A 12 años de Ayotzinapa: ¿avances o una nueva verdad histórica?

Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegarán a un aniversario más de la desaparición forzada de sus hijos en medio de una nueva disputa narrativa por lo ocurrido aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Esta nueva disputa tiene reminiscencias de la llamada verdad histórica, una narrativa fabricada por la administración del expresidente Peña Nieto para dar una supuesta solución al caso, en respuesta a la presión social y mediática. La verdad histórica se construyó con base en violaciones procesales y de derechos humanos para eludir la rendición de cuentas de autoridades locales y federales, incluido el Ejército.

A pesar de la exigencia de las familias de los muchachos y de la evidencia generada en estos 12 años por instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) y la propia FGR, el rumbo de la investigación actual insiste en llegar a la verdad por un camino que le evite mayores molestias a las Fuerzas Armadas, las cuales, ha quedado demostrado, jugaron un rol mucho más relevante de lo que originalmente reconocieron.

La administración de Claudia Sheinbaum ha tratado de caracterizar su investigación como una basada en el análisis científico de la información. Su principal apuesta ha sido el reanálisis de la información de telefonía generada durante el desarrollo de los hechos que llevaron a la desaparición forzada de los estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Para este aniversario, los dos principales avances de la investigación que presentan la FGR y la SEGOB son la detención y vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero en el periodo 2011-2014, y la intervención forense de las instalaciones de las funerarias “el Ángel” y “Rueda”.

Nada se ha aportado para aclarar el paradero de los 43 estudiantes

Pese al énfasis científico que se ha querido dar a la investigación, lo cierto es que el principal soporte de estos avances son las declaraciones de testigos colaboradores, una técnica de investigación que, si bien es plausible, cuando se abusa de ella y se omite la corroboración respectiva de su contenido, puede llevar a distorsiones de los hechos y a generar, eventualmente, debilidad en un caso para sostenerse ante un tribunal. Parece difícil pensar en un escenario donde las autoridades ministeriales desconocen este riesgo, por lo que es razonable plantearse la duda de si estas acciones obedecen más a la priorización de los intereses narrativos del gobierno federal, que a la voluntad genuina de dar verdad y justicia a las víctimas. Aun siendo acciones significativas para las familias, en especial la detención del exgobernador, hasta ahora nada han aportado en términos del esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Por lo anterior, la insistencia de las familias en obtener la información faltante del Ejército no es una mera consigna política, sino que tiene justificación operativa y estratégica para la investigación. La información proveniente de las Fuerzas Armadas —obtenida por el tesón de padres y madres, organismos internacionales y algunas personas funcionarias— es la que nos ha permitido conocer los elementos más concretos de posibles rutas de ocultamiento de los estudiantes.

Tal es el caso del documento publicado por la propia COVAJ el 1 de octubre de 2021, identificado como “HOJA DE REFERENCIA NO. 14-04885 DE 5 OCT. 2014”, el cual da cuenta de la intervención de comunicaciones que realizó el Ejército en tiempo real a diversos actores que intervinieron en la detención y desaparición de los estudiantes. 

¿Una claudicación frente al poder militar?

En las comunicaciones intervenidas se habla de distintos lugares de posible destino de un grupo importante de los estudiantes; además, surgen preguntas de investigación a partir de la existencia en sí misma del documento, como ¿quién generó el documento, la persona o personas ya fueron entrevistadas? ¿Existe una versión íntegra de la intervención a comunicaciones que se transcribe en el documento? ¿Quién más tuvo acceso al documento? ¿Quién tomó las decisiones de actuar o no actuar frente al contenido de este?

No es la intención de esta reflexión descartar de antemano la ruta de investigación elegida por la actual administración, sino llamar la atención sobre lo que parece ser una claudicación frente al poder militar. No se trata de plantear que solo la ruta que interpela al Ejército nos puede llevar a la verdad, pero sí de que, objetivamente, podemos llegar a la convicción de que las Fuerzas Armadas cuentan con más información para el esclarecimiento del caso. Sin embargo, a estas les falta voluntad para someterse al control y escrutinio civil. Incluso en el caso de que, sin confrontar a las Fuerzas Armadas, se logre establecer el paradero o suerte final de los estudiantes, estaríamos frente a una derrota de la justicia y la democracia sustantiva.♦ 

*Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de Derechos Humanos de Fundar México.

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