Expertos documentan espionaje a periodistas en El Salvador bajo el régimen de Bukele
Alfredo Maza · 11 de marzo de 2026
A través de un informe que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) concluyeron que existe una base razonable para creer que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.
El GIPES expuso que el gobierno de El Salvador ha cometido violaciones sistemáticas a derechos humanos, incluyendo más de 89 mil detenciones, 403 muertes bajo custodia (incluyendo a cuatro menores) y 540 desapariciones forzadas.
En este contexto de concentración de poder, el informe detalla cómo, paralelamente, el régimen salvadoreño implementó de forma deliberada, una estrategia para restringir la libertad de expresión de la ciudadanía y asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa.
El asedio contra la prensa en El Salvador
De acuerdo con el documento del grupo de especialistas titulado El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública, esta estrategia de restricción de la libertad de expresión se llevó a cabo una vez que el gobierno logró neutralizar los contrapesos judiciales, por lo que “se concentró en neutralizar a los actores del espacio cívico”.
Desde las más altas autoridades se impulsaron campañas sistemáticas de estigmatización en las que se calificó a periodistas y defensores de derechos humanos como “enemigos del progreso y del pueblo” o “traidores”.
Esta retórica oficial estuvo acompañada de vigilancia digital. El informe cita comprobaciones tecnológicas del Citizen Lab, que documentaron que “entre 2020 y 2021, al menos 22 integrantes de su equipo [del diario digital El Faro] fueron espiados con el software Pegasus”.
Ante la sumatoria de “hostigamiento fiscal, las amenazas y la asfixia económica”, El Faro tuvo que trasladar su estructura legal a Costa Rica, convirtiéndose en el primer medio salvadoreño forzado al exilio en décadas.
Producto de esta persecución, en nuestro país se conoció el caso del periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien fue expulsado de El Salvador en julio de 2021. Cuando recibió la solicitud, Lizárraga se desempeñaba como editor del diario digital El Faro.
El informe también señala fenómenos de acoso similares que afectaron a periodistas independientes y a otros medios, como GatoEncerrado, así como a diversos periodistas independientes.
El cierre del espacio cívico en El Salvador
El informe detalla también cómo el Estado salvadoreño bloqueó sistemáticamente el acceso a la información pública. Por ejemplo, las autoridades negaron datos sobre homicidios, detenciones, compras públicas y gestión penitenciaria, invocando genéricamente “razones de seguridad nacional”.
Los expertos internacionales documentaron que esta opacidad se complementó con el “debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)” de El Salvador.
El cerco institucional sobre las organizaciones no gubernamentales se formalizó en mayo de 2025, cuando el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una legislación que obliga a las organizaciones y personas que reciben financiamiento internacional a “pagar un impuesto del 30 % y registrarse como ‘agentes extranjeros’”.
El documento precisa que la normativa, “inspirada en legislaciones de corte autoritario de países como Rusia, Nicaragua y Venezuela”, impone sanciones que consisten en “multas excesivas, cancelación de personerías jurídicas y penas de cárcel”.
Organizaciones críticas como Cristosal —que denunciaron junto con México ataques al Poder Judicial ante la CIDH— y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) operan bajo este marco, enfrentando “vigilancia, campañas de descrédito y obstáculos legales”.
De esta forma, el GIPES concluye que “el cierre progresivo y deliberado del espacio cívico”, así como la adopción de legislación restrictiva y la vigilancia ilegal “constituyen persecución contra un grupo identificable de la población civil por razones políticas” que trascienden la simple vulneración de derechos civiles.
Bajo el derecho penal internacional aplicable, esta persecución contra la prensa y organizaciones en El Salvador se puede catalogar como parte integral de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.