Dulce Ramos · 11 de agosto de 2011
El subdirector William Hoover llamó de emergencia a una junta en la que dijo que quería una estrategia para abandonar la estrategia, para cerrar la operación. La ATF por década se había dedicado a detener el paso ilegal de armad de cualquier tipo. Ahora estaba permitiendo la compra ilegal de armas en la frontera suroeste de EU, dejando que las armas entraran sin ser revisadas a nuestro país.
Pero en estas reuniones, las cuales incluyeron a funcionarios del Departamento de Justicia, no se quería detener las ventas ilegales de armas hasta que tuvieran algo para mostrar como resultado. Hoover sugirió un plan para detener el programa en entre uno y tres meses, el cual pudiera acabar la operación en cuanto hubiera algunos cargos formales.
Pero los cargos no llegaron por otros 10 meses, después de los cuales dos semiautomáticas fueron halladas después de la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza de EU al sur de Tucson, Arizona, y cerca de otras 200 armas de fuego fueron encontradas en México en escenas de crímenes.
“Yo probablemente debí haber hecho mucho más ruido con eso, no hay duda”, reconoció Hoover. “Probablemente debí haber ido en avión a Phoenix para encontrar al equipo de división y al equipo de abogados y discutirlo.”
Rápido y Furioso fue un programa de alto perfily secreto que empzó con una gran ambición. La frontera estaba fuera de control y el nuevo gobernante, Obama quería detener el cruce de armas hacia méxico para detener la carrera armamentista de los cárteles.
El Departamento de Justicia, del cual depende la ATF, presionó para que los agentes dejaran de realizar arrestos pequeños y se concentraran en los operadores de cárteles.
Hoy el programa es sujeto de dos investigaciones para saber por qué fue aprobado, por qué nadie puso un final rápido a la operación y quién entre los principales funcionarios de la ATF debería ser responsabilizado. Nadie cree ahora que fue una buena idea.
“Esto no es una técnica que debiera ser usada, afirmó el fiscal general de EU Eric Holder Junior, quien ordenó a un inspector general una investigación de la operación.
Las cámaras legislativas de EU también investigan lo sucedido, con sus ojos puestos en Holder y otros políticos. “El Departamento de Justicia no es nuestro socio en esta acción”, dijo el senador republicano Darrell Issa, jefe del Comité de reforma gubernamental de la cámara de representantes.
De hecho, de acuerdo con algunos memos, correos electrónicos y otros materiales obtenidos por The Times, junto con transcripciones de declaraciones bajo juramento y testimonios del capitolio, el Departamento de Justicia proveyó la iniciativa inicial para lo que se convirtió en el programa Rápido y Furioso.
En octubre de 209, funcionarios del entonces fiscal adjunto David Ogden, el número dos de Holder, envió un memo de nueve páginas a los supervisores en la frontera. El memo llamado “Departamento de Justicia por el combate de los cárteles mexicanos” instruía claramente a la ATF ampliar su esfuerzo para identificar, investigar y eliminar” a los cárteles mexicanos. “Este enfoque”, afirmaba el memo, “afirmaba que los escasos recursos de la ATF están dirigidos hacia los más importante objetivos”.
El memo no sugería que los agentes permitieran a propósito a los compradores huir con las armas adquiridas y el Departamento de Justicia insisten aún hoy en que no aprobaban el concepto de dejar pasar las armas. Aún así, la ATF vio el memo en cuestión como una orden a seguir.
Kenneth E. Melson, el director de la ATF, dijo a investigadores que sus subordinados tomaron el memo y aplicaron las estrategias tácticas que crearon Rápido y Furioso. “Tenemos que ir tras los cárteles para detener el flujo de armas” dijo Melson.
William D. Newell, ex agente especial en cargo de la oficina de campo de la ATF en Arizona y Nuevo México, dijo que “el memo encajaba con cómo se enfrentó ese problema”. Rápido y Furioso fue lanzado el siguiente mes, en noviembre de 2009, y fue implementado desde la oficina de Newell.
