Redacción Animal Político · 23 de enero de 2025
Los fiscales generales Letitia James de Nueva York y Rob Bonta de California, encabezaron una coalición de 11 fiscales para emitir una declaración conjunta sobre que sus estados no participaran en la detención de migrantes pese a las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La decisión la tomaron después de que el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, envió un memorándum sobre la participación estatal y local en la detención de migrantes en sus estados.
En un documento, señalan que la Constitución de los Estados Unidos impide que el gobierno federal exija a los estados el cumplimiento de las leyes federales.
“Si bien el gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para hacer cumplir la ley federal de inmigración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que el gobierno federal no puede ‘incorporar a su servicio, y sin costo alguno para sí mismo, a los agentes de policía de los 50 estados’”, señaló.
Los fiscales indicaron que este es “un equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales”, pues “es una piedra angular de nuestro sistema estadounidense”.
Precisaron que el presidente Donald Trump, “no puede reescribir la Constitución”, y que son preocupantes las amenazas que realizó en contra de servidores públicos que actúan conforme a sus leyes estatales, pues está interfiriendo en la capacidad de generar confianza a las comunidades.

“En este momento, estas amenazas son sólo eso: palabras vacías sobre el papel. Pero tengan la seguridad de que nuestros estados no dudarán en responder si estas palabras se convierten en acciones ilegales”, respondieron los fiscales.
Continuaron: “Como fiscales generales estatales, tenemos la responsabilidad de hacer cumplir las leyes estatales y continuaremos investigando y procesando delitos, independientemente de su estatus migratorio. No nos dejaremos distraer por la agenda de deportaciones masivas del presidente”.
Los fiscales que realizaron la declaración son de los estados de Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.
En tanto, el juez federal de Seattle, John Coughenour, suspendió temporalmente la orden ejecutiva que firmó Trump para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dijo Coughenour, de acuerdo con el diario Seattle Times, durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados.
En consecuencia, 22 estados de tendencia demócrata presentaron dos demandas ante la justicia para bloquear la acción, al igual que una coalición de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes que también entró con una tercera querella en otro estado.
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Por su parte, los estados que impulsaron la demanda aplaudieron el pronunciamiento judicial.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento deja claro que la ciudadanía no puede estar condicionada por la raza, la etnia o el lugar de procedencia de sus padres”, reaccionó en un comunicado el fiscal general de Washington, Nick Brown.
“Ningún presidente puede cambiar la constitución en un impulso y la decisión de hoy afirma esto”, dijo por su parte la fiscal general de Arizona, Kris Mayes.