La salud reproductiva, un año bajo la ofensiva de Trump: cierre de clínicas y mayor criminalización
Amiel Martínez · 23 de enero de 2026
Las medidas adoptadas durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no solo deshumanizan y violan derechos humanos; tienen, además, una finalidad central y explícita, según el Center for Reproductive Rights (CRR): restringir el acceso a servicios básicos y esenciales de salud para grupos particulares de personas.
Esa es la lectura que hace María Fernanda Perico, asesora legal senior del CRR, a partir del nuevo informe de la organización titulado “Trump’s (Second) First Year: New and Emerging Threats to Reproductive Rights”, sobre el impacto real de las decisiones tomadas desde la Casa Blanca en 2025.
En entrevista con Animal Político, Perico sostiene que estas acciones —administrativas, regulatorias y de aplicación discrecional de la ley— se alinean con una estrategia más amplia: profundizar un ambiente ya hostil para la prestación de servicios de salud reproductiva y, con ello, limitar aún más el acceso al aborto, incluso en los estados donde es legal.
Un primer año orientado a cerrar el acceso a la salud reproductiva
Perico explica que la administración de Trump utilizó su poder federal para “restringir aún más el acceso al aborto y a la salud reproductiva en general en Estados Unidos”, con impactos que también alcanzan a otros países. El informe identifica tres líneas de acción principales.
La primera es la eliminación de protecciones federales para el acceso al aborto, incluso en emergencias médicas en las que peligra la vida de mujeres o personas embarazadas.
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La segunda consiste en ataques a programas y proveedores en los estados donde el aborto sigue siendo legal, incluyendo recortes presupuestales que limitan la capacidad de prestar servicios.
La tercera son los esfuerzos oficiales para difundir desinformación y generar desconfianza en evidencia científica consolidada, con el objetivo de justificar restricciones a la pastilla abortiva, anticonceptivos y procedimientos como la fecundación in vitro (FIV).
Ese panorama general, advierte la activista, anticipa un segundo año más restrictivo: “va a limitar aún más el acceso al aborto y a la anticoncepción, a continuar con las amenazas a pacientes y a personal de salud con violencia, pero también con criminalización, va a haber aún más recortes en el presupuesto a la salud y va a continuar difundiendo desinformación sin ningún sustento científico”.
Emergencias médicas sin protección y miedo entre el personal de salud
La retirada de las guías federales que protegían la atención al aborto en casos de emergencia ha generado un efecto inmediato: miedo entre profesionales de la salud, quienes temen ser criminalizados por brindar tratamientos necesarios para salvar la vida de pacientes con complicaciones graves. Perico subraya que este impacto es tangible.
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Relata que en Texas, tras la prohibición total del aborto, “la tasa de infecciones aumentó más de un 50 % entre las mujeres hospitalizadas tras sufrir emergencias y perder sus embarazos”. El resultado es un deterioro en la calidad del servicio y un contexto donde el personal médico enfrenta dilemas éticos y riesgos legales para realizar procedimientos básicos.
La violencia contra clínicas y el debilitamiento deliberado del FACE Act
El informe también demuestra, afirma Perico, que el gobierno del republicano ha favorecido un entorno en el que la violencia contra clínicas se ha disparado desde la revocación de Roe v. Wade. Los datos que expone son contundentes: “los bloqueos de entradas aumentaron en un 500 %, el acoso al personal de salud en un 900%, la amenaza de bombas en estos centros de salud en un 130 % en los estados en donde se permite el acceso al aborto”.
En ese contexto, la decisión de no aplicar la FACE Act —la ley federal que protege el acceso a clínicas de salud reproductiva— tiene un efecto claro: facilitar ataques y generar un clima de impunidad.
Perico explica que el gobierno de Trump “busca profundizar un ambiente que ya es hostil para la prestación de servicios de salud reproductiva” y que, en la práctica, esta hostilidad ya provocó “el cierre de 170 centros de salud reproductiva por falta de condiciones de seguridad”.
A ello se suman indultos presidenciales otorgados a personas condenadas por bloquear clínicas, un mensaje que refuerza la idea de que la violencia es aceptable si su objetivo es restringir el acceso al aborto.
