AFP · 9 de octubre de 2026
Estados Unidos emitió sanciones contra la Corte Penal Internacional este viernes y prometió paralizar las actividades de ese tribunal, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza de la CPI Navi Pillay.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington prohibiría las transacciones con la CPI, a la que calificó de “deshonesta”, en una escalada de la campaña de Donald Trump contra ese tribunal con sede en La Haya.
“O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, declaró Rubio en un comunicado.
La corte rechazó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos y afirmó que “la historia juzgará este momento”.

Las sanciones constituyen “un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”, declaró la CPI en un comunicado.
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La decisión se produjo el mismo día en que el Comité Noruego otorgó el premio a Pillay, una jurista de 85 años que encabezó el tribunal para el genocidio de Ruanda, sirvió en la CPI y posteriormente dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.
La declaración de Rubio no mencionó a Pillay ni al premio Nobel. En cambio, dijo que las sanciones eran necesarias para proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de ser procesados por un tribunal al que Estados Unidos nunca se ha unido.
“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, dijo Rubio, y agregó que las medidas cortarían los recursos del tribunal y paralizarían “su capacidad de funcionar”.

El principal diplomático estadounidense dijo que Washington había explicado durante más de un año los “gestos básicos de buena fe” que esperaba del tribunal, y se había abstenido de imponer sanciones con la esperanza de que la CPI o sus Estados miembros cambiaran de rumbo.
Añadió que no se adoptaron “medidas significativas” para abordar las preocupaciones de Estados Unidos.
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Rubio también instó a los aliados de Estados Unidos que pertenecen al tribunal y “dependen de los militares estadounidenses para su defensa” a que lo controlen, advirtiendo que, de lo contrario, Washington seguiría trabajando para desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”.
La administración Trump ya había sancionado anteriormente a funcionarios individuales de la CPI, incluida su fiscal y varios jueces, por las investigaciones del tribunal que involucraban a Estados Unidos e Israel, que tampoco es miembro.

El mes pasado, Trump pidió a todos los Estados miembros de la CPI que abandonaran el organismo que, consideró, está “fuera de control”.
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El conflicto de interés entre la CPI y Trump genera momentos de tensión como estos, haciendo ver que muy posiblemente haya repercusiones en el futuro si es que no se resuelven estos problemas.