Eréndira Aquino, Manu Ureste y Andro Aguilar · 20 de enero de 2026
“Desde que Trump anunció el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ que aumentó el presupuesto militar y de defensa –el 1 de julio de 2025–, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU) ha realizado redadas en diferentes ciudades del país para intentar arrestar a tantas personas como puedan, sean o no ciudadanos, sean o no inmigrantes. En Minnesota empezamos a protestar mucho antes de que vinieran, pero sabíamos que era solo cuestión de tiempo”, cuenta Wes, un joven activista.
En agosto pasado, la organización 50501 Minnesota, de la que Wes forma parte, comenzó a monitorear la actividad del edificio federal Bishop Henry Whipple para anticipar la llegada de agentes de ICE y tratar de liberar a personas detenidas. Sin embargo, tras una gran redada realizada en noviembre en una fábrica textil, el grupo convocó a protestas que, con el paso de los meses, se han vuelto cada vez más tensas ante el despliegue policial.
Desde entonces, la vida en Minnesota, un estado situado en la frontera con Canadá, en la región de los Grandes Lagos, cambió por completo. En el caso de Wes, dice que prácticamente dejó de tener tiempo libre. “Me despierto por la mañana, voy al edificio Whipple para ver cómo está la situación y cuáles serán las actividades del día. Luego me traslado al trabajo, en Lake Street, Minneapolis, y desde ahí estoy pendiente de los vehículos de ICE. A veces los veo por la ventana y salgo a confrontarlos o le pido a alguien más que lo haga. El resto del tiempo lo paso dando seguimiento a los reportes que envían los vecinos en redes sociales”.
En Minnesota, como en el resto de Estados Unidos, el espacio virtual se ha convertido en la principal herramienta de comunicación y organización ciudadana para hacer frente a las acciones del ICE. En chats vecinales y redes sociales se comparten alertas sobre la ubicación de agentes, solicitudes de apoyo de familias que no pueden salir de sus casas por miedo a ser detenidas, campañas de fondeo para pagar abogados y convocatorias a movilizaciones.

Sin embargo, conforme crece la polarización y se amplían las facultades de los agentes federales, incluso esta comunicación se ha vuelto más difícil. Los grupos reciben cada vez más reportes falsos de operativos y ataques verbales contra quienes participan en iniciativas de apoyo a la comunidad migrante. A esto se suma la incertidumbre por el posible envío de más de mil 500 soldados desde Alaska para la contención de las protestas contra los agentes del ICE, según informaron dos funcionarios a la agencia Reuters.
Wes es ciudadano estadounidense y participa activamente en patrullajes vecinales para confrontar a los agentes del ICE en la vía pública, además de distribuir alimentos y suministros médicos a personas que no se atreven a salir de sus casas.
“Nos organizamos en chats del vecindario para cuidarnos unos a otros. Todos estamos armados con silbatos para alertar a nuestros vecinos y amigos”, explica. “La respuesta de las autoridades, sin embargo, ha sido violenta”.
Durante las protestas, los agentes han utilizado gas lacrimógeno y balas contra los manifestantes. La tensión escaló aún más tras el asesinato de Renee Good, poeta estadounidense y madre de tres hijos, que murió por disparos de un agente del ICE, pese a que, según videos difundidos desde distintos ángulos, se retiraba de la escena.
“Ha habido una presencia ciudadana constante frente al edificio Whipple porque la gente está enojada y exige que ICE rinda cuentas”, dice Wes. “Pero ellos solo responden enviando más agentes. No quiero decir que estamos en guerra, pero estamos siendo atacados por esta administración”.
El impacto se siente en toda la ciudad. “Los restaurantes están vacíos, hay menos gente en las calles. No se necesita ser experto en política para entender que algo anda muy mal”, subraya. Aun así, el movimiento no se repliega. En los últimos días, sus acciones han incluido identificar los hoteles donde se hospedan los agentes del ICE para acudir a protestar y hacer ruido durante la noche.
Wes considera que, a diferencia del primer año de Trump en su administración anterior, ahora el presidente actúa convencido de que cuenta con un respaldo mayoritario. También cree que la violencia desatada en Minnesota tiene relación con las secuelas de los disturbios de 2020, tras el caso de George Floyd, afroamericano asesinado por un policía blanco durante un arresto en la ciudad de Minneapolis.
Pese a ello, insiste en que el movimiento 50501 —abreviatura de “50 protestas, 50 estados, un día”— se mantiene firme en la no violencia. En Minnesota, los grupos locales suman cerca de 10 mil integrantes en redes sociales, de los cuales unos 250 participan activamente como voluntarios. A nivel nacional, el movimiento cuenta con más de 399 mil seguidores.

