Segunda presidencia de Trump "ha sido un desastre para los derechos humanos", señalan organizaciones
Carlos E. Martínez · 15 de enero de 2026
La segunda presidencia del republicano Donald Trump “ha sido un desastre para los derechos humanos” dentro de Estados Unidos y en el ámbito internacional, señalaron organizaciones internacionales como, Amnistía Internacional USA, Human Rights Watch, y Alianza para la Diplomacia y la Justicia.
Amanda Klasing, directora de Relaciones Gubernamentales y Defensa en Amnistía Internacional USA, consideró que en el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, están aumentando las medidas desde el poder que derivan en la concentración de poder, la evasión de rendición de cuentas y la erosión del Estado de derecho.
“Ahora que nos acercamos al primer aniversario de la administración Trump, que francamente se ha caracterizado por la rapidez y el alcance de los cambios políticos, queremos asegurarnos de que tenemos la oportunidad de detenernos y hacer un balance del ataque generalizado contra los derechos humanos durante este último año”.
“Podemos afirmar categóricamente que el segundo mandato del presidente (Donald) Trump ha sido un desastre en materia de derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero”, señaló Amanda Klasing en conferencia.
En EU, renacen patrones autoritarios
La integrante de Amnistía Internacional consideró a Estados Unidos como uno de los países que están llevando a cabo acciones con “patrones autoritarios familiares”, como el control de información, la desacreditación de críticos y la criminalización de poblaciones marginadas, con las cuales se “fomentan prácticas autoritarias en todo el mundo”.
“Estados Unidos es un claro ejemplo de este patrón global sobre el que ha advertido Amnistía Internacional y que se encuentra en una trayectoria muy peligrosa. Y cuando los derechos y las instituciones se debilitan, los daños no se limitan a un ámbito concreto, sino que se extienden”.
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“Estos cambios en Estados Unidos envalentonan las prácticas autoritarias en todo el mundo. En Estados Unidos los espacios cívicos se están reduciendo. Se intimida a los periodistas, se castiga a los manifestantes, se silencia a las universidades y a la sociedad civil, y se deshumaniza a las comunidades”, afirmó.
Jessica Stern, cofundadora de la Alianza para la Diplomacia y la Justicia, recordó que con una reciente orden ejecutiva, Estados Unidos deberá retirarse de 66 organizaciones internacionales o congelará su apoyo a mecanismos para la respuesta humanitaria, la promoción de la igualdad de género, la salud pública y la supervisión de tratados.
“(En primer lugar) ha suspendido los programas de ayuda a las víctimas de la violencia y la discriminación, y ha convertido el racismo, la homofobia y el sexismo en política exterior de Estados Unidos”, expuso la también activista.
“En segundo lugar, el Departamento de Estado ha desmantelado partes fundamentales de la infraestructura de política exterior que permitían a Estados Unidos apoyar la democracia y los derechos humanos en el extranjero”.
Apunta contra migrantes, periodistas, organizaciones…
Amnistía Internacional USA señaló que, aunque la administración republicana, comenzó a criminalizar inicialmente a poblaciones marginadas, como los migrantes y los refugiados, está arremetiendo también contra otros segmentos poblacionales como la comunidad afroamericana, las personas LGBTIQ, las mujeres y los activistas.
Klasing indicó que la presidencia de Trump está movilizando la atención pública y los recursos en todo el gobierno contra los migrantes, a los que se les detiene en operaciones a “gran escala” y de “estilo paramilitar”, lo que podría generar la normalización de estas medidas contra otros grupos.
“Desde el primer día, la administración también se centró en otras poblaciones, como las comunidades negras, las personas LGBTQ y las mujeres, y el derecho a la igualdad y la no discriminación, reforzando una base de opresión y discriminación en Estados Unidos contra personas y grupos que han luchado arduamente”.
“Del mismo modo, la transformación de la aplicación de la ley de inmigración, en una operación de estilo paramilitar, está poniendo a prueba (las) tácticas que pueden utilizarse contra otras poblaciones. El sistema de aplicación de la ley de inmigración combina una amplia discrecionalidad, rapidez, miedo y deshumanización”, dijo.
Por su parte, Uzra Zeya, presidenta de Human Rights First, consideró que las autoridades estadounidenses llevaron a cabo en 2025 una “extralimitación sin precedentes” en contra de personas refugiadas y migrantes, “vinculada a ataques más amplios contra las protecciones constitucionales”.
“En primer lugar, hemos asistido a una escalada dramática de una campaña de detenciones masivas sin precedentes, con la inyección de 170 mil millones de dólares en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante la aprobación de la Ley H.R.1″.
“Que supuso un aumento anual del 265 % en el presupuesto de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ahora es un 62 % mayor que el presupuesto total del Sistema Penitenciario Federal”, detalló la especialista.
Relató que la agencia de migración tiene actualmente detenidas alrededor de 70 mil personas, lo que representa “la mayor población de inmigrantes encarcelados en la historia de la agencia”.
“Lo que ha tenido consecuencias letales, 2025, fue el año más mortífero para las personas bajo custodia del ICE desde principios de la década del 2000, con 35 muertes, ya que la administración hizo caso omiso del debido proceso para detener y deportar al mayor número de personas posible”, afirmó.
En tanto, Nicole Wittersheim, directora adjunta de Human Rights Watch en Washington, calificó como “cruel” la política de Trump que permite el envío de migrantes a terceros países. Citó el caso de los ciudadanos venezolanos enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a reportes de abusos en dicha cárcel.
“Estados Unidos está llevando a cabo desapariciones forzadas. También está violando su propia ratificación de la Convención Internacional para la Prevención de la Tortura al enviar a personas a lugares donde saben perfectamente e incluso han documentado dentro del Departamento de Estado, que esas personas corren riesgo de ser torturadas”.
La integrante de HRS señaló que en 2025 el gobierno de Trump firmó acuerdos y pagó a países como Ruanda, Uganda, Costa Rica, Panamá, Guinea Ecuatorial, para que recibieran a personas de todo el mundo deportadas, incluyendo a mexicanos, con el que, dijo, EU “tiene un acuerdo permanente para devolver a sus nacionales”.
En tanto, la experta destacó también los recortes a los programas de apoyo al acceso a la libertad en países clave y la disolución de la USAID, la agencia del gobierno de Estados Unidos de asistencia humanitaria, lo que, dijo, dejará en una situación “más vulnerable” a periodistas que se encuentran bajo amenaza.
“Se han recortado los fondos estadounidenses destinados a grupos que documentan violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y otras atrocidades, que prestan asistencia jurídica a las víctimas y los testigos, que colaboran con la comunidad internacional”, relató en conferencia.