Jueza impide a gobierno de Trump eliminar programa de protección para 350 mil migrantes haitianos
AFP · 3 de febrero de 2026
Una jueza estadounidense bloqueó la decisión de la administración Trump de poner fin a un programa de protección (TPS) para los migrantes haitianos que vence este martes, un sistema que impide la expulsión de personas procedentes de países considerados peligrosos.
El TPS permite en particular a los 350 mil haitianos residentes en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente.
Sigue leyendo: Irán alista diálogo con EU sobre programa nuclear; Trump advierte de “cosas malas” si no alcanzan un acuerdo
En una sentencia de 83 páginas a la que tuvo acceso AFP, la jueza Ana Reyes declara que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tiene la facultad de poner fin a este estatus.
“Los demandantes (cinco ciudadanos haitianos) sostienen que la secretaria (Kristi) Noem tomó deliberadamente su decisión de poner fin al TPS por hostilidad hacia los migrantes no blancos. Eso parece muy probable”, escribió la magistrada.
La decisión de Kristi Noem es “arbitraria y caprichosa”, estimó la jueza.
“Kristi Noem tiene derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a llamar a los migrantes asesinos, parásitos, aprovechados y cualquier otro término inapropiado que se le ocurra”, escribió Ana Reyes.
“Sin embargo, está obligada a respetar escrupulosamente la ley“, añadió.
El TPS fue creado en 1990 para recibir a los migrantes provenientes de países considerados peligrosos, ya sea por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis.
El gobierno Trump emprendió el desmantelamiento de la mayoría de los programas de TPS, como el de Haití, Venezuela o Nicaragua.
Lee más: México dejará de enviar petróleo a Cuba, asegura Trump; dice estar cerca de un acuerdo con la isla
Las autoridades afirman que estos programas atraen la migración irregular, que se han utilizado indebidamente y que los demócratas los han prolongado demasiado tiempo.
Haití fue designado como elegible para el TPS después del devastador terremoto que azotó el país en 2010. Este estatus se ha prorrogado en varias ocasiones, la última bajo la administración Biden en 2021.