Además de la organización vecinal, han surgido plataformas digitales para documentar y verificar los operativos antiinmigrantes a escala nacional. Una de ellas es ICE Out, un sitio web creado por la organización Pueblo Project.
Celeste, una de sus fundadoras, explica que la plataforma funciona gracias a donativos ciudadanos y al trabajo voluntario de más de 150 personas, encargadas de verificar y publicar más de mil 500 alertas diarias sobre la actividad del ICE.
“El proyecto empezó casi por accidente”, relata. “Vi a una creadora de contenido de Chicago que alertaba en TikTok sobre operativos migratorios. Me contacté con ella y le propuse crear un mapa. Lo anunciamos y la respuesta fue enorme”.
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Para evitar el pánico, los voluntarios verifican cada reporte con ubicación, cruces de información en redes sociales y otras fuentes. “No es solo para personas indocumentadas”, aclara Celeste. “También sirve a periodistas y a cualquiera que quiera evitar encontrarse con agentes federales”.
A su juicio, las políticas de Trump constituyen una “cacería” basada en perfiles raciales. “La gente vive con ansiedad, deja de ir a trabajar, a la escuela, a comprar comida. Y la violencia no es solo contra migrantes, también contra quienes resistimos”.

Aunque California se ha presentado históricamente como un estado santuario, en ciudades como Los Ángeles el temor se ha instalado incluso entre ciudadanos estadounidenses.
“Las redadas siguen ocurriendo prácticamente todos los días”, explica Stephany Cuevas, activista por los derechos de las personas migrantes y ciudadana estadounidense de ascendencia mexicana. “Antes los agentes llegaban solo por la mañana, ahora aparecen a distintas horas y repiten los operativos en los mismos lugares. Escogen puntos específicos, como tiendas Home Depot o zonas donde se reúne la gente, y centros de trabajo donde saben que van a encontrar migrantes”.
El miedo, advierte en entrevista con Animal Político la también abogada, ya no distingue estatus migratorio. “No solo tienen miedo las personas indocumentadas, también residentes legales e incluso ciudadanos. La gente ya no se atreve a salir a trabajar, a la tienda, a hacer cosas normales”.
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Cuevas ha observado un endurecimiento claro en la actuación de los agentes. “Primero decían que iban por criminales. Luego comenzaron a pedir documentos a cualquiera que pareciera latino. Ahora ni siquiera eso: si te ven hispano, te detienen. No te dan oportunidad de mostrar papeles. Te arrestan y después, si acaso, te sueltan”.
Aunque, como abogada conoce perfectamente sus derechos como ciudadana, el temor persiste. “No tengo miedo por mí, pero sí por mi familia, por mis vecinos, por personas cercanas que no tienen documentos. Hay gente que ya no se atreve ni a ir a la esquina por temor al ICE”.
Desde Los Ángeles, Cuevas participa en redes de apoyo que distribuyen alimentos directamente en domicilios, recaudan fondos comunitarios para cubrir rentas y servicios, y acompañan a familias con orientación legal. “No todos los estadounidenses estamos de acuerdo con esta locura del ICE ni con Trump. Eso también hay que decirlo”, afirma.
Ha visto, además, a personas que optan por irse del país para evitar detenciones que les impidan en un hipotético regreso de manera legal. “Algunos se van para no generar un récord criminal, pero con esta administración ya no se sabe qué es verdad. Ni siquiera la vía legal está ya garantizada. Eso derrumba el argumento de ‘hazlo legalmente’”.

