23 millones de habitantes y nadie a quién reclamarle

Por Mauricio Mejía*

Este miércoles entró en vigor la nueva delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que queda integrada por 84 municipios y demarcaciones territoriales: las 16 alcaldías capitalinas, 59 municipios mexiquenses, ocho hidalguenses y el morelense Huitzilac. Son casi 918,000 hectáreas donde viven más de 23 millones de personas. Es la unidad territorial más poblada del país y una de las mayores del hemisferio.

La declaratoria hace algo más que actualizar un mapa. Establece que la ZMVM será el “referente obligado” para el diseño y la puesta en operación de los instrumentos, planes y programas de desarrollo metropolitano, empezando por la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, vigente desde 1999, y por el Plan Maestro del Valle de México, convocado en 2024. Durante los próximos años, las decisiones sobre agua, movilidad, residuos, riesgo y suelo se tomarán con esta escala como referencia.

La ZMVM será el referente obligado para planear el futuro del Valle de México. Pero ¿quién va a decidir el futuro de 23 millones de personas?

Ahí está la paradoja. Elegimos jefa de gobierno, gobernadoras y gobernadores, presidencias municipales, alcaldías, diputaciones locales y federales. Pero no elegimos a nadie que responda por el Valle de México como conjunto. Quien vive en Tizayuca y trabaja en Cuauhtémoc atraviesa cada día tres jurisdicciones y no tiene un interlocutor claro que reciba sus exigencias, escuche sus problemas o represente sus intereses. El agua que llega a Iztapalapa y la que se extrae en el Valle del Mezquital son la misma decisión, tomada por autoridades que responden a electorados distintos y en calendarios diferentes. La metrópoli existe como problema técnico y como territorio de planeación, pero no existe como comunidad política.

Los consejos consultivos y sus peros

La ley ya intuye el problema. El artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano obliga a las zonas metropolitanas a crear mecanismos de gobernanza, entre ellos, una comisión de ordenamiento metropolitano y un consejo consultivo de desarrollo metropolitano en el que la mayoría de las personas integrantes debe provenir de la sociedad civil, los colegios de profesionistas, las instituciones académicas y el ámbito experto. El artículo 93 va más lejos: ordena promover la participación social y ciudadana desde la formulación de los planes hasta su seguimiento.

Es un buen punto de partida, pero es insuficiente. Los consejos consultivos se integran por invitación y por representación de organizaciones, así que a la mesa llega la sociedad organizada, la que ya participa porque tiene tiempo, información, contactos y una base que la respalda. No es un defecto de quienes participan, es un defecto del método de selección. Queda fuera la mayoría que no milita, no se organiza y no tiene cómo enterarse de que la convocatoria existe, que suele ser justamente la que más resiente las decisiones metropolitanas. La SEDATU contempla una consulta pública que consiste en enviar comentarios e ideas a un correo electrónico o llenar un cuestionario. No se trata de descalificar ese mecanismo, sino de reconocer que funciona como sondeo y como acumulación de prioridades, no como un espacio donde la ciudadanía delibere y decida.

Si estamos creando un nuevo nivel de ordenamiento territorial, ¿por qué no acompañarlo de una nueva forma de gobernar y de ejercer nuestros derechos democráticos?

La Asamblea Ciudadana de la Zona Metropolitana del Valle de México

Mi propuesta es dotar a la metrópoli de un mecanismo de gobernanza ciudadano, integrado por sorteo cívico precisamente para no duplicar lo que ya hacen los congresos locales y los ejecutivos electos de las cuatro entidades. Hablemos concretamente. Un grupo de alrededor de 150 personas seleccionadas por sorteo cívico (o insaculación) a partir de la Lista Nominal del INE, estratificado para reflejar la composición real de la metrópoli: entidad y municipio en proporción a su población, género, edad y pertenencia a grupos históricamente subrepresentados, entre ellos, pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y personas con discapacidad. A esos criterios se podría sumar uno propiamente metropolitano: el tiempo y la dirección del traslado cotidiano, para que la Asamblea incluya a quienes cruzan la metrópoli todos los días y no solo a quienes viven y trabajan en el mismo municipio.

La Asamblea se convocaría para atender temas concretos, como la actualización del Programa de Ordenación, o para proponer mejoras en asuntos específicos de la metrópoli, como la movilidad integrada o los usos de suelo. Cada persona participaría una sola vez, lo que garantiza la rotación y cierra la puerta al clientelismo y a la cooptación. 

Dos principios la ordenarían. El primero es la participación efectiva, que es justamente lo que asegura el sorteo. El segundo es la deliberación informada: quienes participan reciben información de personas expertas de la sociedad civil, la academia y el gobierno sobre el tema en cuestión, para pasar de la opinión personal al juicio informado. Sus recomendaciones no serían vinculantes, pero sí exigirían una respuesta. 

El Consejo de Desarrollo Metropolitano y la comisión de ordenamiento tendrían la obligación de atender y responder cada recomendación de manera fundada y motivada, por escrito público y en un plazo definido, aceptándola o explicando por qué no. Esa obligación de respuesta es lo que separa una asamblea ciudadana de un ejercicio decorativo como la consulta actual.

Ventajas de la asamblea

Esto ya existe en otras ciudades del mundo. Bogotá instauró en 2024 una asamblea ciudadana anual, que allá llaman Ciclos Deliberativos, para proponer mejoras a un servicio público. Este año, 70 bogotanas y bogotanos elegidos por sorteo deliberan sobre el futuro del metro, con 46 lugares repartidos por peso poblacional de las localidades y 24 reservados a grupos históricamente excluidos. Lisboa, Milán, París y Bruselas han adoptado una lógica parecida, con asambleas ciudadanas por sorteo que conviven con los poderes legislativos y ejecutivos electos a nivel local y enriquecen su trabajo.

Conviene anticipar la objeción obvia. Una Asamblea así no le quita atribuciones a nadie. No sustituye a los ayuntamientos, ni a las alcaldías, ni a los congresos locales, ni al Consejo de Desarrollo Metropolitano, ni a los consejos consultivos existentes, ni al trabajo de la sociedad civil organizada. Abre un carril adicional, uno donde tenga voz la ciudadanía de a pie, la que atraviesa la metrópoli y vive día con día los beneficios y las limitaciones de la mancha urbana.

Durante décadas la metrópoli se ha gobernado como una suma de jurisdicciones que negocian entre sí, con la ciudadanía como espectadora. Hoy tenemos por primera vez un perímetro común, un instrumento de planeación por actualizar y cuatro gobiernos sentados en la misma mesa. Es el momento de sentar también a quienes viven aquí, elegidas y elegidos no por su currículum, su fama ni su militancia, sino por el simple hecho de vivir la metrópoli día con día.♦

Mauricio Mejía es activista y experto en participación ciudadana y democracia digital. Electo como COPACO para el periodo 2026-2029, colabora en Práctica Laboratorio para la Democracia y es consultor para gobiernos y organizaciones internacionales. Anteriormente, coordinó el área de participación ciudadana de la OCDE, trabajó en el Gobierno y el Parlamento franceses y fue profesor en la Universidad de Sciences Po Paris.