AFP · 29 de enero de 2025
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar los fondos para los programas de ayuda federal sigue “en pleno vigor”, pese a la orden de un juez en Washington para levantar ese decreto.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Leavitt precisó que la decisión de la Casa Blanca solo fue echar para atrás un memorándum enviado a dependencias federales notificándoles sobre el decreto firmado.
Lee: ¿EU encadenó migrantes para deportarlos? Sí, pero algunas imágenes fueron creadas con IA
Eso, dijo, fue con la intención de “poner fin a cualquier confusión” a raíz de la orden del juez federal, dictada el mismo martes que se giró el memorándum.
La Oficina de Administración y Presupuesto anuló un memo publicado a última hora del lunes por la Casa Blanca, en el que se pedía a los departamentos y agencias federales que congelaran parte de sus ayudas públicas.

“Las órdenes ejecutivas del presidente sobre financiación federal siguen en pleno vigor y efecto, y se implementarán rigurosamente”, aseguró Leavitt.
La congelación de la ayuda ha provocado confusión debido a las preocupaciones sobre la cobertura médica de millones de personas. Incluso, en Washington hubo protestas al respecto.
Tras un recurso presentado por una ONG y estados demócratas, el decreto firmado por Donald Trump fue suspendido por un juez federal de manera temporal, hasta el próximo lunes 3 de febrero.
Te puede interesar: “Pagarán precio económico muy alto”: Trump advierte a “todos los países” que deben aceptar deportaciones tras tensión con Colombia
Este martes, la Casa Blanca pidió a todas las secretarías de Estado y agencias federales que congelen una parte de los gastos de “asistencia” para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las “prioridades del presidente”, una decisión que pone en riesgo el acceso a la cobertura médica de muchos estadounidenses de bajos ingresos.
En principio se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un “análisis completo”, según un documento al que accedió la AFP.