AFP · 9 de octubre de 2025
El Congreso de Perú dio luz verde al juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte, ante la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.
La mayoría parlamentaria aprobó las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años por parte de las principales fuerzas políticas.
Los pedidos de remoción invocan la “permanente incapacidad moral” de Boluarte para ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022.
Las cuatro mociones de vacancia contaron cada una con más de 100 votos de 122 posibles en la sesión parlamentaria.
Los partidos buscan ahora que Boluarte sea llamada a comparecer ante la plenaria, o a través de su abogado, para que ejerza su derecho a la defensa cuanto antes.

Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes: dos destituidos por el Congreso; dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino, y Boluarte, que llegó luego del frustrado intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso.
Boluarte sería cesada de sus funciones con 87 votos de los 122 congresistas que se pronunciaron sobre los pedidos de destitución de la mandataria en la sesión del jueves. En tal caso, asumiría el jefe del Parlamento, José Jerí.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la presidenta tiene poco margen para mantenerse en el cargo.
Durante su gestión, ha podido tejer pactos burocráticos con las fuerzas conservadoras a cambio de que no votaran, hasta ahora, ningún pedido de vacancia.
Lo que a su vez le ha permitido sobrevivir a varios escándalos que mermaron a niveles récord su popularidad.
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Sin embargo, su gobernabilidad se deterioró en los últimos meses a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, jamás vista en Perú.
Las protestas han ido acorralando a la mandataria desde diferentes sectores. Lima ha sido el foco del descontento.
El lunes, los transportistas semiparalizaron la capital peruana y este jueves delincuentes hirieron a cuatro músicos y un vendedor durante un concierto en el sur de la ciudad.

Boluarte asumió el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Castillo. La entonces vicepresidenta alcanzó el poder después del fallido intento del líder de izquierda de gobernar por decreto.
Su ascenso estuvo marcado por protestas que fueron reprimidas por la fuerza pública y dejaron medio centenar de muertos, según organismos de derechos humanos.
La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.
Si Boluarte es destituida perderá el fuero y quedará expuesta a posibles juicios que podrían llevarla a la cárcel.
“El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.