2028: ¿fuga civil y embate militar irreversibles?

Consumada la reforma constitucional que prolonga la intervención militar en tareas de seguridad pública hasta el 2028, la pregunta obligada es si podemos imaginar la reversión de este doble proceso de fuga civil y embate militar. La fuga civil es la comprobación de que la mayoría de los gobiernos electos a lo largo del país no quieren, no pueden o no saben cumplir su promesa de construir la seguridad, la justicia y la paz. El embate militar es la confirmación de que las instituciones castrenses buscan la hegemonía en la seguridad pública y ocupan aceleradamente otras funciones civiles accediendo a recursos en proporciones inéditas, a costa precisamente de las autoridades civiles.

Nadie puede medir hasta qué punto hoy día el motor de este correlato es más empujado por la renuncia desde el poder civil o desde la presión del poder militar; en todo caso, no se explica lo uno sin lo otro. Y esto es lo fundamental, la militarización de la seguridad pública es un fracaso estructural del Estado mexicano que a pasos acelerados achica el Sistema Nacional de Seguridad Pública e inhabilita las posibilidades de implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, contrayéndose sin freno el presupuesto federal indispensable para darles funcionalidad.

Apenas en el 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiró la Ley de Seguridad Interior calificándola como un fraude a la Constitución, precisamente por entregar a los militares la seguridad pública. Hoy no sabemos qué decidirá el máximo tribunal ante incontables recursos legales que han llegado a sus manos con argumentos alineados precisamente con las razones que soportaron la decisión del 2018. La Corte paró el embate militar en ese año. De no hacerlo nuevamente, no habrá manera de romper el círculo vicioso que prolonga y agudiza las violencias y la delincuencia, justamente porque la mayoría de los gobiernos y la sociedad prefieren el enfoque del uso de la fuerza, la militarización y el castigo penal, aún si el mismo no resuelve y sí en cambio agudiza la crisis.

Es cierto que emergen y avanzan algunos brotes locales en vía civil que sí entregan resultados en la reducción de las violencias y la delincuencia. Mantengo el diálogo con algunos de sus liderazgos y me confirman que su peor temor es la asfixia ante el embate militar. Ahora recuerdo al titular de una de las policías municipales mejor calificadas del país, mostrándome hace poco más de un año la lista de lo que ya no podía presupuestar para sus operaciones ordinarias a consecuencia de los recortes de apoyos federales.

La reforma constitucional que prolonga la intervención militar hasta 2028 no fue aprobada porque las instituciones militares han demostrado que ellas sí construyen la seguridad, la justicia y la paz, a diferencia de los gobiernos civiles. Tampoco fue aprobada porque hubiera planes creíbles de fortalecimiento civil y desmilitarización. Fue aprobada a consecuencia de la hegemonía presidencial, a su vez insuflada por la fuga civil masiva a lo largo del país. “Todos los gobernadores y gobernadoras nos piden a la Guardia Nacional”, afirmó la senadora Olga Sánchez Cordero en entrevista recordando sus días al frente de la Secretaría de Gobernación.

Ahí está el asunto de fondo: estamos atrapados en la interdependencia de la fuga civil y el embate militar. Salvo algunas pocas “islas” de seguridad civil, el repliegue de los gobiernos electos y la ocupación militar del territorio afianzará aún más  la terrible descomposición que ya conocemos.

@ErnestoLPV