Redacción Animal Político · 13 de enero de 2026
La muerte de Renee Nicole Good —baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), identificado como Jonathan Ross, el pasado 7 de enero en Minneapolis— se ha convertido en un punto de inflexión en el debate nacional sobre la política migratoria del presidente Donald Trump.
El caso no solo reavivó la discusión sobre el uso de fuerza en operativos federales, sino que abrió un nuevo frente de polarización política en Estados Unidos.
Durante un operativo antimigrante, Good fue atacada cuando se encontraba dentro de su vehículo, luego de dejar a su hijo de 6 años en la escuela. El hecho detonó protestas en distintas ciudades del país, profundizó las tensiones entre autoridades locales y federales, y provocó un enfrentamiento político entre republicanos y demócratas sobre los límites y la conducción de las operaciones migratorias.
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Desde los primeros días posteriores al incidente, altos funcionarios del gobierno de Trump defendieron públicamente al agente del ICE y describieron a Good en términos que incrementaron la controversia.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la interacción de la mujer con los agentes como “un acto de terrorismo interno”.
El vicepresidente J.D. Vance defendió la actuación del agente e insistió en que este actuó “en defensa propia”.
Desde su cuenta en X, el vicepresidente se mostró crítico con los medios de comunicación, a los que acusó de distorsionar la realidad y de presentar al agente como un “asesino”.
En su mensaje, Vance planteó que, si bien es legítimo considerar trágico el fallecimiento de Good y “rezar por su alma”, muchos medios han llevado “una campaña de propaganda descarada” en contra del oficial. Sostuvo además que el agente tenía “todas las razones para temer por su vida” y que, como funcionario encargado de hacer cumplir la ley, tiene derecho a regresar a casa con su familia sano y salvo.

Reafirmó su apoyo a las fuerzas del orden y terminó su mensaje con un llamado a quienes critican la política migratoria: “Si no les gusta la política de inmigración de esta administración, atáquenme a mí — dejen en paz a nuestras fuerzas del orden”.
En Fox News, el zar fronterizo Tom Homan advirtió que “habrá más derramamiento de sangre” si no disminuye la retórica de odio hacia los agentes migratorios, de la cual responsabilizó a los demócratas.
La defensa al agente Ross fue reforzada por el presidente Donald Trump. En declaraciones hechas el domingo a bordo del Air Force One —según recogió el medio The Advocate— Trump culpó tanto a Good como a su esposa, Becca Good, por el tiroteo, y describió a la mujer de 37 años como “muy radical”, “muy violenta” y “altamente irrespetuosa” con los agentes.
El mandatario incluso las llamó “agitadoras profesionales” y sugirió que habría que investigar “quién podría estar pagándoles”. Durante la conversación con reporteros, Trump insistió en que la conducta de ambas mujeres hacía “previsible” el desenlace mortal del operativo en Minneapolis.
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Las autoridades estatales y municipales de Minnesota respondieron con firmeza. El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, criticó la narrativa federal y calificó de “tontería” la descripción que los funcionarios de Trump hicieron de Good, tras asegurar que él mismo había visto los videos del incidente.
En entrevista con NBC, acusó al gobierno de Trump de “apropiarse de una narrativa que no refleja la verdad”.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también demócrata, cuestionó al gobierno de Trump y afirmó en CBS News que funcionarios federales, desde el presidente hasta el vicepresidente, habían difundido afirmaciones “verificablemente falsas”.
La senadora demócrata Tina Smith, por su parte, declaró en ABC que el gobierno federal “destruyó completamente cualquier credibilidad” al apresurarse a emitir un juicio.
Otros demócratas fueron más lejos. El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, de acuerdo con Los Angeles Times, dijo que lo ocurrido en Minnesota era “una completa y total vergüenza”, mientras que la representante Delia C. Ramírez afirmó que Kristi Noem “es peligrosa” y debería enfrentar un juicio político.
Incluso dentro del Partido Republicano surgieron voces de preocupación. El 8 de enero, la senadora Lisa Murkowski calificó como “profundamente perturbadoras” las imágenes del operativo y pidió una investigación “exhaustiva y objetiva” sobre lo sucedido, según Alaska’s News Source.

A las críticas también se sumaron gobernadores de distintos estados. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de acuerdo con Mid-Hudson News, que le “daba asco” pensar en el menor que había perdido a su madre, y se comprometió a impulsar mecanismos para que los ciudadanos que consideren que ICE violó sus derechos puedan presentar recursos legales.
En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom calificó el hecho como “terrorismo patrocinado por el Estado” y acusó al gobierno de Donald Trump de haber “impulsado el extremismo y la crueldad”.
La disputa entre autoridades locales y federales escaló cuando Minnesota acusó al gobierno de Trump de excluirlos de la investigación. Según Politico, Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal del estado, afirmó que las autoridades federales “cambiaron de rumbo” y decidieron que el FBI controlara por completo la pesquisa.
Incluso, la ciudad de Chicago se unió al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, para presentar una demanda contra el gobierno de EU por operaciones desplegadas en septiembre, informó el alcalde Brandon Johnson. Alegan que hubo acciones ilegales, tácticas abusivas y violaciones a derechos civiles cometidas por agentes de CBP y del ICE.
De acuerdo con Univisión Chicago, la demanda fue presentada en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois y acusa a la administración Trump “de supervisar una campaña de control migratorio “militarizada” en Chicago” al interrogar a residentes sobre su estatus migratorio sin fundamento alguno e incluso realizaron arrestos civiles, usaron gases lacrimógenos y agentes químicos y realizaron acciones cerca de lugares sensibles como escuelas y albergues.
La muerte de Good también desató una ola de protestas nacionales. Este sábado, miles de personas salieron a las calles en Minneapolis con pancartas y el canto: “¡Digan su nombre! — ¡Renee Good!”.
Un manifestante aseguró: “Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria. Es hora de detener esto”.
Los organizadores reportaron más de mil movilizaciones en todo el país, incluyendo ciudades como Filadelfia, Nueva York, Washington y Boston. En esta última, un participante afirmó: “El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente”.
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En el Congreso, la muerte de Good abrió un debate más amplio sobre la actuación de ICE y el marco legal de las operaciones federales. Los Angeles Times informó que legisladores demócratas impulsan desde “una investigación completa”, hasta la desfinanciación parcial de ICE y un posible juicio político contra Kristi Noem.
El representante Maxwell Frost declaró que no solo el agente debía rendir cuentas, sino “ICE en su conjunto, el presidente y toda esta administración”. Además, el senador Chris Murphy anunció que presentará un proyecto para restringir la autoridad de los agentes federales, incluidas nuevas reglas sobre el uso de máscaras y límites a la expansión geográfica de la Patrulla Fronteriza.
Con información de AFP.