28S: qué le enseña América Latina a México sobre defender el derecho al aborto

Silvia Soler, directora interina del ILSB y Ana Rodríguez – Coordinadora de Redefine México, la red de juventudes activistas del ILSB.

Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la marea verde latinoamericana llegó a un momento paradójico. En pocos años logró lo que parecía imposible: una ley aprobada en las calles y en el Congreso en Argentina, una sentencia histórica de la Corte Constitucional en Colombia y, en México, una cascada de reformas estatales respaldada por la Suprema Corte. Pero estos avances tuvieron una llamada de atención para las mareas verdes y organizaciones que trabajamos por la justicia reproductiva: Roe v. Wade echó para atrás 50 años de garantías en torno al aborto.

Mientras el mapa regional vira a la derecha, las feministas en Argentina se alían con los movimientos contra el ajuste estructural libertario, por las pensiones de personas jubiladas y en resistencia al retroceso de las políticas sobre igualdad de género, entre ellas por supuesto, las relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. Expectantes, las feministas colombianas observan cómo un gobierno conservador llega al poder apenas cuatro años después de que la Corte ampliara el derecho al aborto, temerosas todas de hasta donde puede llegar un presidente que grita “viva cristo rey” en sus conferencias públicas. En Estados Unidos, los movimientos se adaptan a un escenario posterior a Dobbs con un gobierno federal alineado con los grupos antiderechos. ¿Qué podemos aprender en México de nuestras compañeras en la región que vienen del futuro?

La lección de estos procesos es que los retrocesos rara vez empiezan con la derogación de una ley. Empiezan antes y de forma menos visible. Se desfinancian programas y se debilitan instituciones de salud. Crece el hostigamiento a prestadores y acompañantes, se cierran espacios cívicos, se manipulan o dejan de producirse datos y se disputan las narrativas. Por eso blindar lo ganado exige mirar más allá del texto legal y preguntarnos qué debe protegerse para que el derecho sobreviva a un cambio de gobierno.

Para México, la pregunta es qué papel le toca jugar a un movimiento que opera con relativo margen mientras otros enfrentan contracción. Una respuesta posible es convertirnos en nodo de intercambio: abrir espacios protegidos de reflexión entre pares, documentar lo que funciona y sostener relaciones de cuidado y apoyo con movimientos vecinos. Resistir no es solo evitar pérdidas inmediatas. También es preservar el conocimiento, las relaciones, la memoria institucional y la imaginación que permitirán avanzar de nuevo cuando la oportunidad política se reabra.

Pero no podemos pensar en la región sin mirar lo que ocurre en casa. En México el derecho existe en el papel en la mayoría del país: a agosto de 2025, el aborto por voluntad era legal en 25 estados. Este avance histórico no vino por sí solo. Detrás de cada proceso, estuvieron las colectivas y organizaciones feministas que, a través del poder colectivo, hicieron historia en cada uno de sus territorios.

Después de estos grandes logros, vale la pena hacernos una pregunta importante: ¿qué pasa después de la despenalización del aborto?

La despenalización es solo el primer paso: qué encontramos en ocho estados

Desde el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y sus redes de juventudes por los derechos sexuales y reproductivos REDefine México, llevamos a cabo la investigación “De la despenalización al acceso: contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México”, buscando demostrar cómo en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz^[1], la despenalización es solo el primer paso para la garantía efectiva del derecho al aborto.

La despenalización no ha significado que los servicios estén disponibles en todos los estados. Los servicios se concentran en hospitales de segundo y tercer nivel, y en las capitales. Esto a pesar de que, según el Lineamiento Técnico para el Aborto Seguro^[2], se permite brindar el servicio de manera ambulatoria desde el primer nivel. Es importante mencionar que la Ciudad de México sigue concentrando más de la mitad de los abortos registrados entre estas entidades, lo que sugiere que muchas personas siguen viajando a la capital para ejercer un derecho que ya tienen garantizado en su estado.

