100 mil personas desaparecidas: la tragedia humanitaria que vivimos en México

“Fuimos nosotros quienes encontramos a mi mamá. Ellos (las autoridades) no nos ayudaron a buscar, no nos ayudaron a detener a nadie, todo lo hicimos nosotros”, así describe Luz María Silva Sosa la omisión del Estado en la búsqueda de su madre, Julia Sosa, desaparecida el 16 de octubre de 2018.

Cuando las hijas de Julia acudieron a las autoridades para denunciar la desaparición de su madre, les dijeron que tenían que esperar a que se cumplieran 72 horas. Cuando por fin iniciaron la carpeta de investigación, las autoridades no llevaron a cabo las acciones de búsqueda adecuadas. Por ello, las hijas de Julia indagaron, ataron cabos y descubrieron que su madre había sido asesinada y sepultada en el rancho donde trabajaba su pareja.

Dieron parte a la autoridad pero ésta no llegó sino hasta el día siguiente, por lo que las hijas de Julia tuvieron que permanecer en el lugar toda la noche, resguardando el cuerpo de su madre. Este estremecedor testimonio consta en nuestro informe Juicio a la justicia y es uno de los tantos ejemplos de la pesadilla cotidiana que viven las familias de las personas que han desaparecido en México.

El Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con su obligación de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que vivimos y transitamos por el país, como lo demuestra la cifra oficial de más de 100 mil personas desaparecidas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo con el informe que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) entregó al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), durante su visita a México en noviembre del año pasado, de 1964 al 12 de noviembre de 2021, se tienen reportadas como desaparecidas 23 mil 302 niñas, mujeres adolescentes y mujeres. De esa cifra 18 mil 113 son de 2007 a noviembre de 2021.

La certeza que prevalece es que el riesgo de ser  desaparecido o desaparecida en este país es muy alto.

En la década de los 70, agentes del Estado mexicano recurrieron a la desaparición de personas como una forma de represión política contra quienes pugnaban por la apertura de nuevos espacios de participación social. Fue justamente en ese oscuro período que se fundó la sección mexicana de Amnistía Internacional, documentando las atrocidades que formaron parte de la denominada “guerra sucia”.

El informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), presentado luego de su visita a México en noviembre de 2021, refiere que actualmente en las desapariciones forzadas están involucrados agentes del Estado de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como la delincuencia organizada. Precisa que hay diversas formas de connivencia de ésta última y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión por parte de personas servidoras públicas.

La desaparición forzada en México afecta a hombres, mujeres, niñas, niños, personas de los pueblos originarios, personas migrantes, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, y de la comunidad LGBTI.

Las desapariciones están ligadas a violencia sexual, feminicidios, reclutamiento de grupos criminales, secuestros, trata de personas, entre otros delitos. Las desapariciones tienen un carácter continuo y no hay estado de la República mexicana libre de este fenómeno.

De acuerdo con el informe del CED, la desaparición forzada registró un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021. Fue justamente en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando inició el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en el marco de la denominada guerra contra la delincuencia organizada.

Esa política continuó en la administración de Peña Nieto y se ha mantenido en el actual gobierno. En nuestro Informe 2020/21 Amnistía Internacional la situación de los derechos humanos en el mundo, damos cuenta de que la actual administración desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que los dos gobiernos anteriores.

La decisión de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contraviene el derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con el cual el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, del 28 de noviembre de 2018, establece que el uso de fuerzas armadas para labores de seguridad pública no puede ser una norma sino una clara y extraordinaria excepción que, de darse, debe ser extraordinaria, es decir temporal y restringida a lo estrictamente necesario; subordinada y complementaria a las corporaciones civiles; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

El carácter de extraordinario ya ha sido rebasado con mucho en México, pues del año 2006 a la fecha las fuerzas armadas llevan ya 16 años en las calles. Además, en los últimos dos años, el Estado mexicano les ha dado atribuciones para construir obras civiles, controlar las aduanas del país y vigilar aeropuertos.

Estado ausente

Otra característica del problema de la desaparición de personas en México es que las instituciones del Estado, por inacción, omisión, incapacidad y falta de recursos, no realizan tareas de búsqueda. Esta actividad primordial recae entonces en las familias de las víctimas, que la llevan a cabo en su desesperación por localizar a sus familiares.

De esta forma, las familias planean operativos de búsqueda y hacen trabajo de campo con sus propios recursos. Han llegado a un nivel de conocimiento especializado tal, que saben identificar fosas clandestinas; distinguen restos humanos, saben determinar si son de personas jóvenes o adultas, hombres o mujeres, si son recientes o llevan varios años sepultadas. Las colectivas de búsqueda conforman ya una suerte de red especializada que intercambia información, conocimientos técnicos y equipo, pero, además, proporcionan información valiosa a los servicios forenses de las fiscalías.

La ausencia y omisiones del Estado en labores de búsqueda constituye una expresión de violencia institucional que revictimiza a las familias de las víctimas de personas desaparecidas, porque deben invertir una gran cantidad de recursos (tiempo, dinero, conocimientos) en una labor que es competencia y obligación del Estado. Pero además, en su labor de búsqueda, las familias de personas desaparecidas están expuestas a situaciones de muy alto riesgo.

La indolencia del Estado mexicano frente a la desaparición de personas impide que las familias puedan reconstruir su proyecto de vida y reconstituirse emocionalmente  después de un evento tan doloroso como la desaparición de un ser querido.

Impunidad infinita

Pese a todo este trabajo de las colectivas de buscadoras, las autoridades no avanzan en las investigaciones y la impunidad se perpetúa en un ciclo interminable.

Como ejemplo de ello, con más de cien mil personas desaparecidas, en México sólo se han emitido 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, como lo advertimos en nuestro Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo. A ello hay que agregar el señalamiento del CED de que hay más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.

El Estado mexicano cuenta actualmente con un importante soporte normativo e institucional para la búsqueda de personas desaparecidas, conformado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la Ley General de Víctimas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En cuanto a instituciones están las comisiones locales de búsqueda; las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y los centros y unidades dedicados a la identificación humana en diferentes estados de la República, por citar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, de nada sirve todo ese entramado legal e institucional ante la falta de recursos para ponerlo en práctica. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, este aspecto es el punto de partida para erradicar el problema.

Para atender este terrible flagelo es imprescindible que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de organismos como el CED, entre las que se encuentran la implementación de una política nacional integral de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas; abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México; implementar de manera adecuada el marco normativo, jurisprudencial e institucional en materia de personas desaparecidas en todo el país.

La atención del problema pasa obligadamente por tomar en cuenta las observaciones que ha hecho el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en torno a la necesidad de contar con un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI) y con los registros y bases de datos que sean necesarios para avanzar en la identificación de personas. Las voces de las familias y de las colectivas de buscadoras son fundamentales en este proceso, dada la experiencia de que han hecho acopio en su trabajo cotidiano.

Sólo dotando de recursos materiales, técnicos, equipo y personal especializado a las instituciones responsables de las labores de búsqueda, el Estado mexicano podrá cumplir con su deber de dar con el paradero de más de 100 mil personas que hoy están siendo buscadas por sus propias familias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Este sería un primer paso en la ruta para atender la gran tragedia humanitaria que implica la desaparición de personas en México. Las familias de las víctimas exigen y merecen acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, que incluya garantías de no repetición y la restitución de la dignidad y la memoria de las personas desaparecidas. De esta forma se empezaría a poner fin al largo duelo en el que viven más de 100 mil familias a quienes acompañamos desde Amnistía Internacional y también a responder la pregunta: ¿dónde están?

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).