ONG y expertos se oponen a prohibir las redes sociales a menores en la UE; piden regulación estricta

Más de 130 asociaciones y expertos pidieron a la Unión Europea que regule de manera más estricta las redes sociales, en lugar de prohibir el acceso a ellas a niños y adolescentes, en una carta dirigida a Ursula von der Leyen y consultada este martes por la AFP.

La presidenta de la Comisión Europea se dispone a anunciar, en su gran discurso de inicio del curso político ante el Parlamento Europeo, el próximo 16 de septiembre, medidas muy esperadas para reforzar la protección de los menores en internet, que deberían incluir una prohibición de las redes sociales para los menores de una determinada edad.

En julio, se mostró a favor de un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las plataformas en línea y prometió anuncios “después del verano”.

Pero 132 activistas por los derechos de los niños y las libertades en internet, así como expertos, académicos y organizaciones que trabajan por la salud mental, advirtieron contra la aplicación de una prohibición, al considerar que esta “haría recaer la responsabilidad de la seguridad en internet sobre los padres o los niños”, eximiendo a las plataformas de su propia responsabilidad.

Los firmantes, entre ellos las asociaciones 5Rights, e-Enfance, Amnistía Internacional y Mental Health Europe, abogan en su lugar por “restricciones de edad proporcionadas y acompañadas de sólidas medidas de seguridad”, lo que permitiría ofrecer a los niños “un entorno en línea que los proteja y los fortalezca”.

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“Los europeos están hartos de que las empresas tecnológicas exploten a nuestros hijos, pero esperamos de nuestros dirigentes algo mejor que una prohibición precipitada”, afirmó Leanda Barrington Leach, directora de la fundación 5Rights.

“Los niños tienen derecho a servicios en línea seguros y adaptados a su edad, y los necesitan”, añadió, al considerar que la UE tiene el poder de obligar a las empresas tecnológicas a ofrecer estos espacios seguros.

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Al final, se espera recibir una respuesta por parte de la Unión Europea para determinar una restricción más justa y balanceada para asegurar la seguridad de los menores de edad, a la vez que no les niega de la libertad de tomar sus propias decisiones.