10 hechos sobre el posible conflicto de interés del hijo, la nuera y PEMEX

El INAI fue contundente: no puede investigar los ingresos de un particular que no es sujeto obligado por la ley, como Carlos Loret de Mola. Así lo pida el presidente de la república.

Y la ley, en materia de conflicto de interés, también es clara: “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Es decir, un conflicto de interés no es en sí mismo un delito o un acto de corrupción, en tanto no se declare, se investigue y se demuestre que hubo actos en beneficio de los servidores públicos y sus familiares.

Entonces, ¿hubo algún conflicto de interés en los contratos millonarios otorgados por PEMEX a la empresa Baker Hughes, cuyo ex-ejecutivo era propietario de la casa rentada en Houston al hijo del presidente y su nuera?

Lo cierto es que no lo sabemos, porque falta información y transparencia sobre el asunto. Por eso, enlisto aquí los hechos probados que sí conocemos (gracias al periodismo) hasta ahora sobre el escándalo de la llamada “Casa Gris”:

1. José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, hijo y nuera del presidente de México, respectivamente, vivieron de agosto de 2019 hasta mediados de 2020 en una casa rentada ubicada en Conroe, Texas, cuyo valor estimado es de 1 millón de dólares. La casa era propiedad de Keith Schilling, un ex-alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de PEMEX. Hay fotos y videos de la familia habitando la casa.
2. La renta de la casa costaba 5 mil 700 dólares al mes y para ocuparla había que demostrar ingresos por el triple de ese monto, 17 mil 100 dólares mensuales (unos 342 mil pesos). La negociación la realizó el agente Joseph Villegas, de la agencia Turbo Realty, con Carolyn Adams. Adams pagó un depósito y firmó un contrato el 9 de julio de 2019 para poner la casa como “pendiente”.
3. A pesar de que la casa fue ocupada, el estatus de la casa en el sistema de bienes raíces de Texas nunca cambió de “pendiente” a “rentada”, sino que salió y quedó como “fuera de mercado” el 24 de julio de 2019. Chris Schilling, dueño de Turbo Realty, la agencia encargada de comercializar la casa, negó dar declaraciones sobre su posible parentesco con Keith (el ex-ejecutivo de Baker Hughes) y Virginia Schilling, madre de éste y agente que registró la casa para rentarla.
4. Carolyn Adams dijo que la renta sucedió “bajo formalidad”, pero esta nunca fue registrada en el sistema de bienes raíces de Texas, de acuerdo con el testimonio que el agente Joseph Villegas dio a la periodista Peniley Ramírez.
5. Baker Hughes, la empresa contratista, recibió durante ese periodo 194 millones de dólares (unos 3 mil 900 millones de pesos) en contratos por parte de PEMEX. Dato que confirmó Octavio Romero, director general de la paraestatal.
6. Sobre Baker Hughes existe un permiso condicionado para futuras ampliaciones de contrato que le exige informar si ha incurrido en algún acto de corrupción, según información del área jurídica de PEMEX, también revelada por Peniley Ramírez.
7. Accionistas de Baker Hughes en Estados Unidos solicitaron a la SEC (Security Exchange Comission) iniciar una investigación para determinar el posible conflicto de interés en el caso.
8. Sin mostrar evidencia, José Ramón López Beltrán confirmó que todos sus ingresos personales provienen de su trabajo como “asesor legal y de construcción” en KEI Partners, empresa registrada en Houston en 2019 y cuyo socios son Karla Wiedemann, Erika Chavez Cambero e Iván Chávez Saúl, este último vicepresidente de Grupo Vidanta cuyo fundador, Daniel Chávez Morán, es asesor del presidente de la república.
9. La página de internet de KEI Partners fue improvisada a la par que el hijo del presidente emitió su comunicado de respuesta a través de Twitter y hay evidencia de que muchas de las fotos y material de la misma fueron copiadas y plagiadas de otros sitios de internet.
10. Grupo Vidanta ha sido generoso con el gobierno de México: compró 200 millones de pesos en cachitos para la rifa especial alusiva al avión presidencial, participa de manera “honoraria” en la supervisión del Tren Maya y le donó un terreno de 2 mil hectáreas para un parque solar en Sonora. El grupo opera 30 centros turísticos con diversas concesiones para playas en el Pacífico y el Caribe Mexicano.

Los hechos están ahí y las respuestas de la familia del presidente, y de él mismo, han sido insuficientes para aclarar la relación o desconexión entre ellos. Más que información hemos recibido ataques, desviaciones de atención y más propaganda.

Muchas sospechas se disiparían si pudiéramos conocer el contrato original, el monto real de la renta, los medios de pago, el origen del dinero. En un acto de transparencia de una familia que se sabe políticamente expuesta y cuyo líder pregona continuamente su superioridad moral desde una tribuna financiada con recursos públicos.

Los hechos ameritan, por lo menos, una investigación de parte de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de la Función Pública con el fin de deslindar responsabilidades. Investigación que fue frenada por la bancada de Morena en el Senado.

Para entender el costo político y social de dejar el asunto inconcluso vale tener memoria y recordar cómo Peña Nieto simuló, con Virgilio Andrade de patiño, una investigación que lo “exoneró” legalmente del conflicto de interés en la Casa Blanca. La Casa Blanca y la farsa de su investigación marcaron para siempre su sexenio y a él mismo como corruptos.

Por eso, si el presidente López Obrador quiere pasar a la historia como un gobernante honesto, debe ser transparente con su familia. Y hasta ahora, no lo ha sido.

@AdrianLopezMx