Desmantelar la privacidad para facilitar la criminalización
Otro eje de la estrategia es el desmantelamiento de protecciones de privacidad médica, aun cuando está documentado que ello incrementa la persecución penal de mujeres y personas embarazadas. Perico señala que ya existen “por lo menos 400 procesos penales” iniciados tras la revocación de Roe v. Wade, muchos a partir de violaciones a la confidencialidad médica.
La eliminación de más protecciones durante el primer año de este mandato “agrava este contexto ya de criminalización” y prepara el terreno para que en 2026” se impulse el uso de leyes del siglo XIX para perseguir penalmente a pacientes y proveedores”, explica.
La meta estructural: miedo, estigma y menor acceso
Consultada sobre la meta de conjunto detrás de las medidas, Perico afirma que la administración busca “promover la desinformación, promover el miedo, promover discursos estigmatizantes y sin sustento científico” respecto a anticonceptivos, pastillas abortivas y FIV.
Aunque estos métodos son seguros y ampliamente utilizados, la estrategia busca que “haya menor acceso a estos servicios de salud, que son servicios esenciales de salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud”.
Este entorno —añade— tiene un impacto desproporcionado sobre niñas y mujeres racializadas, mujeres migrantes y personas LGBT+, lo cual está documentado por organizaciones.
Aun cuando Trump aseguró que dejaría la regulación del aborto en manos de los estados, las medidas administrativas han tenido efectos, incluso donde el servicio sigue siendo legal. Perico afirma que, de facto, “se está haciendo limitar y restringir aún más el acceso a servicios de salud reproductiva” mediante acciones que no pasan por el Congreso ni se debaten en legislaturas estatales.
Casos que revelan la intención detrás de las políticas
Perico destaca dos ejemplos que muestran los efectos directos y la intencionalidad de las políticas.
Cerca de 2 millones de mujeres migrantes irregulares viven en estados con prohibiciones totales al aborto y alrededor de 7 millones de latinas se encuentran en estados como Texas y Arizona.
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En esos lugares, explica, estas mujeres “enfrentan barreras extremas para acceder a servicios de salud reproductiva” y deben desplazarse entre estados para recibir atención. La combinación de leyes antiaborto y políticas antimigratorias genera “un entorno aún más riesgoso y hostil” donde incluso buscar atención preventiva puede exponerlas a detención o deportación.
El segundo ejemplo, indica, es que la administración prohibió toda consejería o atención relacionada con el aborto en centros del Departamento de Asuntos de Veteranos, incluso en casos de violación o emergencias médicas. Esto afecta a “más de 360 mil mujeres veteranas en edad reproductiva”, incluso en estados que protegen este derecho.
Para Perico, estos casos evidencian “el ensañamiento de la administración Trump contra grupos particulares de personas, tomando medidas que son claramente discriminatorias”.
Recortes a Medicaid, a Planned Parenthood y a programas esenciales
Otra pieza clave es el impacto presupuestal. Perico explica que se “congelaron millones de dólares para una de cada cinco organizaciones” que reciben financiamiento federal para anticonceptivos y salud reproductiva.
Además, el presidente Trump, explica, “eliminó la cobertura de salud para al menos 10 millones de personas” con los recortes y reformas a Medicaid, y ya han cerrado de facto 20 centros de Planned Parenthood como resultado.
La pseudociencia como política pública
El informe del Center for Reproductive Rights detalla cómo la FDA reabrió la evaluación de la seguridad de la píldora abortiva basándose en un documento “no publicado, desacreditado”, contrario a toda evidencia científica.
Perico subraya que esto ocurre pese a que “más de 7.5 millones de mujeres han usado la pastilla abortiva de forma segura en Estados Unidos”.
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También denuncia que la administración calificó falsamente anticonceptivos como abortivos para justificar un plan de destruir cargamentos de suministros destinados a países africanos, lo que podría generar “1.5 millones de embarazos no deseados, más de 440 mil abortos inseguros, casi 3 mil muertes maternas prevenibles”.
Frente a este escenario, Perico sostiene que las organizaciones deben “informar al respecto, tomar conciencia y utilizar los mecanismos legales disponibles” tanto a nivel nacional como internacional para enfrentar estas medidas.
Subraya que es indispensable articular estrategias que respondan desde los principios de justicia y no discriminación que deberían regir a cualquier sistema democrático.