25N: La militarización de la seguridad pública acrecienta la violencia contra las mujeres

Este 25N el país se pintó de morado. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cientos de organizaciones y colectivas feministas salimos a marchar, realizamos conversatorios, activaciones, obras de teatro, todo para visibilizar que la violencia contra las mujeres no ha cesado en México y reiterar nuestra exigencia de acciones estructurales de política pública para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, así como para que las familias de las víctimas de feminicidios accedan a verdad, justicia y reparación integral del daño.

La noche del jueves 24, en un acto lleno de emotividad, diversas colectivas instalaron un cementerio frente a Palacio Nacional en el que con veladoras y mantas recordaron a las miles de mujeres víctimas de feminicidio en el país.

Al día siguiente, en la plancha del Zócalo no había señal alguna de esa activación. Con toda celeridad, las autoridades quitaron mantas, fotos, veladoras. Lo hicieron así para evitar que el espacio público se utilice para hacer memoria de los feminicidios que cobran miles de vidas en México. Ya quisiéramos que con la misma celeridad atendieran a las mujeres víctimas de violencia, que con esa inmediatez brindaran protección a las que están en riesgo de violencia feminicida. El Estado pretende borrar una realidad que todos los días nos lastima y por eso es que nosotras nos cuidamos entre amigas.

Pero la realidad no se borra cubriendo los grafittis ni tapiando monumentos. El 25N en el Zócalo de la Ciudad de México pudimos leer la frase “México feminicida, ni perdón ni olvido”, pintada con enormes letras por decenas de manos en las vallas metálicas que blindan Palacio Nacional. Si la frase fue borrada, de ella permanecen las fotografías y videos que publicaron diversos medios de comunicación. El estado también debe reconocer que aunque borre las consignas, la digna resistencia de las familias de las víctimas de feminicidios continuará activa y exigente, recordando al Estado lo omiso que es con su obligación constitucional de garantizar la vida de las mujeres. No se puede tapar el sol con un dedo.

A la fecha, no hay un solo estado del país libre de violencia contra las mujeres. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que a nivel federal, en 2018, hubo 3 mil 678 asesinatos de mujeres (la cifra se compone de la suma de presuntas víctimas de feminicidio más presuntas víctimas de homicidio doloso); en 2019, 3 mil 844; en 2020, 3 mil 776; en 2021, 3 mil 729; en 2022, 3 mil 757 y en el periodo enero-octubre de 2023, la cifra llegó a 2 mil 865. Esto implica que diez mujeres mueren cada día a consecuencia de la violencia.

Respecto de las llamadas de emergencia por incidentes de violencia contra las mujeres, en 2018 se recibieron 172 mil 210; en 2019, 197 mil 693; en 2020, 260 mil 067; en 2021 la cifra se incrementa a 291 mil 331 llamadas; en 2022 a 339 mil 451 y en el periodo enero-octubre de 2023 es de 284, 365. De acuerdo con el mismo SESNSP.

Las autoridades mexicanas, empezando por el Jefe del Ejecutivo, se empeñan en decir que la violencia contra las mujeres ha disminuido. Sin embargo, las organizaciones que dan acompañamiento a las víctimas saben que no es así pues constatan innumerables casos de violencia física, económica, en espacios públicos y privados. Con este triste y lamentable panorama México llegó a la conmemoración del 25N.

La militarización de la seguridad pública

Por si fuera poco, la militarización de la seguridad pública se ha constituido en una amenaza más para los derechos humanos de las mujeres. Paradójicamente el Estado mexicano ha puesto en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desde hace 16 años, la seguridad pública, pese a que esa institución se encuentra entre las diez dependencias más señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de cometer violaciones a los derechos humanos.

En nuestro informe Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, –de 2016– damos cuenta de cómo la violación, entre otros abusos graves, es utilizada por la policía, el Ejército y la Marina contra mujeres detenidas. En 80 por ciento de los arrestos de mujeres hechos por la Marina hubo violación, lo mismo ocurrió en 50 por ciento de las detenciones hechas por el Ejército.

El estudio 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que analiza las violencias perpetradas por las fuerzas armadas contra las mujeres –a partir de datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021)–, precisa que más de 68 mil mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o marinos. Entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos, 38.2 %; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1 %; ataques con armas blancas o de fuego, 3.3 %; mientras que el 1.1 % y el 0.2 % indican intentos de violación y violación.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol, 2021) revela que en las detenciones de mujeres, las instituciones que ejercen mayor violencia son la Marina (86.4 %) y la SEDENA (77.4 %). Además, el 19.4 % de las mujeres arrestadas por la Marina y el 11.5 % de las que fueron arrestadas por la SEDENA sufrió una violación sexual.

Desde Amnistía Internacional hemos advertido la urgente necesidad de que el Estado mexicano haga funcionar todo el entramado institucional y jurídico para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Su construcción llevó más de tres décadas, gracias al gran trabajo que realizaron cientos de organizaciones de mujeres de todo el país.

Es urgente poner en práctica políticas públicas transversales que conlleven cambios estructurales para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre esos cambios se debe incluir a las instituciones judiciales con el fin de abatir las graves deficiencias en las investigaciones de feminicidios.

En nuestro informe Juicio a la Justicia damos cuenta de las falencias en que incurren las autoridades judiciales al investigar los feminicidios. Pierden evidencias, no examinan todas las líneas de investigación y no aplican correctamente la perspectiva de género, entre muchas otras fallas graves, lo que impide el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, así como a la verdad, la reparación integral del daño y a garantías de no repetición.

En México no se cuenta con información fehaciente sobre cuántos feminicidios se registran y mucho menos cuántos han terminado en sentencia.

En Amnistía Internacional hicimos el ejercicio de rastrear este último dato y fue imposible llegar a cifras precisas. Por ejemplo, el número de sentencias que obtuvimos no permite determinar si una sentencia confirma una condena o la revoca; tampoco se puede determinar a cuántas víctimas se les hizo justicia, pues una sentencia podría corresponder a un caso que considera a una o más víctimas.

También fue imposible acceder a información de sentencias dictadas en varias entidades. La información no es accesible: hay estados que no desglosan las sentencias por delitos y brindan conjuntamente sentencias de feminicidio y tentativa de feminicidio sin aclararlo; otras entidades no proporcionan los datos históricos de sus sentencias; otras no las entregan todas o proporcionan documentos sin detalles.

En un twiter publicado el 25N, el Ejecutivo se refirió a esa fecha en una sola línea: “reafirmo el compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres”, escribió, y luego abundó en detalles de los avances de la construcción de caminos en la sierra de Oaxaca. Hay una disonancia clara entre el Ejecutivo y las mujeres de este país que demandamos respeto a nuestros derechos humanos.

Es ya intolerable que México cuente con los instrumentos legales e institucionales para atender las violencias contra las mujeres y no haya acciones trascendentes a destacar que contrarresten la fatídica deuda histórica que tiene el Estado mexicano para garantizarnos una vida plena y libre de violencia. El próximo 25 de noviembre nos volveremos a ver en las calles porque queremos que #VivanLasMujeres.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).