Mujeres supervivientes a una de las instituciones más represivas del franquismo exigen justicia
Luca Gaetano Pira · 7 de julio de 2025
“Verdad, justicia, reparación. Ni olvido, ni perdón”. Con estas palabras, un grupo de mujeres interrumpió el pasado 9 de junio en el acto oficial donde la Conferencia Española de Religiosos pidió perdón por los abusos cometidos en instituciones religiosas durante el franquismo. La mayoría de esas mujeres pasaron su juventud encerradas en centros del Patronato de Protección a la Mujer, donde se les castigaba, aislaba o se les sometía a trabajos forzosos porque el régimen consideraba que no se ajustaban a sus reglas morales. Ellas esperaban justicia, no gestos simbólicos ni silencios selectivos.
El Patronato de Protección a la Mujer fue una red institucional creada en 1941 por el régimen franquista para controlar, “reeducar” y castigar a mujeres consideradas “desviadas” moralmente.
Bajo el pretexto de ofrecer “asistencia social”, el Patronato operaba como un sistema carcelario no judicial, gestionado por órdenes religiosas y supervisado por el Estado. Estuvo activo hasta 1985.
Miles de mujeres —muchas menores de edad— fueron internadas por ser madres solteras, huérfanas, pobres, rebeldes, lesbianas o simplemente por “comportamiento inadecuado”. No hacía falta una sentencia judicial, bastaba con una denuncia de la familia o del cura del barrio.
Estas instituciones funcionaban en conventos, reformatorios y orfanatos, donde las internas eran sometidas a trabajos forzados, castigos físicos y humillaciones. La Iglesia católica, en colaboración con el régimen, imponía una moral estricta centrada en la obediencia, el silencio y la redención a través del sufrimiento.
Una vida de encierro para las mujeres del Patronato de Protección en el régimen franquista
La rutina en estos centros comenzaba con misa, seguida de jornadas de oración y trabajo en talleres de costura, cocinas o en lavanderías. No había salarios, ni contratos, ni libertad de movimiento. Las internas no podían hablar entre ellas, ni recibir visitas sin censura. Eran menores sin delito, pero tratadas como criminales.
Al llegar, muchas eran sometidas a exámenes ginecológicos sin consentimiento, con el objetivo de clasificar su “pureza” sexual. Este control médico, moral e ideológico sobre sus cuerpos marcaba el tipo de trato que recibirían en ese lugar.
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Las supervivientes del Patronto franquista alzan la voz
Paca Blanco fue internada con 15 años. Su familia, temiendo que heredara el pensamiento comunista de su padre, la entregó al Patronato por considerarla rebelde. Se escapó varias veces. En una de esas huidas quedó embarazada y fue enviada al reformatorio de madres solteras, donde vivía con el miedo constante a que le quitaran a su hijo.
Mariaje López, internada con ocho años en un orfanato gestionado por religiosas, describe castigos físicos a niñas pequeñas, como que les frotaban plantas de ortigas en la vulva si se orinaban en la cama. Aunque no fue directamente al Patronato, su caso refleja una práctica común: a los 15 años, muchas niñas eran trasladadas a estos centros denominados “de corrección”.
Mariona Roca Tort fue encerrada en 1969 por militar en movimientos antifranquistas. Pasó por centros religiosos y psiquiátricos donde fue sometida a trabajos forzados, aislamiento, y terapias de electroshock. El psiquiatra franquista Vallejo-Nájera la ató a una cama y le dijo que no saldría hasta que engordara.
Churra vivió el encierro entre 1983 y 1985, ya en democracia. Estaba embarazada y no casada. A pesar del cambio político, dentro del Patronato todo seguía igual: fue aislada y controlada. Temía que su hija enfermara, pues a muchas mujeres les dijeron que sus bebés habían muerto, sin pruebas ni cuerpos. Años después descubrieron que muchos fueron entregados en adopciones ilegales.
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Consuelo García del Cid fue drogada por su familia y despertó en un reformatorio de Madrid. Había participado en protestas y su entorno quiso castigarla. Más tarde fue enviada a Bon Pastor, en Barcelona. Tras su salida, documentó los abusos en el libro Las desterradas hijas de Eva. Reveló que muchas menores trabajaban para talleres que producían para empresas como El Corte Inglés, sin contrato ni salario.
María Victoria González (“Viki”) nació en el País Vasco en 1958. Su madre, tras dar a luz a su quinto hijo, lo mató y lo enterró en secreto. Una vecina lo descubrió y la denunció. La madre fue encarcelada. Con la familia rota, las autoridades separaron a los hermanos. María Victoria y su hermana fueron enviadas a un centro del Patronato en Madrid. Sus hermanos menores fueron llevados a una escuela salesiana en el País Vasco.
Durante su estancia en el Patronato, María Victoria fue violada repetidamente por su padre durante las visitas autorizadas. Las monjas lo permitían. Su hermana, al salir del centro, se prostituyó y murió de sida. Como tantas otras, la promesa de “protección” se convirtió en violencia institucionalizada.
“Sin verdad, no hay perdón”
El 9 de junio de 2025, muchas de estas mujeres estaban presentes. Esperaban reconocimiento real, pero se encontraron con omisiones: las referencias a abusos sexuales, adopciones forzadas y castigos extremos fueron eliminadas de los discursos oficiales. Ninguna orden religiosa ha asumido su responsabilidad por las atrocidades cometidas en esos años contra estas mujeres.
Las supervivientes no reclaman solo memoria simbólica. Exigen acceso a los archivos, reconocimiento legal, reparación económica y la inclusión de sus testimonios en la memoria histórica de España, porque aseguran que “sin verdad, no hay perdón. Y sin justicia, no hay reparación”.
