido por un órgano constitucionalmente autónomo que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE);

Segundo, instauró un servicio profesional docente con reglas claras para el ingreso y la promoción basadas en el mérito académico y profesional;

Tercero, estableció un sistema de información que permita conocer el estado de la infraestructura educativa así como el número de maestros, estudiantes y sus condiciones;

Cuarto, se propuso fortalecer la autonomía escolar y la determinación de que en el centro de todas las decisiones educativas está el aprendizaje de los alumnos para garantizar su máximo logro educativo.

En la implementación de esta reforma, hay avances. Entre otros, ya se cuenta con la legislación secundaria; se han armonizado la gran mayoría de las leyes locales; se instaló el INEE y la Coordinación Nacional para el Servicio Profesional Docente; se llevó a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos; se han definido los perfiles, parámetros e indicadores para el desempeño docente y su evaluación; se emitieron los lineamientos para la gestión y la autonomía escolar; se liberaron más de 7 mil millones de pesos para la gestión y rehabilitación de escuelas de alta y muy alta marginación, y se celebraron concursos de oposición para el ingreso al servicio docente.

[contextly_sidebar id=”BE6Wg1vYCO5za21PSuvKonYbglUUGqsC”]No obstante, la reforma presenta los siguientes retos:

De entrada, es indispensable la correcta implementación de la ruta de cambio establecida. Ello implica, entre muchas otras cosas, pero no menor, el cumplimiento de la ley, la voluntad política para que ello ocurra y la habilitación de un sistema de contrapesos legales y políticos que castiguen a quienes teniendo responsabilidad, no la cumplan o no la hagan cumplir.

A su vez, los concursos de promoción deberán llevarse a cabo con criterios claros, transparentes, justos y pertinentes que cierren espacios para la discrecionalidad y la corrupción, lo mismo para los mecanismos de evaluación y permanencia de los docentes.

Debe fortalecerse la formación inicial y continua que hoy se refleja en que el promedio de respuestas correctas de los exámenes generales en las escuelas normales en 4º y 8º semestres no supere el 60 por ciento, y a pesar de que México es el país que más cursos de actualización ofrece a sus maestros según la encuesta TALIS, éstos no son pertinentes para su desarrollo profesional desde la perspectiva de los propios profesores.

Debe definirse con claridad la trayectoria de la carrera docente donde la sustitución de lo que hoy se conoce como carrera magisterial sea un sistema de incentivos claros, justos y transparentes para los maestros y no el coto bajo el cual la cúpula sindical reparte beneficios entre sus leales.

Por su parte, está el reto de la consolidación institucional de los nuevos procesos echados a andar por la reforma. En ese sentido, se requieren mecanismos de contrapesos que limiten a quienes desean preservar el status quo así como a quienes desearían quitar el control a la cúpula del sindicato para ellos disfrutar del régimen de corrupción y consolidar su poder político, tal y como añoran gobernadores como Eruviel Ávila, Manuel Velasco o Rafael Moreno Valle, poniendo en el centro de la educación lo político-electoral y no el aprendizaje de los niños.

Se requieren recursos presupuestarios manejados de una forma honesta, justa, transparente, suficiente, eficaz, eficiente, equitativa y participativa. Una administración que limite el dispendio reflejado, entre otras cosas, en los 20 mil 468 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en irregularidades en el sector educativo en el año 2012, por no hablar de los 86 mil 864 millones desviados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en el sexenio de Felipe Calderón, acorde con la misma ASF, o los hasta 51 mil millones de pesos que cada año se desvían de la nómina magisterial calculados a partir de los datos del Censo sin que haya castigo a los responsables ni se hayan devuelto a la Tesorería.

Se requiere transparencia, transparencia y transparencia. Lo mismo que una disposición de las autoridades para deliberar sus opiniones, justificar sus decisiones y rendir cuentas de sus actos. Es inaceptable que sólo 16 por ciento de la información del Censo esté liberado, que no haya bases de datos accesibles sobre el concurso de oposición, que no pueden accederse a las listas de prelación identificadas con el nombre del aspirante ni puedan comprobarse las plazas docentes liberadas y cómo se están asignando en tiempo real. Es lamentable que a estas alturas no se conozca públicamente la plantilla de supervisores, su ubicación ni datos de contacto. También que no se aclaren las disparidades de información sobre la nómina magisterial entre lo que reportan los estados y la federación (y el Censo), entre muchas áreas de opacidad que tienen la SEP y las autoridades educativas en su conjunto.

No menos importante, la reforma tiene el reto de ganarse la confianza de los maestros. Que se difunda la información con claridad y amplitud para que conozcan de todos estos cambios reconectando el diálogo de la sociedad y el gobierno con los docentes sin la intermediación manipuladora de la cúpula del SNTE. Se requiere un gran esfuerzo de persuasión, involucramiento y acciones concretas para convencer de la importancia, necesidad y pertinencia de la reforma, así como los beneficios y posibilidades que les ofrece para asumirse como profesionales de la educación y no como simples operadores de decisiones en escritorios lejanos. A su vez, se tiene el reto de un efectivo involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos, en el acompañamiento a los maestros y en la reafirmación de la idea de que para educar a un niño, se requiere de una aldea.

Finalmente, pero lo más importante, es que si esta reforma y todos estos esfuerzos no dan resultados y no se reflejan en un mejoramiento sustancial en el aprendizaje de los estudiantes, nada, nada de esto habrá servido. En suma, la tarea, señor Presidente, está muy lejos de haberse cumplido. Así que menos spots y más trabajo, de por favorcito.

 

@albertoserdan