En cuanto al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), existe una brecha amplia. Entre 2023 y 2024 se registraron 1,177 embarazos producto de violación en los ocho estados, y solo 47 terminaron en una IVE, es decir sólo el 4%.  En estados como Veracruz se aplicaron 6 IVE de 526 casos; en Quintana Roo, 1 de 49; en Michoacán, ninguno de 10. Detrás de cada una de esas cifras hay niñas y mujeres a las que el Estado les falló dos veces. Es importante resaltar que la NOM-046 señala que, en todo el país, la IVE es un derecho de las sobrevivientes de violencia sexual sin necesidad de interponer una denuncia previa.

A estas brechas se suman barreras que se repiten en los estados estudiados. La objeción de conciencia reduce significativamente la disponibilidad de personal y hace que, en algunas unidades, la atención dependa de un número muy reducido de profesionales. También persiste el desabasto de medicamentos como mifepristona y misoprostol, una problemática que se ha visto agravada por dificultades logísticas y de coordinación derivadas de la transición al IMSS-Bienestar. En Nayarit y Michoacán, por ejemplo, ante la falta de medicamentos se reportó el uso de esquemas únicamente con misoprostol, así como la canalización a otras unidades o la compra de medicamentos por cuenta de las propias usuarias.

Otros hallazgos preocupantes: la despenalización tampoco ha llegado igual a todos los cuerpos. En varios estados, los servicios siguen pensados exclusivamente para mujeres cisgénero, y no existen protocolos para atender a hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. En Michoacán, que cuenta con ley de identidad de género desde 2017, las acompañantes reportan que el estigma en torno a los documentos de identidad sigue siendo un obstáculo para acceder al servicio. En la mayoría de las entidades, que la atención sea respetuosa depende de la sensibilidad individual de quien atiende y no de una obligación institucional. Un derecho que depende de la buena voluntad no está garantizado.

¿Cómo seguir empujando? La ruta pendiente

Primero, terminar la tarea legislativa: eliminar el aborto de los códigos penales, empezando por el federal como ordenó la Suprema Corte en 2023, y armonizar las leyes de salud para que la objeción de conciencia nunca impida la atención. Segundo, garantizar el acceso real con al menos una unidad por municipio, atención desde el primer nivel, horarios ampliados, abasto de mifepristona y misoprostol, participación obligatoria del IMSS ordinario y de todo el sistema de salud, y un presupuesto etiquetado. Tercero, cambiar la lógica institucional: todo el personal debería considerarse disponible para brindar el servicio salvo que se declare objetor, y no al revés.

También es importante recordar que aún faltan siete estados por despenalizar el aborto: Durango, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, Querétaro y Sonora.

Seguimos con la tarea de practicar una solidaridad regional que revitalice las mareas verdes, organizaciones, colectivas y movimientos nos necesitamos fuertes, organizadas y al servicio de nuestras causas, no canibalizadas y atomizadas en este reflujo de ciclo político. Esa solidaridad no puede limitarse a mirar con preocupación lo que pasa al otro lado de la frontera: tiene que construir redes vivas y articuladas, capaces de compartir estrategias, sostenerse mutuamente y aprender unas de otras. Necesitamos también nuevas narrativas sobre la autonomía corporal, que devuelvan el aborto a su lugar: el de la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, el de la empatía y el de los derechos básicos. Lo que hoy es ley fue antes clandestinidad, acompañamiento en voz baja, redes de cuidado y años de construir músculo político. Esa historia es nuestra mejor defensa. Ningún gobierno, por conservador que sea, puede borrar lo que un movimiento ha aprendido a sostener en colectivo. Si el aborto es ley, es gracias a las mareas verdes.

 

 

^[1] Gaspar Santana AC, Brennan P, Rodríguez Cortés AL, Esquivel Vilchis D. De la despenalización al acceso: Contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México. [Internet]. Ciudad de México, México: Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; 2025. [Fecha de consulta 28 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://ilsb.org.mx/wp-content/uploads/2025/09/investigacion-aborto.pdf

^[2] Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Dirección de Violencia Intrafamiliar. Lineamiento técnico para la atención del Aborto Seguro en México. [Internet]. México. 2022. [Fecha de consulta 29 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/lineamiento-tecnico-para-la-atencion-del-aborto-seguro-en-mexico-junio-2021