Redacción Animal Político · 22 de febrero de 2025
El gobierno de Perú acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de violar el principio de no intervención y de no respetar el Estado de Derecho tras las declaraciones que realizó en apoyo al expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión desde su fallido autogolpe.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su rechazo a las declaraciones, las cuales considera “reflejan un total desconocimiento del fallido golpe de Estado que el señor Pedro Castillo realizó, el 7 de diciembre de 2022”.
La cancillería acusó a Sheinbaum de sostener una “posición ideologizada” respecto a este acontecimiento y de demostrar “un marcado irrespeto por el Estado de Derecho y el principio de no intervención”.
Asimismo, indicó que está postura contradice “los lineamientos fundamentales que sustentan la Doctrina Estrada, que el Gobierno mexicano dice defender”, en referencia al postulado en política exterior que se encuentra establecido en la Constitución y que hace énfasis en la no intervención y al respeto a la autonomía e independencia de otras naciones.
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En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum se refirió al caso del expresidente Pedro Castillo como una “injusticia” e informó que la embajada de México apoyará a su abogado, Guido Croxatto, en la causa que defiende.
Según detalló, durante la reunión que sostuvo con el abogado el pasado 20 de febrero en Palacio Nacional, éste le solicitó el apoyo de la embajada mexicana para presentar una denuncia ante instancias internacionales por la presunta violación a los derechos que se cometió en contra del exmandatario.
“Su abogado, que tiene muchas dificultades, por cierto, para poder ver al expresidente o al presidente, como le queramos llamar (…) vino a solicitar el apoyo de los embajadores que pudieran estar en estas instancias, dentro todo del marco de la Constitución de México, de nuestras leyes. Y le planteamos que sí, que en ese marco, por supuesto, que vamos a apoyar. Consideramos que es una injusticia”.

Frente a esto, el gobierno peruano exigió “el mismo grado de respeto que reclama el Gobierno mexicano en sus relaciones con otros Estados”.
De esta manera, Sheinbaum da continuidad a la postura de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien nunca reconoció al gobierno de Dina Boluarte, instalado tras la detención de Castillo.
La crisis diplomática entre ambos países fue escalando hasta que en febrero de 2023, Perú ordenó el retiro definitivo del embajador mexicano y limitó su relación al nivel de encargados de negocios.
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El expresidente peruano Pedro Castillo será sometido a juicio a partir del 4 de marzo tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. Ahí deberá responder por las acusaciones que lo señalan como presunto coautor del delito de rebelión y como autor de abuso de autoridad.
Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, cumplió 18 meses de prisión preventiva por pedido de la fiscalía, que lo acusa de intentar un “golpe de Estado”. El organismo pide una condena de 34 años de prisión.
El exmandatario fue capturado el 7 de diciembre de 2022, cuando fracasó en su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
“Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.

Castillo, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Las protestas fueron reprimidas por la policía y los militares. Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte.
Con información de AFP.