Redacción Animal Político · 8 de noviembre de 2025
De acuerdo con una directiva emitida por el Departamento de Estado, los extranjeros que soliciten visas para residir en Estados Unidos podrían ver rechazadas sus solicitudes si padecen afecciones médicas como diabetes u obesidad, al considerarse que podrían convertirse en una carga para los recursos públicos.
Así lo reportó el pasado 6 de noviembre el medio estadounidense KFF Health News, que detalló que la directiva fue distribuida mediante un cable interno enviado por la dependencia encabezada por Marco Rubio a las embajadas y consulados de Estados Unidos, documento al que dicho medio tuvo acceso.
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El artículo señala que aunque la evaluación de la salud de los migrantes forma parte del proceso de solicitud desde hace años, expertos advirtieron que las nuevas directrices amplían significativamente la lista de afecciones a considerar y otorgan mayor poder a los funcionarios de visas para tomar decisiones basadas en el estado de salud de los solicitantes.
La directriz ordena a los funcionarios de visas considerar como inelegibles a ciertos solicitantes por nuevas razones, entre ellas la edad o la probabilidad de depender de asistencia social, bajo el argumento de que dichas personas podrían representar un posible gasto para el Estado debido a sus problemas de salud.
El cable instruye a los funcionarios en embajadas y consulados a evaluar condiciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos de salud mental.
“Ciertas afecciones médicas, incluidas, entre otras, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas y trastornos de salud mental, pueden requerir atención médica por un valor de cientos de miles de dólares”, se lee en el documento, según KFF Health News.
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Asimismo, se insta a considerar la obesidad por su potencial para provocar otras afecciones, y se indica: “Todas estas afecciones pueden requerir cuidados costosos y prolongados”.
Los funcionarios también deberán determinar si el solicitante cuenta con los recursos necesarios para cubrir dichos costos.
De acuerdo con Charles Wheeler, abogado principal de la Red Católica de Asistencia Legal para la Inmigración, entrevistado por el medio estadounidense, estas disposiciones contradicen directrices previas del propio Departamento de Estado en la materia. “El lenguaje del cable parece estar en desacuerdo con el Manual de Asuntos Exteriores, el propio manual del Departamento de Estado, que establece que los funcionarios de visas no pueden rechazar una solicitud basándose en escenarios hipotéticos”, afirmó.
“Eso es preocupante porque no tienen formación médica, carecen de experiencia en este ámbito y no deberían hacer proyecciones basadas en sus conocimientos o prejuicios personales”, añadió.
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La directiva forma parte de una orden ejecutiva firmada el 19 de febrero de 2025 por el presidente Donald Trump, titulada “Fin a la subvención de las fronteras abiertas con dinero de los contribuyentes”.
La orden ejecutiva, que sustenta estas directrices, establece en su Sección 1 que es política nacional garantizar que “los extranjeros dentro de las fronteras de la Nación no dependan de los recursos públicos” y eliminar “el incentivo para la inmigración ilegal que representa la disponibilidad de beneficios públicos”.