Bajo el programa los agentes tenían que observar -incluso videograbar- las ventas ilegales y luego usar equipos de vigilancia electrónicos para seguir las armas y aprender como las armas eran trasladadas. La meta era arrestar a los líderes del cártel dejando suceder el tráfico en la frontera México-EU.
Para enero de 2010, agentes de la Fuerza de Tarea contra las drogas y el crimen organizado, a cargo del Departamento de Justicia, fueron traídos para ayudar. Esta ayuda incluía investigadores del Departamento de Seguridad Interior (HSD), el Servicio de Recaudación Interna (IRS) y la DEA.
Un asistente del fiscal de Phoenix fue encargado de manejar las acusaciones futuras. Pronto el operativo fue llamado Rápido y Furioso por la famosa película de acción de autos.
Pero la persecución de armas y líderes de cárteles pronto llegó a un callejón sin salida. La ATF intentó continuar cada una de las armas mientras eran trasladadas desde quienes las compraban ilegalmente hasta quienes esperaban que fueran los operadores principales de los cárteles en EU, quienes las moverían hacia nuestro país.
Pero la ATF, la cual no tuvo los recursos suficientes para seguir tantas armas, pronto perdió la pista de muchas de ellas y cuando las seguía efectivamente, los compradores de las armas resultaban mexicanos viviendo legalmente en EU y no capos.
Para marzo del 2010, Hoover acordó una junta con la ATF que posteriormente describiría como una reunión con muchos detalles, en la que los participantes temían que algunas de las armas aparecieran en escenas de crímenes no sólo en México, sino que pronto lo hicieran en EU.
Lorren D. Leadmon, un especialista de la ATF y Joseph Cooley, un litigante de la unidad de pandillas del Departamento de Justicia, fueron informados de que las armas habían sido perdidas y que muy probablemente estuvieran circulando en México.
Temiendo lo peor, desde una fase temprana del programa, el director de la ATF dijo que intentó avisar a los funcionarios de más alto nivel en el Departamento de Justicia que las armas se habían escapado. “Quise alertar a mi personal así como al fiscal general adjunto”, dijo Melson.
Los meses pasaron y las armas seguían saliendo de EU, los funcionario sde la ATF presionaron a los fiscales para que realizaran acusaciones, pero los fiscales de EU seguían esperando más evidencia. En un punto, los funcionarios de la ATF pensaron que tendrían loa cargos archivados para octubre.
En ese mes, en octubre de 2010, el hermano de la exprocuradora de Chihuahua fue asesinado y la ATF supo que las armas “dejadas pasar” por Rápido y Furioso fueron encontradas en la escena. Aún así, nada cambió. Sin embargó llegó la noche del 14 de diciembre de 2010, cuando fue asesinado el agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry.
El FBI obtuvo la jurisdicción sobre la investigación de este asesinato, pero la mañana siguiente, Newell, el supervisor de campo de la ATF, ordenó a sus agentes ir a la escena del crimen a determinar si alguna de las armas de la ATF estaba en el lugar. “Manden a todos los equipos posibles y ofrezcan toda la ayuda que puedan”, dijo en un correo Newell.
Tres armas fueron recuperadas. Dos de ellas provenían de Rápido y Furioso. Aún así, la operación duró seis semanas más. Finalmente, cerca del final de Enero de 2011, funcionarios anunciaron con fanfarrias que 20 individuos habían sido indiciados por tráfico ilegal de armas. Lo que no dijeron en ese momento las autoridades fue que dos de las armas que traficó estuvieron en el asesinato del agente fronterizo.
Este anuncio y toda la filtración sobre Rápido y Furioso llegaron después a través de algunos exagentes de la ATF a los que a pesar de habérseles ordenado guardar silencio, acudieron al congreso de EU.
Con información de LA Times.