AFP · 11 de agosto de 2026
Cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos demandaron al presidente estadounidense, Donald Trump, por las sanciones que impuso a miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), con el argumento de que esas medidas impiden a las víctimas de crímenes de guerra buscar justicia.
Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la CPI.
La administración Trump ha impuesto sanciones —con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país— a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.

En una presentación ante un tribunal de Nueva York, las cuatro organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, pidieron que se anulen las sanciones porque violan la legislación, incluyendo la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
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“Se trata de un abuso de poder ilegal que constituye un ataque frontal contra el Estado de derecho, la independencia de los jueces, fiscales y abogados, los preceptos básicos que sustentan el orden jurídico internacional y el principio de acceso a la justicia”, sostiene la demanda.
Ese texto, de 101 páginas, afirma que las sanciones afectan la “capacidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, los delitos a los que se avoca la CPI.

Las sanciones estadounidenses, emitidas en virtud de una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2025, han alcanzado a ocho jueces, tres fiscales, un experto de la ONU y tres organizaciones de derechos humanos.
Con la demanda presentada ante los jurados, quedará no solo saber cómo actuarán, sino también la respuesta del propio presidente Trump y si intentarán encontrar una forma de evitar que las sanciones afecten a los involucrados.