Redacción Animal Político · 16 de enero de 2023
El 2022 fue un año especialmente adverso para la lucha por los derechos humanos en México. A los episodios cada vez más frecuentes de violencia atroz, en noviembre se sumó la consolidación de la militarización en nuestro país mediante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional el “Acuerdo militarista”, que faculta al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Asimismo, no podemos pasar por alto las reformas legales en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública de septiembre de 2022 y la modificación del Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma a la Constitución General de la República en materia de Guardia Nacional de 2019, por medio del cual se amplió hasta 2028 el plazo en el cual el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, que fueron las piezas finales de esta institucionalización del golpe militar.
Estas modificaciones legales, realizadas por el poder democráticamente electo y avaladas por el contrapeso existente en nuestro diseño constitucional, parecen ser un síntoma clarísimo de un deterioro generalizado de la democracia en México. En un espacio anterior ya hemos hecho énfasis en cómo la democracia y los derechos humanos son interdependientes, 1 puesto que el ejercicio de la democracia electoral conlleva necesariamente el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, especialmente de las minorías, mientras que el respeto de los derechos humanos es necesario para garantizar la participación ciudadana; esto, en su conjunto, configura además el más grande contrapeso democrático.
Pero, ¿qué pasa cuando los mecanismos democráticos no están permitiendo evitar que la democracia se destruya a sí misma, al permitir que existan prácticas o disposiciones que atacan la vida misma de pilares democráticos fundamentales? No podemos olvidar que, al lado de la democracia formal, existe una dimensión sustancial de la misma, aquella que se engloba en la esfera de lo no decidible, de lo no disponible, y que se refiere a la garantía de los derechos y libertades de las personas. 2
Analizados los sucesos de 2022 a la luz de esa dimensión sustancial de la democracia, apreciamos una clara regresión democrática en México, marcada por una tendencia autoritaria del poder político que pretende apoyarse en las instituciones (especialmente las castrenses) para lograr sus fines, pero también por un silencio criminal, o incluso complicidad, de los poderes públicos que deberían servir de contrapeso, en especial por parte del Poder Judicial de la Federación, que salvo algunas muy dignas excepciones por parte de pocas juezas y jueces, sigue convalidando reformas abiertamente incompatibles con pilares democráticos y, por ende, incompatibles con un modelo constitucional que -en estricto sentido- se apoya en una teoría política de derechos.
Al tiempo que vemos esta tendencia antidemocrática de índole sustancial, se está sumando también una regresión de la democracia formal mediante una serie de reformas próximas a ser aprobadas por la Cámara de Diputados, que debilitarán enormemente al sistema democrático electoral y, con ello, al más grande contrapeso para revertir la arbitrariedad y frenar el avance de modelos políticos fascistoides, al reducir de forma sustancial el personal y facultades del organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones.
No debemos pasar por alto que uno de los pocos logros de la transición política mexicana ha sido lograr pasar de un sistema político de partido único a uno que, si no netamente democrático, sí es al menos competitivo y pluralista en cuanto a partidos políticos. Sin embargo, las señaladas reformas representan un grave riesgo para ese sistema, dado que en la práctica no hay claridad en quién se hará cargo de muchas funciones que, debido a la reducción en su estructura, no podrá realizar el organismo electoral nacional. Si las regresiones democráticas en lo poco avanzado son tan profundas, es sencillo apreciar por qué en lo no avanzado ―protección sustancial de derechos humanos― no encontramos en esta situación de crisis.
Pareciera que el objetivo es debilitar a una institución que sirve como contrapeso en un ámbito específico; en general, hemos podido apreciar como a otros órganos autónomos se les ha hecho lo mismo o se les ha capturado, para evitar que resulten incómodos al Poder Ejecutivo. Un ejemplo palpable de ello es la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha aceptado tomar el rol de una institución al servicio de Poder Ejecutivo y no como una verdadera Comisión en defensa de los derechos humanos; basta recordar cuando decidió no presentar Acción de Inconstitucionalidad en contra de las reformas a diferentes leyes en materia de Guardia Nacional, en septiembre del año pasado. 3
Si consideramos esta captura, debilitamiento o desmantelamiento de aquellas instituciones que pueden servir como contrapeso, en conjunto con el contexto general de violencia y de violación sistemática de derechos humanos en México y con el protagonismo excesivo de las fuerzas militares, que ya han llegado incluso a cuidar las instalaciones de servicios públicos, podemos concluir que la regresión democrática de nuestro país ya ha alcanzado tanto a la dimensión formal como a la sustancial: nos encontramos frente a una indiscutible debacle democrática que pone en riesgo la posibilidad de frenar la arbitrariedad. En ese sentido, la comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad con México pues a la crisis de derechos humanos se suma una crisis institucional y democrática que puede revertir lo poco que se ha avanzado en las últimas décadas.
* Víctor Dávila (@victormdavleal) es abogado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España; es colaborador en el Área de Defensa Integral de la @CMDPDH. Víctor Del Pozo (@aluonso) es Licenciado en Derecho por el CIDE y Subdirector Ejecutivo de la @CMDPDH.
1 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/62/7.
2 Luigi Ferrajoli, La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, (Madrid: Trotta, 2014), 9 y 136.
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, PRONUNCIAMIENTO DGDDH/067/2022, Posicionamiento institucional frente a las reformas aprobadas por el Senado respecto de la Guardia Nacional: la CNDH no promoverá acción de inconstitucionalidad alguna, 13 de septiembre de 2022.