Animal Político · 22 de julio de 2026
Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal contra Loyd Walter Hall, un hombre de 27 años residente de Amarillo, por presuntamente conspirar para brindar apoyo material al Cártel de Sinaloa, al que habría proporcionado armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoría para evadir a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación presentada el 25 de junio incluye 12 cargos contra Hall y otras tres personas señaladas por delitos relacionados con la compra ilegal y el tráfico de armamento: Jesús Quezada Meza, mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas; Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah; y Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo.
El Departamento de Justicia informó que, entre 2024 y 2026, Hall y otros presuntos cómplices mantuvieron una relación con un integrante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México. A través de esa relación, el estadounidense habría proporcionado armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evitar la detección de autoridades de Estados Unidos.
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Hall está acusado de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego vinculada con un delito de narcotráfico, proporcionar declaraciones falsas a un vendedor de armas y conspiración para la compra y tráfico ilícito de armas de fuego.
Los otros tres acusados enfrentan cargos relacionados con la adquisición y traslado ilegal de armamento. Quezada Meza y Velásquez fueron acusados de conspiración para la compra ilícita de armas de fuego y conspiración para el tráfico ilegal de armas, mientras que Townsend enfrenta un cargo por presuntamente proporcionar información falsa en documentos requeridos por un vendedor de armas con licencia.
Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Dallas, indicó que la acusación también incluye señalamientos sobre intentos de proporcionar al Cártel de Sinaloa información para evadir las leyes estadounidenses en materia de armas.
“Las acusaciones de esta imputación describen no solo el tráfico ilegal de armas de fuego a una organización terrorista extranjera designada, sino también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado por las fuerzas del orden”, afirmó.
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El Departamento de Justicia indicó que cada uno de los acusados ya compareció inicialmente ante un tribunal. En caso de ser declarados culpables, Hall podría recibir una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal; Quezada Meza y Velásquez enfrentarían hasta 15 años de prisión, y Townsend hasta cinco años.
La investigación fue realizada por la ATF y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Amarillo.
De acuerdo con un informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, 74% de las armas aseguradas en México entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos, principalmente de Arizona, California, Nuevo México y Texas.
El informe Evaluación Nacional sobre el Comercio y el Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA), elaborado por el Departamento de Justicia estadounidense, recopiló información a partir de solicitudes de rastreo realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre armas aseguradas en México.
Entre 2022 y 2023, las autoridades mexicanas solicitaron el rastreo de 50 mil 409 armas, de las cuales se pudo comprobar que 18 mil 206, equivalentes a 36%, tenían origen en Estados Unidos. De ese grupo, 82% fueron localizadas en entidades con presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
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Según el informe, las armas fueron adquiridas legalmente en territorio estadounidense, posteriormente traficadas de manera ilegal fuera del país y recuperadas después por autoridades mexicanas durante investigaciones por delitos.
La ATF identificó cinco principales rutas de tráfico de armas hacia México. La más utilizada es la que conecta Arizona con Sonora, seguida por la ruta de Texas hacia entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato.
Entre las entidades mexicanas donde más armas provenientes de Estados Unidos fueron recuperadas entre 2022 y 2023 se encuentran Sonora, con mil 981 armas; Baja California, con mil 816; Chihuahua, con mil 783; Nuevo León, con mil 526, y Tamaulipas, con mil 494. Sinaloa registró 651 armas rastreadas con origen en Estados Unidos durante ese periodo.