OEA denuncia persecución y represión en Nicaragua; pide liberación inmediata de presos políticos
AFP · 4 de febrero de 2026
La Organización de Estados Americanos se declaró este miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos.
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El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.
El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe “acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres” del país, recuerda la resolución.
El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.
Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año.
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El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.
Nicaragua funciona hoy como una dictadura
Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 74, concentran el poder en Nicaragua desde la represión desatada tras las protestas de 2018, que dejaron al menos 300 muertos y que el gobierno calificó como un intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos.
A partir de entonces, se emitió una orden presidencial que restringió libertades y desmanteló a la oposición.
La ofensiva derivó en el exilio forzado de decenas de miles de nicaragüenses, la detención de cientos de personas y la confiscación de bienes.
Además, el gobierno retiró la nacionalidad a opositores, periodistas y activistas.
Un grupo de expertos de la ONU ha pedido que Ortega y Murillo rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con reportes de la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud, lo que habría llevado a Murillo a realizar ajustes internos para asegurar su sucesión en el poder.
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