Martí e Isabel Miranda culpan a gobernadores por la violencia

Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, dirigentes de las organizaciones civiles contra la inseguridad México SOS  y Alto al Secuestro, respectivamente, coincidieron que durante los últimos cinco años “los gobiernos de las 32 entidades federativas se han dedicado a no hacer nada y a cargarle el bulto al aparente responsable de la seguridad de este país”, en referencia al presidente Felipe Calderón, por lo que “habría que preguntarnos ¿por qué los gobernadores no están haciendo su trabajo?”.

Reunidos ayer para la presentación del estudio titulado Índice de de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves, elaborado por la asociación civil México Evalúa  (el cual destaca el incremento de los crímenes violentos en el país, todos del fuero común), ambos padres de víctimas fatales del crimen organizado subrayaron que son los gobiernos estatales, y no el federal, los primeros responsables por el deterioro de la seguridad, relacionada con los homicidios, secuestros, extorsiones y robos con uso de fuerza. 

De hecho, destacó Martí, para la recomposición de las policías estatales y municipales “se han mandado importantísimos recursos desde el nivel federal, pero los gobiernos estatales y municipales se han hecho tontos”, por lo que invitó a la ciudadanía a “no ver el resumen (de la inseguridad) a nivel nacional, porque éste es la suma de todos los estados y municipios, sino ver quiénes han contribuido a que este país se halle en el estado actual (…) No le estamos pagando a los gobernadores para que se paseen en helicópteros y aviones, sino para que den resultados”, remató.

Calderón es inocente

Las críticas al desempeño de los gobiernos estatales, destacó por su parte Isabel Miranda, “no representan un espaldarazo a la estrategia federal contra la inseguridad”, sino que responde al simple hecho de el abatimiento de los delitos violentos que más han aumentado en lo que va del sexenio no corresponde al presidente Calderón sino, precisamente, a los Ejecutivos de cada entidad federativa.

Y es que, según el estudio presentado ayer por México Evalúa, durante los últimos cinco años, el promedio mensual de asesinatos en el país aumentó 96% en comparación con el sexenio anterior; además, la cifra de secuestros creció 198%; la de extorsión, 101%; la de asaltos violentos 42% y la de robo de autos mediante coacción física 42%.

Más concretamente, el estudio elaborado a partir de estadísticas oficiales destaca que, entre 2007 y 2011, se han abierto averiguaciones previas por más de 202 mil asesinatos, 9 mil 970 secuestros, 42 mil 271 extorsiones y 2 millones 952 mil asaltos violentos, y esto sólo abarca el 20% de los delitos que, se considera, llegan a ser denunciados formalmente ante el Ministerio Público del fuero local, que es controlado por los gobernadores estatales y no por el presidente de la República.

No obstante, aseguró Miranda de Wallace, “pareciera que sólo nos interesa hacer quedar mal a unas personas y a otras no (…) Esta es la inercia que debemos vencer los ciudadanos, la de agarrar a alguien como si fuera piñata y darle sin importar si es culpable o no.”

Por su parte, Alejandro Martí destacó que la presencia de fuerzas federales en distintas entidades del país, realizando labores de seguridad pública, no hace responsable al gobierno de Calderón de los actuales niveles que, en materia de delitos del fuero local, se están registrando, ya que “los gobiernos estatales de origen estaban rebasados y fue entonces que entró la Federación”.

De hecho, destacó Miranda, la aparición de fosas clandestinas como las descubiertas hace tres años, exactamente, en Tamaulipas (donde fue reforzada la presencia militar ante la debilidad de las policías locales), será una escena que en breve comenzará a verse también en Veracruz, y continuará en Durango, Guerrero y el mismo Tamaulipas, “estado donde aún quedan al menos 500 cadáveres por desenterrar, según denuncias de los habitantes de la zona”.

No hay leyes perfectas

Por esta misma omisión de las autoridades estatales, en cuanto a su responsabilidad de combatir los delitos del fuero común que más afectan a la sociedad, aseguró Martí, es importante la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, incluso en sus términos actuales, impugnados por otros líderes civiles como Javier Sicilia, ya que “si no tenemos reglamentada la acción del Ejército en los estados, ahí van a estar los soldados toda la vida, ya que los gobiernos locales no tendrán ningún incentivo para mejorar, se van a seguir haciendo concha porque alguien más estará haciendo su trabajo”.

Además, añadió Isabel Miranda, “hoy, lo que necesitamos es un marco jurídico, si queremos leyes perfectas nunca vamos a llegar a nada”, por lo que aseguró que su propuesta es seguir la misma ruta con la que fue aprobada la Ley contra el Secuestro, la cual fue avalada aún con aquellos “errores” que preocupaban a las agrupaciones civiles, y meses después fue reformada para incluir tales inquietudes, “lo mismo queremos hacer ahora”, afirmó.

Diálogo con aspirantes

La presidenta de la organización Alto al Secuestro adelantó que todas las agrupaciones que integran el Observatorio Ciudadano para la Seguridad buscarán formalizar “debates” entre ciudadanos y los candidatos que aspiren a contender en las elecciones de 2012, ya que “lo que no queremos es que nos vendan solamente discursos, ahora queremos que los aspirantes nos digan qué es lo que harán y con qué cuentan, y confrontarlos con los resultados que obtuvieron eb los puestos que antes ocuparon.”

Se trata, remató Martí, de “presentarles los puntos que nosotros sentimos que se deben corregir en México, además que el Observatorio evaluará sus discursos y el contenido de lo que están diciendo, para ver si son válidos o no, para luego presentar nuestra opinión a la ciudadanía”.