León Ramírez · 29 de julio de 2022
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que su política energética no viola el T-MEC, dado que hay un apartado del acuerdo que reconoce la soberanía de hidrocarburos del subsuelo, aunque el reclamo de Estados Unidos se concentra en la competencia económica y también incluye la normativa eléctrica.
A una semana de que inició el proceso de resolución de controversias, el presidente insistió durante la conferencia de prensa matutina en que “tenemos la razón” y que “no va a haber ruptura”.
Según López Obrador, con el Capítulo 8 Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos tanto Estados Unidos como Canadá acordaron respetar la soberanía del país, y las regulaciones internas.
“Dicen: ‘Es un periodo de aclaración’. Pues ahí está. ¿Quieren que se aclare? ¿Qué, esto no es claro?”, dijo el mandatario al leer públicamente el fragmento.
Sin embargo, las quejas de Estados Unidos van más allá de los hidrocarburos del subsuelo, como establece el Capítulo 8.
El texto enviado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos acusa que las medidas del gobierno mexicano afectan la competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este sentido, especialistas consultadas por Animal Político sostienen que el Capítulo 8 se “quedará corto” para atender a las quejas, pues no abarca el orden de despacho para CFE, los permisos de generación de energía, ni la cadena de valor completa de los hidrocarburos.
El 20 de julio, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció la solicitud de consultas de resolución de disputas por “ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses” así como a la energía que se produce en el país.
“Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”, señaló Tai.
Los reclamos de Estados Unidos son cuatro:
En este punto, indica que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que llegó a la Suprema Corte de Justicia pero no alcanzó los votos necesarios para declararla inconstitucional, da prioridad a la energía de CFE, lo que “parece ser inconsistente” con los artículos 2.3 y el 14.4, del T-MEC por el trato desfavorable hacia las empresas.
Sobre el segundo punto, señala que se está obstaculizando la capacidad de empresas privadas para operar en el sector energético de México, lo cual podría afectar, además de los artículos 2.3 y 14.4, el 2.1, al considerar que se prohíbe o restringe bienes; el 22.5.2 porque los reguladores no están siendo imparciales y el 29.3, “porque México no está aplicando sus leyes de manera consistente, imparcial y razonable”.
Al respecto, el texto dice que la Comisión Reguladora de Energía dio una prórroga de cinco años para cumplir con requisitos máximos de contenido de azufre únicamente a Pemex, algo que Estados Unidos considera inconsistente con los artículos 2.3 y 22.5.2.
En el cuarto punto, señala que la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, anunció una medida para obligar que el gas natural en México sea comprado a Pemex y CFE. Aunque esta acción fue recientemente frenada por un juez, en el documento acusan que puede afectar los artículos 2.3 y 2.11
El proceso de solución de controversias iniciado por Estados Unidos está en su etapa inicial. Según la cronología establecida en el propio T-MEC, a más tardar el 19 de agosto deben iniciar las consultas.
Hasta el momento, México no ha publicado una respuesta oficial para cada uno de los puntos que reclama el gobierno estadounidense, pero López Obrador y Nahle sostienen que les ampara el Capítulo 8.
Según el único artículo de este Capítulo, los tres países reconocen su pleno respeto por la soberanía y “su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo” según sus constituciones.
Establece que México “se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna” y confirma “el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional”.
Además, como te contamos en esta otra nota, López Obrador ha utilizado la votación de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de la Industria Eléctrica para defender su postura ante el proceso de resolución de controversias.
Si bien las impugnaciones estadounidenses abarcan la LIE y mencionan al mercado de los petrolíferos, especialistas consideran que este capítulo será insuficiente para atender la situación.
“El principal problema de eso es que viene muy bien establecido que sí tenemos soberanía sobre nuestros hidrocarburos en el subsuelo, pero siempre tiene que hacerse esta política en concordancia con lo que viene en el tratado”, explica la Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ana Bertha Gutiérrez.
“No está involucrado, no está comprendido siquiera en el capítulo 8 mucho de lo que está en la queja de Estados Unidos. El capítulo es muy corto. No pueden afectar los derechos y las reglas bajo las cuales los inversionistas invirtieron”, comenta.
A su vez, Ana Lilia Moreno, Coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en México Evalúa, señala que la controversia estadounidense está centrada en la competencia económica, un principio de la Constitución.
“El Capítulo 8 solo se refiere a los hidrocarburos en el subsuelo”, coincidió.
En este contexto, el presidente López Obrador planteó enviar una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que interceda.
“Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: Oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía”, comentó.