Para Martín Cruz, otro activista pro derechos de migrantes en Los Ángeles y también ciudadano estadounidense con raíces mexicanas, la narrativa oficial se desplomó desde hace tiempo.
“Supuestamente iban a localizar criminales, pero los criminales resultaron ser niños inocentes, madres inocentes”, dice en entrevista con este medio. “Personas cuyo único ‘pecado’ ha sido buscar trabajo y seguridad”.
Cruz describe una sociedad partida. “Hay estadounidenses que apoyan a los migrantes y otros que justifican todo diciendo que Trump está cumpliendo lo que prometió. Pero también prometió que íbamos a vivir mejor, y hoy todo está carísimo. Los únicos beneficiados son los millonarios”.
La violencia, advierte, es la señal más clara del rumbo que ha tomado el país. “Lo vimos con el asesinato de Renee Good en Minnesota. Dicen que atacó al agente, pero los videos muestran que se estaba retirando. Aun así, le dispararon tres veces”.
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Según Cruz, los agentes actúan “como un pitbull que no escucha razones”. “Te tiran al suelo, te ponen la rodilla en el cuello, te esposan y, si lo consideran necesario, te disparan”.
Aunque tiene pasaporte estadounidense, reconoce que él también vive con miedo. “Siempre lo llevo conmigo y mi esposa también. El racismo no es nuevo, pero estaba escondido. Trump vino a sacar lo peor de mucha gente de Estados Unidos”.
También señala una fractura dentro de la propia comunidad latina. “Hay hispanos que obtienen la ciudadanía y se olvidan de dónde vienen, de quién los ayudó. Para mí, apoyar a este gobierno desde ahí no es correcto”.
Tanto Cuevas como Cruz coinciden en que las elecciones intermedias de noviembre próximo representan una esperanza frágil. “Incluso familiares que votaron por Trump ahora se están dando cuenta de que esto no los beneficia”, dice Cuevas. “Pero noviembre todavía se siente lejano”.
Cruz observa avances demócratas en estados clave y cree que eso puede atemorizar a Trump. Sin embargo, ambos temen que, ante ese escenario, la administración radicalice aún más la persecución para exacerbar al electorado más conservador.
“Parece que está tratando de hacerlo todo más caótico para impedir que lleguemos al punto de poder votar, o que lleguemos en un clima de mucha crispación”, concluye Cuevas.

En Arizona, uno de los estados históricamente más hostiles para la población migrante, el clima de persecución se ha profundizado durante el segundo mandato de Donald Trump. Kai Newkirk, maestro de meditación y fundador de Arizona for All, una organización defensora de derechos humanos, describe un escenario de miedo extendido tanto en la comunidad como en su propia familia. Su organización forma parte de una coalición ciudadana que creó una red de observadores para vigilar las actividades del ICE, informar a las personas sobre sus derechos y documentar operativos que consideran ilegales.
La red trabaja en barrios de Phoenix para alertar sobre redadas en tiempo real, organizar protestas frente a oficinas de ICE y otros puntos estratégicos, y conectar a personas migrantes con una red de abogados. Además, ha impulsado boicots contra empresas que colaboran con deportaciones. Uno de los casos más visibles fue el de la aerolínea Avelo, que a inicios de 2026 canceló su participación en vuelos de deportación en cuatro ciudades, incluida Mesa, Arizona. También han protestado contra tiendas como Home Depot, señaladas por facilitar operativos en lugares donde migrantes buscan trabajo.
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“Es el momento más peligroso en la historia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial”, afirma Newkirk. Aunque Arizona ya había vivido episodios críticos —como la ley SB 1070 o el periodo del sheriff Joe Arpaio—, el activista sostiene que la actual ofensiva es inédita por su alcance nacional. Aun así, considera que los discursos de odio provienen de una minoría: “La mayoría en Arizona y en el país apoya la democracia y es proinmigrante. Cada vez más gente ve la violencia y los abusos del ICE y dice: basta”.
En la misma línea, la senadora mexicana Karina Ruiz, nacida en México y criada en Phoenix, advierte que el aumento del presupuesto al ICE y la falta de capacitación de sus agentes han derivado en violaciones sistemáticas a derechos humanos. “Hoy se prioriza cumplir cuotas. Hay un sistema que gana dinero con la detención de personas migrantes”, señala. Ruiz llama a documentar los abusos, mantener la protesta pacífica y avanzar hacia una reforma migratoria que regularice a trabajadores indispensables para la economía estadounidense, así como a abrir diálogos interparlamentarios entre México y Estados Unidos que coloquen los derechos humanos en el centro de la relación bilateral.