Redacción Animal Político · 2 de mayo de 2026
Los abogados del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que la próxima audiencia se realice en la semana del próximo 29 de junio, una fecha que proponen porque necesitan más tiempo para revisar las pruebas y preparar su defensa, así como que los imputados están de acuerdo en avanzar con el proceso penal.
La petición consta en una carta presentada el 1 de mayo al juez, firmada por los abogados Barry J. Pollack, Andrés Sánchez y Mark Donnelly, en el proceso penal que se les sigue a Maduro y Flores en el caso 11-CR-205 (AKH).
En la carta, los defensores confirman que “el señor Maduro y la señora Flores de Maduro consienten la exclusión de tiempo conforme a la Ley de Juicio Rápido entre el 24 de abril de 2026 y la próxima conferencia judicial, para permitir que la defensa tenga la oportunidad de revisar las pruebas y preparar las mociones previas al juicio”.

Los defensores informaron al juez que la fiscalía está de acuerdo con la petición y, tras consultar con los fiscales, señalaron al tribunal que “todas las partes estarían disponibles para una conferencia judicial la semana del 29 de junio”, motivo por el cual propusieron celebrar la próxima audiencia en esos días.
En el escrito enviado al juez, la defensa aclara que Maduro y Flores aceptan expresamente continuar con el proceso y que no se oponen a que el tiempo entre el 24 de abril y la próxima audiencia quede fuera del plazo que normalmente exige la Ley de Juicio Rápido. Este consentimiento significa que los acusados están de acuerdo con la pausa solicitada para preparar su defensa y que reconocen que el caso debe seguir avanzando.
La defensa también indicó que este acuerdo fue discutido con la fiscalía y que ambas partes consideran que la solicitud sirve a los fines de justicia, por lo que no representa un intento de retrasar el juicio, sino una medida para garantizar que el proceso continúe de manera ordenada y con el tiempo necesario para revisar las pruebas.
En abril pasado, Washington autorizó que el gobierno venezolano cubra los honorarios legales de Maduro y Flores.
El fiscal neoyorquino Jay Clayton notificó al juez que el Departamento del Tesoro permitirá “a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, lo que modificó la restricción impuesta por las sanciones internacionales que anteriormente impedían financiar su representación legal.
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La defensa del matrimonio había usado ese impedimento para pedir la anulación de los cargos, alegando que negar acceso a fondos violaba el derecho constitucional a tener un abogado elegido por el acusado. Tras la exención autorizada, retiraron temporalmente su moción para desestimar la acusación.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense de gran escala y enfrentan cuatro cargos: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseerlos.
Ambos se han declarado no culpables y permanecen recluidos en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn.
Con información de AFP.