25N: Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, obligación del Estado mexicano

La violencia contra las mujeres en México es generalizada y se perpetúa por el alto índice de impunidad que la acompaña. Se expresa en diferentes ámbitos: en las familias, en las calles, en los trabajos, en los espacios digitales, y es de diferentes tipos: económica, psicológica, física, sexual. Sin duda alguna, la violencia feminicida es la más grave y más cruel expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres, y su erradicación nos convoca a manifestarnos cada 25 de noviembre.

La violencia de género debe ser un asunto de atención urgente en la agenda del Estado mexicano, lo he dicho reiteradamente en este espacio. Este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas de Amnistía Internacional nos sumamos a las colectivas que marcharon para reiterar la exigencia al Estado de que se respete nuestra vida y nuestros derechos humanos.

En la Ciudad de México, partimos de la Glorieta de las mujeres que luchan, un espacio que es ya símbolo de la lucha feminista y donde honramos la memoria de las compañeras que iniciaron la lucha, a las mujeres que han sido víctimas de la irracional violencia de género y a las que siguen luchando por diversas agendas que van desde los feminicidios, pasando por la defensa de la tierra y el territorio, la violencia digital, el acoso sexual, la búsqueda de personas desaparecidas, entre muchísimas otras.

La imparable violencia ha sido la causa de que entre enero y octubre de 2025, 2,378 mujeres fueran víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país: en promedio fueron asesinadas 8 mujeres cada día. De ese periodo, el mes con mayor número de feminicidios y homicidios dolosos fue marzo, con 255. Los Estados con mayor número de feminicidios son Edomex, Sinaloa y Chihuahua. Cuando hablamos de homicidios dolosos de mujeres, los estados con mayor número son Guanajuato, Baja California y Edomex, de acuerdo con datos oficiales del SESNSP.

Entre los datos de esta dependencia hay un tema en el que no se ha puesto la debida atención y tiene que ver con el número de mujeres desaparecidas que en enero-septiembre de 2025 fue de 2,901; de esa cifra, 1,248 fueron menores de edad. Al comparar esta última cifra con el mismo periodo de 2024 vemos que fue de 870, lo que en relación con el año 2025 representa un incremento del 43.4 %.

Esto muestra que las niñas y adolescentes están siendo cada vez más afectadas por las desapariciones. Las entidades con mayor número de desapariciones de niñas y adolescentes son la Ciudad de México (371) y el Estado de México (274), lo que establece una tendencia preocupante que requiere atención prioritaria.

 

Los niveles de violencia presentan altas y bajas, pero no hay indicios de su erradicación, pese a que México cuenta desde hace más de 35 años con instituciones y leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, cuya creación fue impulsada por las colectivas de mujeres de todo el país. Todo luce bien en el papel, incluso todo ese andamiaje es reconocido en los exámenes periódicos de la CEDAW.

Sin embargo, los resultados se obtienen a cuentagotas porque, como detallamos en nuestro informe Juicio a la Justicia, las instituciones no trabajan como deben al no contar con recursos económicos, materiales y equipo suficientes y adecuados ni con personal especializado.

El tema de fondo

No es nueva nuestra insistencia en que se trabaje en la raíz del problema. La CEDAW lo expuso claramente en 2017 en su Recomendación general 35, vinculante para México, al señalar que para la erradicación de los feminicidios se requiere de una política pública integral que contemple no sólo la sanción penal, sino también medidas preventivas que incorporen la perspectiva de género en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo urbano, entre otros.

En 2018, la CEDAW toca nuevamente el tema de fondo e insta al Estado mexicano a adoptar “una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, y elimine las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres”.

En sus Observaciones finales sobre el décimo informe periódico de México, emitidas en julio de 2025, la CEDAW incluye nuevamente recomendaciones sobre los estereotipos de género y prácticas nocivas; violencia de género contra las mujeres y las niñas; para que se haga efectiva la igualdad de género y sobre el acceso a la justicia. Es urgente implementar los procesos que permitan acelerar los cambios estructurales necesarios para prevenir y erradicar las violencias que nos aquejan a las mujeres. En Amnistía Internacional llevamos más de 30 años señalando esto. Claramente el Estado mexicano está en deuda.

Con el presupuesto hemos topado

La incorporación en la Constitución del derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia es condición necesaria, pero no suficiente para que se cumpla. Para ello se requiere de políticas públicas efectivas que la lleven a cabo y esto pasa por diferentes variables, una de ellas, fundamental, es el ejercicio de presupuestos adecuados.

Al respecto, el 18 de noviembre las personas integrantes de la nueva SCJN abrieron un debate donde menos se esperaba, al eliminar la garantía de que exista un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, asistencia y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos”. Es una decisión que contraviene el principio de progresividad en materia de derechos humanos, de acuerdo con el cual un derecho ya establecido no puede ser restringido, al contrario, en su aplicación debe procurarse siempre el máximo alcance posible.

