Juez de EU declara culpable a empresario mexicano por supuestos sobornos a funcionarios de Pemex
Redacción Animal Político · 6 de diciembre de 2025
Un juez federal de Houston en Estados Unidos, declaró culpable al empresario mexicano Alexandro Rovirosa, por participar en un plan para sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se enfrenta a una posible sentencia de 15 años de prisión.
De acuerdo con el fiscal general adjunto, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas.
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“Alexandro Rovirosa violó las leyes estadounidenses mediante una red de corrupción y engaño. Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros. Sin embargo, como demuestra el veredicto de hoy, su plan no solo le costó un lujoso estilo de vida en Texas, sino también su libertad”.
El empresario está señalado por sobornar a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de la petrolera mexicana.
“El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”, dijo el fiscal.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en el juicio, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, quien es ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos en The Woodlands, Texas, habría pagado más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios para retener contratos y pagos de PEMEX y PEP y obtener otras ventajas indebidas en negocios en beneficio de empresas asociadas con él.
Entre 2029 y 2021 Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, quien continúa prófugo, pagaron sobornos en efectivo y artículos de lujo a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP a cambio de que tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa.
“Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos $2.5 millones“, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Por los hechos, el jurado condenó a Rovirosa por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos cargos por violar la FCPA y lo declaró inocente de un cuarto cargo, por lo que se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito será quien determine la sentencia.
Acusan en EU a dos empresarios por soborno en Pemex
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra dos empresarios mexicanos, residentes en Texas, por presuntamente participar en un esquema de sobornos.
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De acuerdo con la acusación, además de los 150 mil dólares, los empresarios ofrecieron y entregaron efectivo, artículos de lujo —como bolsos de Louis Vuitton y relojes Hublot— y otros bienes valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex.
Tras darse a conocer el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que solicitaría información a Estados Unidos sobre el caso y señaló que lo primero sería averiguar si existen los contratos con dichas personas.
Sheinbaum también recordó que Ávila Lizárraga, quien se encuentra prófugo, fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche, candidato en 2009 al gobierno de esta entidad por el PAN, y que también “trabajó en Pemex y fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción”.
Ávila Lizárraga fue inhabilitado en 2015 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades cometidas en su cargo en la Unidad de Responsabilidades de Pemex.
Pemex reabrirá auditorías
En la conferencia del pasado 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex), ligados a los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, fueron cancelados y se trató de un “intento de soborno”.
Sheinbaum indicó que el caso ocurrió cuando Octavio Romero Oropeza, actual titular del Infonavit, era director de Pemex y procedió a cancelar los contratos “en el momento en que tuvieron conocimiento”.
Días después, el 29 de agosto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que Pemex reabriría auditorías que podrían haber sido alteradas indebidamente y que están relacionadas con el caso.
Y aseguró que su dependencia, junto con Pemex y otras instituciones, continuará con las investigaciones relacionadas con los contratos y exfuncionarios mencionados en la denuncia presentada en Estados Unidos.
“Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas, se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente. Entonces, estamos ya abriendo las auditorías ante la presuntiva de que fueron indebidamente alteradas, a fin de complementar las investigaciones”.
La funcionaria detalló que la investigación estadounidense involucra a las empresas norteamericanas Tubular Technology; Energy On Shore Services; Cimentaciones, Estructuras y Líneas; Techno Marine de México; Isa Data; Roma Energy México; y Roma Energy Holding, así como a Ramón Alejandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes presuntamente incurrieron en sobornos para obtener contratos con Pemex.
Buenrostro aseguró que Pemex tuvo conocimiento de esta investigación el 3 de abril de 2024 y destacó que, incluso antes de esa fecha, la petrolera ya había tomado medidas preventivas contra los cuatro contratos vinculados a la denuncia en Estados Unidos tras detectar irregularidades.
En 2020, dijo Buenrostro, Pemex identificó irregularidades en los contratos —por un total de 389.9 millones de pesos— que estaban en proceso de asignación y licitación, lo que llevó a la empresa a cancelar procedimientos antes de que se adjudicaran. En un caso, el contrato nunca llegó a adjudicarse, mientras que el otro fue cerrado de manera anticipada al detectar posibles anomalías que podrían haber afectado el fallo.