Redacción Animal Político · 28 de septiembre de 2025
Cada 28 de septiembre, el movimiento feminista recuerda que el derecho a decidir no es una concesión política, sino una exigencia de justicia. En México, tras décadas de lucha, el aborto ya está despenalizado en 24 estados y reconocido por la Suprema Corte; sin embargo, a pesar de los avances, el aborto sigue siendo considerado un delito en todos los códigos penales —estatales y en el federal—, lo que mantiene la criminalización y el estigma. Esto lleva a que persistan limitaciones en salud, resistencias políticas y narrativas que culpabilizan a quienes deciden interrumpir un embarazo.
Este año, el 28S nos convoca a reflexionar sobre otra dimensión de la lucha: los cuidados. Y no es casualidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez[1] el cuidado como un derecho humano autónomo, 1 indispensable para la vida y para la igualdad de género. ¿Pero cómo garantizar ese derecho si seguimos obligando a las mujeres y niñas a ser madres? Mientras el aborto siga tipificado como delito, se criminaliza el cuidado y se niega a mujeres y niñas la posibilidad de decidir sobre su salud, su vida y su proyecto de vida.
Obligar a continuar un embarazo no deseado significa imponer una cadena de cuidados no elegidos. Es condenar a niñas, adolescentes y mujeres a renunciar a su proyecto de vida para sostener la vida de otros. De acuerdo con cifras del sector salud, cada año más de 800 mil mujeres en México enfrentan embarazos no planeados. Estos datos evidencian el fracaso del Estado de derecho y la falta de protección de sus derechos; frente a esa omisión, lo mínimo es no obligarlas a ser madres.
La criminalización del aborto no solo es una violación a la autonomía reproductiva: también es una política de precarización del cuidado. Al negar el derecho a decidir, se obliga a las mujeres —especialmente a las más jóvenes, las indígenas y las que viven en pobreza— a cargar con la responsabilidad de cuidados en soledad, sin recursos, ni reconocimiento. Porque cuando son obligadas a ser madres, lo más probable es que lo hagan solas o con redes de apoyo reducidas.
El aborto ya es legal en 24 estados, pero otros ocho siguen sin acatar las sentencias de la Corte. En algunos estados, aunque se ha despenalizado, se han impuesto retrocesos: en Aguascalientes, por ejemplo, el plazo se redujo de doce a seis semanas, una ventana prácticamente inviable para la mayoría de las mujeres.
Regular el aborto desde lo penal no solo impone obstáculos legales y sanitarios: también normaliza el estigma y multiplica las barreras para acceder a un derecho básico. Impone obstáculos legales y narrativos; las fallas estructurales en el sistema de salud persisten; al igual que el desabasto de medicamentos, la sobredemanda en hospitales públicos, y falta de capacitación al personal. Esto lo podemos ver en la transición del IMSS a IMSS-Bienestar, que ha generado reacomodos que afectan directamente la atención de abortos.
A pesar de los avances, aún predominan narrativas de criminalización, estigma, y desinformación, incluyendo falsedades como que el aborto causa infertilidad o que solo es válido en casos de violación. Esto prueba que la lucha no solo es jurídica: es necesario transformar prácticas y narrativas.
Hablar de aborto desde los cuidados transforma la narrativa: no es solo un procedimiento médico, sino un acto de autocuidado y cuidado colectivo. Implica proteger la salud, el proyecto de vida y a quienes dependen de nosotras. Abortar es cuidar; acompañar un aborto es aliviar una carga no deseada.
La maternidad forzada vulnera derechos y profundiza desigualdades; una verdadera sociedad del cuidado reconoce el derecho a decidir.
El aborto es un derecho humano, no un delito; y es también un acto de justicia social, pues decidir y no asumir cuidados forzados implica redistribuir responsabilidades en la sociedad.
El 28S recuerda que no hay justicia reproductiva sin derecho al cuidado, ni cuidado sin aborto legal y seguro. La maternidad será elegida o no será. La sociedad del cuidado exige políticas públicas con presupuesto, acceso universal y acompañamiento digno, así como romper con el mandato patriarcal de la maternidad obligatoria. La Marea Verde avanza porque decidir también es cuidar, y sin aborto legal no hay cuidados posibles ni igualdad real.
* Lizeth Mejorada es vocera de la iniciativa Mujeres Vivas, Mujeres Libres (@vivas_libres). Consultora en género, derechos humanos y movilidad urbana sustentable.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-31/25, “El contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”, 29 de agosto de 2025, disponible aquí.