AFP · 4 de febrero de 2026
El zar fronterizo Tom Homan anunció este miércoles el retiro “inmediato” de 700 policías de migraciones de Mineápolis, donde se encuentra por encargo del presidente Donald Trump, tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales.
Homan reconoció en una rueda de prensa que hay una mejor colaboración con las autoridades locales y “menos” necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad del norteño estado de Minesota, escenario de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca.

“Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación” con las autoridades locales, se congratuló el enviado, que no precisó si la retirada es solo de la ciudad de Mineápolis o de todo el estado de Minesota.
Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes irregulares, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.
“Hemos logrado avances significativos”, añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.
Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas, que causaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes y generan masivas protestas.
En paralelo, otro juez ordenó a las autoridades liberar a un niño de cinco años y a su padre, detenidos durante una operación del ICE el 20 de enero en Mineápolis, la mayor ciudad de este estado. Su caso conmocionó al país y al mundo.
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En el último mes, miles agentes federales, muchos de ellos enmascarados, realizaron múltiples redadas en Minesota en el marco de una campaña antimigración impulsada por el presidente Donald Trump.
Sus métodos y las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis provocan protestas masivas, con miles de personas desafiando el frío polar para reclamar el fin de estos operativos.
Minesota argumentó que la operación ordenada por el gobierno violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menendez escribió en su fallo: “En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”.
Menendez matizó que esta decisión no es un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado.
Tampoco se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringían la ley.
La sentencia se produce tras la protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minesota el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la clase dirigente demócrata del estado.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró la decisión de la jueza como una “enorme victoria judicial”, mientras el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, se dijo decepcionado.
“Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis”, añadió en un comunicado.