Juez ve presunto desacato del gobierno de Trump por expulsión de migrantes
AFP · 16 de abril de 2025
Un juez dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump “ignoró deliberadamente” el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley de 1798, un hecho que considera un probable “desacato” judicial.
“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el juez federal James Boasberg.
Este magistrado suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.
Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal”, añadió el juez de Washington.
El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.
El máximo tribunal consideró no obstante que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados.
“El gobierno continuó la deportación a toda prisa”
“En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa”, lamentó el juez Boasberg.
A la mañana siguiente, “varias horas después de la decisión, trasladó a los pasajeros de dos aviones protegidos por esta suspensión a una megacárcel salvadoreña”, protestó.
Pese a una serie de vistas judiciales los funcionarios de la administración Trump “no han proporcionado ninguna razón convincente para evitar la conclusión obvia a la luz de la evolución de los hechos: que desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal”, insistió el magistrado.
No obstante, el juez concedió al Ejecutivo un plazo de una semana, hasta el 23 de abril, para evitar un procedimiento de “desacato” al tribunal y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.
Hasta marzo, la ley de 1798 se había utilizado solo en tiempos de guerra, especialmente contra japoneses y alemanes en territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
Entre los deportados el 15 de marzo figura el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García pese a que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.
El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un “error administrativo”.
Trump firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarado organización “terrorista” global por Washington.
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El caso Ábrego García
El gobierno acusa, sin pruebas, a Ábrego García de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”.
Su caso se ha convertido en un símbolo del forcejeo entre Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero”, y los tribunales.
El presidente acusa a los jueces de “usurpar” las prerrogativas del poder ejecutivo y de obstruir sus planes, para los que cuenta con el respaldo incondicional del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Este último ha puesto a su disposición la megacárcel de alta seguridad Cecot para recluir a los migrantes deportados. A cambio ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.
Casa Blanca dice que presentará recurso contra acusación de desacato
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentará un recurso “inmediatamente” contra las conclusiones de un juez que lo acusa de “desacato”, informó la Casa Blanca.
Prevemos “una apelación inmediatamente”, escribió el director de comunicaciones Steven Cheung en la red social X.
“El presidente está 100% comprometido con garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país”, añade.