Estados no reportan en qué gastan dinero asignado a seguridad

En México, es imposible saber qué equipo policial compraron con recursos públicos las entidades federativas o determinar sí éste es adecuado para las necesidades en seguridad pública de cada estado, concluyeron el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización civil Causa en Común tras analizar los mecanismos de rendición de cuentas de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

Con ese fondo, el gobierno federal reparte cada año 7.6 mil millones de pesos entre las 32 entidades federativas para la ejecución de estrategias de seguridad ciudadana, prevención del delito y procuración de justicia, pero los pocos datos que los estados publican sobre su aplicación impiden conocer sí éstos realmente se utilizan para alcanzar objetivos en seguridad.

“Lo que encontramos es que la información de gasto y presupuestal es limitada, los informes trimestrales (de gastos) son poco homogéneos o no están disponibles y hay una opacidad sistemática sobre la operación del FASP. Sí hay una fiscalización del gasto pero sin una sanción clara a las responsabilidades. En consecuencia, lo que vemos es una insuficiente rendición de cuentas del fondo”, dijo  Alejandro Hope, director de seguridad del IMCO.

En el reporte se analizó como muestra la información disponible de 10 entidades federativas -Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz-, elegidas a partir de diferentes indicadores de seguridad como gasto, número de delitos, de homicidios, de policías y población, entre otros.

Se solicitó información en los estados sobre los procedimientos de adquisición y el tipo de equipo policial comprado para garantizar la seguridad ciudadana, tales como chalecos antibalas, uniformes o escudos anti motines.

El resultado es que no existen datos sobre precios, características o especificaciones de esos materiales, por lo que hace falta un catálogo público del equipo para seguridad ciudadana que se compra con recursos públicos cada año.

Según el IMCO y Causa en Común, debido a que no existe un Programa anual de adquisiciones, es imposible saber sí lo reportado por las entidades federativas es “todo o sólo un pedazo de lo realmente comprado”.

El FASP concentra el 45% de los recursos federales entregados a los estados para seguridad, pero el principal argumento para no transparentar en qué se usa es que la información está reservada precisamente por motivos de seguridad, aunque según estas organizaciones no existen lineamientos claros para determinar en qué casos se puede utilizar las causales de “seguridad pública” y “seguridad nacional” para negarse a entregar información.

Por ejemplo, sobre el equipo policial adquirido por entidad federativa, los estados negaron la información y remitieron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como institución responsable de los datos. El Secretariado respondió tras una solicitud de información que al entregar el número de vehículos, uniformes y aditamentos comprados se puede “llegar a deducir el estado de fuerza de policías y custodios con que cuenta” cada estado, lo cual es información pública disponible en el mismo sitio web del SESNSP.

Sin objetivos claros

De las 10 entidades federativas que fueron parte de la investigación, ocho -Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Tabasco-, no cumplen con la obligación de publicar los Convenios de Coordinación con el gobierno federal, que es el documento en el que se establecen los “fines específicos” del FASP.

[contextly_sidebar id=”0dceb57a299822cdb6fd9c86734ceb5e”]Asimismo, ningún estado cumple con la publicación del Anexo Técnico Único, en el que se acuerdan los objetivos, metas y mecánicas particulares de cada acción que se llevará a cabo con los recursos del FASP, con base en la estrategia nacional de seguridad.

“No está construido el sistema para saber a dónde va, cómo se gasta y cuáles son los resultados (…) lo que afecta (esta opacidad) es la confianza ciudadana en las instituciones, al no saber en dónde queda el dinero y si está teniendo los efectos deseados”, dijo Hope.

La Ley de Coordinación Fiscal establece la fórmula para distribuir el FASP, que toma en cuenta criterios como población, avance en las evaluaciones policiales, desempeño en el combate a la delinicuencia, avance en sistemas de información y el porcentaje de recursos ejercidos el año anterior; éste último factor, según el IMCO y Causa en Común, provoca que los estados gasten más a finales de año para evitar penalizaciones, sin que necesariamente implique un mejor gasto.

“Gastan más por el miedo de que les quiten el 5% del recurso según lo establecido en la fórmula, pero también tiene que ver en que al final del año sí ellos hacen un convenio y no se pudieron gastar el dinero en lo establecido, mandan decir que lo usarán en otra cosa y así no fiscalizan en qué se lo gastaron”, explicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

La fiscalización de los recursos del FASP está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ha señalado que en el ejercicio de ese fondo “existen espacios para el despliegue de prácticas discrecionales y de opacidad”.

Sin embargo, no se conoce cuántos y qué funcionarios han sido sancionados por el uso indebido de recursos del FASP porque una vez que la ASF emite un informe de responsabilidades administrativas, el seguimiento a éstas corresponde a las instancias de fiscalización de cada estado, quienes no informan sobre las sanciones efectivas.

En manos del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Ante este escenario, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización civil Causa en Común plantearon una serie de recomendaciones para el Consejo Nacional de Seguridad Pública,como instancia encargada de velar por una correcta rendición de cuentas del FASP.

Primero, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública haga públicos los convenios firmados con las entidades federativas sobre las metas y objetivos específicos de los recursos.

Publicar o crear un catálogo de bienes adquiridos con el Fondo, crear un comité para dar seguimiento y sancionar las malas prácticas, publicar reportes periódicos sobre el uso de recursos para seguridad pública y darle menos peso a las penalizaciones por subejercicio de los recursos.

Estos organismos civiles también recomiendan al Consejo Nacional de Seguridad Pública -integrado por el Presidente de la República, el secretario de Gobernación, el de la Defensa Nacional, el Procurador General de la República, los gobernadores de los Estados, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, el Secretario Ejecutivo del Sistema y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos-, limitar la causal de seguridad nacional o seguridad pública para reservar información.

La nula rendición de cuentas de las entidades federativas para ejercer este fondo no sólo implica tener “poco control” sobre el gasto público, sino permitir prácticas opacas en detrimento de la política de seguridad del país, concluye el IMCO y Causa en Común.