La reparación del daño es un principio del derecho internacional y su cumplimiento se hace desde una perspectiva integral. Está establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que la Constitución mexicana reconoce y establece –en su artículo 1°– que se deben aplicar en el país, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido innumerables sentencias relacionadas con la forma en que se debe aplicar la reparación del daño y la propia SCJN acordó que dichas sentencias son obligatorias y su jurisprudencia orientadora. Además, la Recomendación 35 de la CEDAW establece que se debe proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas de violencia por razón de género. Por si esto no bastara la reparación del daño está en la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dado ese contexto la pregunta es necesaria: ¿por qué la SCJN emitió la determinación referida?

En nuestra experiencia con los casos que hemos acompañado, relacionados con feminicidios y represión de colectivas feministas, lograr que una autoridad repare el daño a las víctimas es una tarea titánica. El ejemplo más reciente sucedió este 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, donde la autoridad municipal debió dar una disculpa pública a un grupo de mujeres que fueron reprimidas el 9 de noviembre de 2020, por elementos policiacos en esa ciudad, cuando protestaban contra la violencia de género. El caso lo documentamos en nuestro informe La era de las mujeres.

En lugar de ofrecer una disculpa pública, como lo recomendó la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, la autoridad ofreció lo que denominó “garantías de no repetición”, que es uno de los varios aspectos que conforman la reparación integral del daño. El video de dicho acto público puede verse en la siguiente liga.

Además, las mujeres que fueron víctimas de la represión se han quejado de que no se les brindó una atención médica y psicológica adecuadas; que la erogación económica establecida en la ley para compensarles el daño tampoco estuvo en los parámetros fijados. Durante cinco largos años, las víctimas han resistido enfrentando una enorme carga emocional, porque en su lucha por la justicia han experimentado violencia institucional expresada en tensas reuniones con las autoridades, tácticas dilatorias, negación de medidas de reparación, entre otras.

Esa es la realidad que viven las víctimas de violaciones a derechos humanos en México. La decisión de la SCJN de eliminar la garantía de que exista un presupuesto mínimo para las medidas de reparación para las víctimas agrava el problema.

Represión imparable

La represión a las mujeres del Comité 9N en Cancún del año 2020 no fue aislada. Durante ese año, después de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer -que fue un hito, fue apoteótica, por qué no darle ese calificativo- miles de mujeres tomamos las calles para denunciar la persistente violencia machista, así como los feminicidios, y para gritar al Estado los nombres de las mujeres asesinadas, para demandar justicia y el fin de la impunidad, que es una de las causas de que se perpetúe la violencia feminicida y de género.

Al día siguiente, 9 de marzo de 2020, las mujeres detuvimos el país con un paro nacional inédito motivado por las razones ya descritas convocado con un mensaje demoledor: “si paramos nosotras, para el mundo, unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un sólo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52 % de la población”.

Lamentablemente, ese mismo año, 2020, fueron reprimidas diversas colectivas feministas que salieron a las calles para protestar contra la violencia de género. Así lo documentamos en el Estado de México, Sinaloa, CDMX, Guanajuato y en el referido caso de Cancún.

Pese a los exhortos al Estado mexicano para que respetara el derecho a la protesta, la represión continuó. De ello damos cuenta en nuestros informes anuales de 2021/22, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Chiapas; 2022/23, Estado de México y Guanajuato; 2023/24, Chiapas, Puebla, Yucatán y Guanajuato. Los casos más recientes tuvieron lugar este año en Puebla, el 30 de agosto, y en Zacatecas el 9 de septiembre.

En nuestro informe La era de las mujeres, advertimos que “las autoridades responden a las protestas de mujeres (…) con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”, además de que la autoridad, con su discurso, deslegitima el activismo de las colectivas feministas.

Durante el referido acto efectuado en Cancún este 9 de noviembre, David Montoya, presidente del Comité Directivo de la sección mexicana de Amnistía Internacional hizo una precisión fundamental al respecto: “cuando el Estado reprime a mujeres que exigen justicia por un feminicidio el mensaje institucional es doblemente doloroso, por ello la reparación integral del daño no es un gesto simbólico es una obligación derivada de estándares internacionales que México ha aceptado”.

Hacer que se respeten los derechos humanos de las mujeres no es un mero trámite o un requisito, es una obligación que no pueden continuar eludiendo las instituciones del Estado. Al 25 de noviembre no llegamos todas: nos faltan las que fueron víctimas de la violencia feminicida, las que han sido desaparecidas, las que viven con miedo de salir a las calles, las que no protestan por temor a la represión.

Por eso seguiremos tomando las calles, para exigir que el Estado cumpla su obligación de garantizar nuestra seguridad y nuestra vida, y para mantener la voz de las mujeres que nos abrieron paso, por las que siguen alzando la voz, por las que vienen detrás, hasta que la justicia se haga costumbre en este país.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).