14 años de lucha contra la impunidad en el caso #MujeresDeAtenco

Llegó el 14 aniversario de los hechos de San Salvador Atenco. No se trata de una hoja que se arranca del calendario del pasado ni de una conmemoración vacía. Se trata de la impunidad en la que permanecen hechos gravísimos que comprendieron el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura y tortura sexual como mecanismo de control.

También se trata de un reconocimiento a la lucha de unas valientes mujeres que han dado ejemplo de resiliencia, generosidad y fuerza. Los días 3 y 4 de mayo de 2006 representaron el inicio de un proceso largo y difícil para arrancar justicia y verdad: con las secuelas de lo sucedido a cuestas, once de las sobrevivientes de esos hechos decidieron alzar su voz para que se supiera lo que verdaderamente aconteció en esas terribles horas -y en la criminalización subsiguiente- y buscar el castigo para los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a derechos humanos cometidas.

Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, María Patricia Romero, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, Ana María Velasco, Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, María Cristina Sánchez, Angélica Patricia Torres y Claudia Hernández acudieron a los medios a su disposición: a levantar la voz con quienes quisieron escucharlas, a apelar a las vías jurídicas mexicanas y a construir organización de pares por medio de la campaña Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual.

Ellas han conseguido que su voz sea escuchada en diversos foros y han impulsado la libertad de otras mujeres que han sobrevivido a lo mismo: Claudia Medina, Yecenia Armenta, Belinda Garza, María Magdalena Cabrera, Cristel Piña, Denis Blanco, Korina Utrera, Charly Hernández, Dalila Torres, Samantha Castillo, Marisol Vázquez y Mónica Esparza. La tortura sexual, un hecho ignorado en sus dimensiones y en su impacto, salió a la luz de la mano de su testimonio y logró que mujeres integrantes de la campaña también rompieran el silencio . Su historia se ha reproducido en México y muchos otros países, desde pequeños espacios hasta cortes internacionales. Su lucha ha dado frutos y su fuerza ha conmovido conciencias.

En lo que hace a la investigación de los hechos, sin embargo, no ha habido una respuesta de las autoridades a la altura para esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables. Así, las mujeres se vieron obligadas a recurrir al sistema interamericano de derechos humanos en busca de la justicia negada en México.

A poco más de 12 años de los hechos, en diciembre de 2018, se conoció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dio la razón y ordenó una serie de medidas al Estado mexicano que son de observancia obligatoria y que abonan no solamente a la justicia en su caso, sino a la mejora democrática del uso de la fuerza en México y a la ruptura de la impunidad.

Lamentablemente, con el paso de los meses, se acerca el vencimiento del plazo que tiene el Estado para llevar a cabo las medidas ordenadas. Y aunque se ha avanzado en algunas, la impunidad persiste. Quienes ordenaron, propiciaron o permitieron las masivas y graves violaciones a derechos humanos no se encuentran rindiendo cuentas ante la justicia. Además, las medidas que evitarían la repetición de este tipo de eventos, como el fortalecimiento del Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y la creación de un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, se encuentran estancadas.

En estos 14 años, las mujeres de Atenco nos han demostrado que los procesos de justicia y verdad solamente avanzan con el empuje de las personas sobrevivientes y de la sociedad que las escucha y se les une. Ellas lograron elevar un caso que parecía condenado al olvido por la fuerza del Estado hasta la máxima instancia de justicia en el continente y han extendido su lucha para beneficiar a otras mujeres en situaciones parecidas.

Un caso tan notable por su gravedad y por la empeñosa lucha de las sobrevivientes no debe quedar en la impunidad. Como hemos señalado:  el Estado mexicano aún le debe a estas valientes mujeres el reconocimiento de la verdad y las medidas dirigidas a conseguir justicia, para así iniciar un camino de reparación de las graves violaciones a derechos humanos que padecieron y de la revictimización y criminalización agregadas por las acciones posteriores de las autoridades. Nada menos. Urge que las autoridades muestren proactividad en lo que les corresponde y apresuren el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana.

@CentroProdh