Endurecen seguridad en juicio contra Caro Quintero en EU con jurado anónimo

El proceso penal en Estados Unidos contra Rafael Caro Quintero y su sobrino Ismael Quintero Arellanes podría desarrollarse ante un jurado anónimo sujeto a medidas especiales de protección y aislamiento, luego de que la fiscalía federal solicitó la aplicación de protocolos de seguridad al considerar que existen riesgos de interferencia en la impartición de justicia, amenazas a la integridad de los participantes y una intensa atención mediática en torno al caso.

De acuerdo con las mociones presentadas por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York este martes ante la corte, además se solicitaron controles especiales para el manejo de evidencias del caso relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos.

Con esto, explican los documentos judiciales, el gobierno estadounidense busca que no se revelen los nombres, domicilios ni lugares de trabajo de los potenciales jurados, información que tampoco estaría disponible para los acusados ni para sus equipos de defensa.

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La propuesta contempla además que los ciudadanos seleccionados para conformar el jurado sean trasladados diariamente hacia y desde la corte bajo custodia de alguaciles federales y que permanezcan separados del público mientras se encuentren dentro de las instalaciones judiciales.

Argumentos de la fiscalía

La fiscalía justificó estas medidas por la gravedad de los delitos imputados a Caro Quintero, quien enfrenta la posibilidad de una condena de cadena perpetua por presuntamente dirigir una empresa criminal continua dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

En sus escritos, el gobierno destacó el historial de violencia atribuido a la organización criminal, a la que vincula con agresiones sistemáticas contra agentes de la ley y funcionarios relacionados con la procuración de justicia.

Entre los antecedentes expuestos por los fiscales figura la presunta participación de Caro Quintero en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena, ocurrido en 1985.

De acuerdo con los documentos anexados a la solicitud, el acusado habría mantenido el control operativo de su organización incluso durante los periodos en que permaneció recluido en prisiones mexicanas, desde donde presuntamente ordenó la ejecución de personas sospechosas de colaborar con las autoridades.

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Riesgo de presiones externas

A estos elementos de riesgo se suma la amplia repercusión pública e internacional que ha generado el caso.

Los fiscales señalaron que la figura de Caro Quintero ha sido objeto de numerosos reportajes periodísticos, libros y producciones televisivas, situación que, a su juicio, aumenta la posibilidad de que los integrantes del jurado enfrenten presiones externas, acoso mediático o actos de intimidación si su identidad llega a hacerse pública.

Con el fin de evitar que estas medidas afecten la percepción de los jurados respecto a la presunción de inocencia de los acusados, el gobierno propuso que la corte les proporcione una explicación neutral sobre las razones de dichos protocolos.

El memorando señala que, en casos de alta exposición pública, es habitual informar a los jurados que estas medidas buscan proteger su privacidad e imparcialidad y no constituyen una valoración anticipada sobre la culpabilidad de los procesados.

Según la propuesta presentada, poco antes de iniciar formalmente la selección del jurado, los fiscales y los alguaciles federales informarían de manera privada al juez sobre los detalles logísticos para la implementación de estas medidas de protección.

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Evidencia clasificada en el proceso

Paralelamente, el Departamento de Justicia activó los procedimientos previstos en la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) para restringir la divulgación de información sensible relacionada con labores de inteligencia y seguridad nacional.

La legislación permite que, cuando existan evidencias clasificadas sujetas a entrega obligatoria, los fiscales las presenten de manera confidencial y en audiencias privadas ante el juez, sin la presencia de la defensa.

Durante esos procedimientos, el magistrado puede autorizar la supresión de fragmentos específicos, la elaboración de versiones editadas o la preparación de resúmenes que permitan proteger información considerada sensible para el gobierno estadounidense.

Custodia de información reservada

Como parte de este esquema de resguardo, la fiscalía solicitó al juez federal Frederic Block designar formalmente a Harry J. Rucker como Oficial de Seguridad de Información Clasificada para este proceso, así como nombrar a Daniel O. Hartenstine, Daniella M. Medel, Matthew W. Mullery y Winfield S. Slade como oficiales sustitutos.

De ser aprobados, estos funcionarios serán responsables de administrar las áreas de resguardo de información clasificada dentro de la sede judicial, supervisar que ninguna persona ajena al caso tenga acceso a los materiales protegidos y vigilar la cadena de custodia de la documentación reservada, con el objetivo de prevenir filtraciones durante el desarrollo del proceso penal.