22 vs 1 ¿Legítima defensa?

Ponga mucha atención en esta declaración que apenas antier dijo el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila:

“El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece su acción decidida, contundente”.

 

 

Lo que estratégicamente Eruviel Ávila no menciona es que la acción del Ejército fue tan contundente que fueron 22 personas las que murieron en el enfrentamiento. Veintiún hombres y una mujer, todos civiles. Si las 22 personas que fallecieron eran delincuentes o no, nunca lo sabremos, porque no tuvieron acceso a un juicio justo, los mataron y ya.

El Gobernador del Estado de México califica la actuación de miembros del Ejército como “legítima defensa”, que es una figura jurídica en la que se justifica la comisión del delito y no genera responsabilidad penal. Pero para que exista legítima defensa debe haber proporcionalidad entre el ataque y la defensa. ¿Cómo puede asegurar Eruviel Ávila que hubo legítima defensa si hay 22 civiles muertos y sólo un militar herido?

Hace un par de meses Christof Heyns, Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, presentó un informe sobre la situación en México en el que recomienda al Estado Mexicano adoptar todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares.

El relator argumenta que “El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y sólo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas”. Claramente, el Estado Mexicano ha hecho caso omiso de esta recomendación.

La declaración de Eruviel Ávila además de avalar la actuación del ejército, es escalofriante por varios motivos:

–Sin oportunidad de defensa, sin juicio alguno y sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, el gobernador califica a las personas que murieron como “delincuentes”.

–Asegura que los miembros del Ejército actuaron en legítima defensa sin siquiera mediar una investigación judicial para determinar si hubo o no uso excesivo de la fuerza y ejecuciones arbitrarias.

–Al calificar a las personas como delincuentes, las criminaliza y anula sus derechos. No tenemos certeza de que las 22 personas que fallecieron hayan participado en la comisión de un delito (ni siquiera sabemos si en realidad hubo un delito) pero aún si lo hubieran cometido el Estado tiene la obligación de detenerlos, procesarlos y dictarles una sentencia que en ningún caso puede consistir en la muerte.

Pero sin duda lo más grave es el mensaje político: hay tolerancia gubernamental para el uso excesivo de la fuerza que puede derivar en ejecuciones arbitrarias. Ello es mucho peor que imponer la pena de muerte, porque ni si quiera hay un juicio previo.

 

@PAOLASAEB